El acusado de aterrar el marjal de La Safor en Tavernes dice al tribunal que es una práctica habitual
Francisco Sanchis, propietario de una finca de Tavernes de la Valldigna enclavada en el marjal de La Safor y acusado de un delito medioambiental por aterrar varias balsas del humedal con residuos de una cantera de mármol, alegó ayer ante el tribunal que la transformación de la zona húmeda es una práctica habitual entre los agricultores de la comarca. Aunque no supo cuantificar ante el tribunal el número de balsas que había llegado a destruir (dijo que menos de 100 y sólo admitió que podrían ser las cuatro que apuntaban algunos medios de comunicación), Sanchis explicó que vertió lodos de una marmolera en las balsas porque en ellas no había ningún tipo de vida animal o vegetal. Asimismo, adujo que no tenía permisos municipales para hacer los vertidos porque el ayuntamiento no le había dicho que hicieran falta.
Ayer comenzó en la Audiencia Provincial de Valencia el juicio contra Sanchis y contra el gerente desde 1996 de la empresa Mármoles Compac, SA, Francisco Vicente Gascón, acusados por el fiscal de un delito medioambiental por destrucción de un valioso ecosistema. Durante la vista, que continuará hoy, se interrogó a los acusados y a los peritos encargados de evaluar el alcance de la agresión.
Sanchis, antiguo gerente de Compac y actual accionista, es el propietario de una finca de 42 hectáreas, denominada El Rafol, cuyas balsas han sido aterradas con rechazos del corte del mármol, lodos de la fábrica y todo tipo de residuos, desde envases de productos fitosanitarios y aceites de motor hasta escombros y basura orgánica, según la acusación. Los acusados buscaban convertir el humedal en una plantación de cítricos a la vez que se evitaban el tratamiento de los residuos por un gestor autorizado.
El fiscal pide un año y seis meses de cárcel y una multa de 2,25 millones de pesetas para Sanchis. La acusación particular, que añade un delito contra la fauna y la flora protegidas, también implica al gerente de la fábrica.
José Luis Ramos, abogado de Ecologistas en Acción, explicó que los aterramientos, además de ser clandestinos (son una actividad clasificada y no se comunicaron a la Administración) se reiteraron desobedeciendo las órdenes expresas del Ayuntamiento y la Consejería de Medio Ambiente.
