El PP sextuplica en amenazas judiciales al resto de los partidos

Apelar a la justicia se ha convertido en un recurso político más. La mención a los tribunales es ya un elemento habitual de las estrategias de los partidos, una inercia de la que se abusa en exceso. Se ve en ámbitos diversos y para todo sirve, incluso para intentar evitar una investigación, como ha ocurrido recientemente con el ministro de Economía, Rodrigo Rato, quien desafió con una querella al portavoz del PSOE que le interrogaba sobre el caso Gescartera en el mismo Congreso. Y es que el coste es mínimo: la mera amenaza obtiene un titular con empaque y el rastro de las supuesta medidas legales se suele perder en el tiempo, sin que quede muy claro al final cuáles fueron simples bravatas. Ir de farol, por tanto, sale prácticamente gratis.

Los juristas condenan la estrategia de trasladar la pugna política a los tribunales

De las ventajas de esta técnica política tienen fiel reflejo las cifras: sólo en los últimos cuatros años el Partido Popular ha anunciado en Andalucía 36 querellas contra sus adversarios (sin contar algunas de cuestiones menores), seis veces más que el PSOE y 18 que PA o Izquierda Unida. La querencia de los populares por los modos judiciales en la mayoría de las ocasiones ha sido de boquilla: de las 36 demandas anunciadas, únicamente 13 se presentaron realmente, de las que ocho están en tramitación, una fue retirada y -hasta ahora- ninguna se ha ganado.

Entre los partidos impera el convencimiento de que si ante una acusación de cualquier naturaleza no se responde con una demanda judicial funciona el viejo refrán de que 'el que calla, otorga'. Esta máxima rige sobre todo entre los populares, quienes, por otra parte, son los que más sensible tienen el gatillo de los descalificativos y atribuyen prácticas delictivas a sus contrincantes sin muchos miramientos. Por ejemplo, su presidenta, Teófila Martínez, ha llegado a llamar al presidente de la Junta, Manuel Chaves, oligarca, cacique, señor feudal o caradura; le ha mentado el padre en el Parlamento (dijo que era un alto cargo militar durante el franquismo mientras su progenitor ejercía de ferroviario en Cantabria) e incluso le ha hecho responsable de las muertes de los accidentados de la A-92. Con los asuntos de Prensa Sur, los créditos al PSOE de Caja Jerez, o Egmasa, tanto Martínez como sus compañeros, especialmente, Antonio Sanz (secretario general) -quien ha dicho de Chaves que es un fascista- sus invocaciones a la justicia han sido incontables.

El PSOE ha anunciado seis querellas, de las que ha presentado cinco. El mismo Chaves ha denunciado a Javier Arenas (secretario general del PP) por asegurar que el caso Prensa Sur esconde financiación ilegal del PSOE De momento, ninguna de las demandas ha resultado victoriosa -como tampoco lo han sido las de otras formaciones-, de lo que se deduce que lo que verdaderamente se persigue al trasladar el debate entre los partidos a los tribunales es la rentabilidad política, pues nada se ha logrado resolver en un fallo judicial. De esto son tan conscientes los dirigentes andaluces, que cada vez que lanzan un ataque susceptible de demanda judicial lo apostillan con el adverbio 'políticamente', ya que así, ante un tribunal, el insulto o la acusación serán considerados como críticas políticas, por muy grueso que sea su trazo, según sentencias recientes del Supremo. Aún con el riesgo de construir frases que rozan lo surrealista, como la escuchada una vez en el Parlamento: 'Es usted un prevaricador, políticamente hablando'.

No obstante, los juristas descalifican de forma unánime la estrategia de trasladar la pugna política a los tribunales. Jueces, fiscales, profesores de derecho y abogados consultados recuerdan que en la esfera pública el derecho a la intimidad se restringe y subrayan que a la larga este tipo de iniciativas suele quedarse en agua de borrajas.

José Joaquín Gallardo, decano del Colegio de Abogados de Sevilla, considera que 'en la mayoría de las ocasiones los políticos instrumentalizan, vanamente, la justicia en perjuicio de su credibilidad', lo que, con el tiempo, redunda también 'contra la propia imagen de la justicia'. 'Expresiones que fuera de la política pudieran ser infracciones no lo son en política porque se produce en el debate político, del que forman parte incluso las expresiones altisonantes', señala Gallardo, que estima que los políticos deciden acudir a los tribunales cuando quieren finiquitar sus controversias. 'Creo que acuden a los tribunales para poner fin al debate político. Se dice: 'Esto está en los tribunales. Hemos puesto el punto y final', comenta.

El profesor de Derecho Constitucional Agustín Ruiz Robledo considera que cuando los políticos amenazan a los adversarios con acudir a los tribunales lo que pretenden es 'dar cierta solvencia a las denuncias' que formulan. Añade Ruiz Robledo que en el debate político muchas veces entran en colisión la libertad de expresión y el derecho al honor. 'Como la libertad de expresión siempre es un fin superior, el ámbito del derecho al honor del político se ve restringido. A nadie obligan a estar en política, quien da el paso sabe que el derecho al honor se restringe. Ahora bien, hay que saber hasta dónde', reflexiona Ruiz Robledo, que afirma que los políticos deberían dirimir en los tribunales sólo las imputaciones de hechos delictivos o los insultos. 'No lo veo mal en caso de insulto, ya que en el sueldo no entra el ser insultado o el derecho al insulto', comenta el profesor de Derecho Constitucional, quien señala que a menudo se trasladan a los tribunales 'imputaciones vagas o genéricas que están dentro de la crítica política, dura, en el límite, pero crítica política'.

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Jesús García Calderón, detecta una anomalía fundamental: la tendencia de los políticos a amagar y no dar. 'Cualquier ciudadano tiene el derecho a acudir a los tribunales cuando se sienta ofendido en su honor, pero no se debe advertir o amenazar ante los medios de comunicación, sino actuar. Ir sin más y luego hacerlo público', señala García Calderón, que subraya que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional define que la persona pública 'tiene restringida su intimidad, pero no eliminada'. 'Se debe acudir cuando se imputen hechos delictivos o se hagan alusiones a la vida privada', señala el fiscal.

José Joaquín Pérez Beneyto, magistrado de lo Social de Sevilla, apunta que estas actitudes revelan 'la manifiesta incultura de los agentes políticos, que se supone que son legisladores'. 'Hay una paradoja porque cuando a los políticos se les sienta en el banquillo hablan de intervencionismo judicial y luego reclaman justicia para cuestiones domésticas, que no son más que contiendas políticas', afirma Pérez Beneyto.

Para este juez, los políticos 'usan la espectacularidad de los procesos judiciales para eliminar al adversario y cuando hay hechos delictivos realmente no acuden a los tribunales'.