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Mas insinúa que los ayuntamientos están detrás del movimiento antitrasvase

La anulación de la visita del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, a las comarcas del Ebro el domingo ha generado una batería de acusaciones de los dirigentes de Convergència Democràtica (CDC) hacia la Plataforma en Defensa del Ebro, a la que atribuyen actitudes violentas y extremistas. El conseller en cap y secretario general de Convergència, Artur Mas, pidió respeto para el Gobierno e insinuó que los ayuntamientos de izquierdas de la zona están detrás de la protesta. 'Hemos de preguntarnos si todas las instituciones actúan con suficiente transparencia, y no me refiero a nadie en concreto para no excitar los ánimos', dijo Mas.

Según la plataforma, todo responde a una campaña orquestada por la Generalitat para desprestigiar y criminalizar el movimiento.

En esta guerra de reproches mutuos, junto con Mas, el delegado del Gobierno en las tierras del Ebro, Francesc Sancho, desde los micrófonos de Catalunya Ràdio tuvo durísimas palabras contra el movimiento antitrasvase, al que atribuyó 'acciones violentas' y cuyo poder de convocatoria minimizó: 'Cada vez es más minoritaria'. Según el delegado, 'se llega a coaccionar y a conculcar los derechos democráticos'.

El alcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal, se sumó también a la críticas para definir a los antitrasvasistas como 'un movimiento muy fundamentalista' que, en su opinión, 'equivoca sus objetivos con un serio desprecio de los niveles democráticos de un país normal y corriente'. Además el alcalde y diputado convergente, que en su día fue presidente del Consorcio de Aguas de Tarragona, aseguró que la imagen de movilización continua puede comportar un perjuicio económico a las tierras del Ebro respecto a futuros proyectos empresariales. 'Los políticos tendrán mucho trabajo para atraer inversiones', dijo. El político convergente comparó la Plataforma en Defensa del Ebro con el movimiento ciudadano reunido bajo el lema Teruel existe, que a su juicio ha supuesto un deterioro de la imagen de la provincia aragonesa.

La Plataforma en Defensa del Ebro rechazó de plano las acusaciones y denunció una estrategia mediática para 'criminalizar' el movimiento. Aseguran que su única intención era mostrar al presidente el rechazo de la gente de las tierras del Ebro a su Gobierno y niegan tajantemente que utilizaran métodos violentos. 'Quieren cansar y dividir al movimiento', explicó la portavoz de la plataforma, Montse Castellà.

'Debilidad gubernamental'

El secretario general de Esquerra Republicana, Josep Lluís Carod Rovira, consideró ayer un 'acto de debilidad incomprensible' la renuncia del presidente de la Generalitat a acudir a Tortosa. Carod calificó la decisión de 'lamentable' y juzgó 'impropio de un país democrático del Primer Mundo que un presidente renuncie a visitar un punto de su territorio'. El dirigente de ERC aseguró que 'los manifestantes son gente pacífica'. Los políticos, a juicio de Carod, deben aceptar 'aplausos cuando lo hacen bien y silbidos cuando lo hacen mal'.

Iniciativa per Catalunya-Verds, por su parte, opinó a través de su portavoz, Joan Herrera, que CiU sufre 'sordera social'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 13 de noviembre de 2001