El Gobierno central recurre el decreto de Extranjería de la Generalitat

La dirección general de Extranjería e Inmigración del Ministerio del Interior ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el decreto de Extranjeros de la Generalitat porque reconoce el derecho de los inmigrantes que no residen legalmente en España pero que están empadronados en un municipio a la educación no obligatoria.

El recurso está motivado por el hecho de que la Ley de Extranjería sólo permite el acceso a la educación no obligatoria y la formación de adultos a las personas que residen legalmente en España.

Un informe jurídico de la dirección general de Extranjería cuestiona la legalidad del artículo 4.6 del decreto, que data de 16 de julio, porque 'atribuye a la Administración catalana la adopción de las medidas necesarias para facilitar el acceso de los extranjeros inscritos en el padrón de cualquiera de los municipios de Cataluña a la enseñanza de naturaleza no obligatoria y a los centros de formación de adultos'.

Este artículo, según el informe, 'vulneraría la normativa estatal vigente', que establece que sólo podrán acceder a estos servicios las personas con permiso de residencia en España.

Según el informe jurídico, este punto constituye 'un problema de legalidad y no de constitucionalidad', por lo que se ha presentado recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El plan interdepartamental de Inmigración presentado por el Gobierno catalán el pasado mes de junio prevé instaurar cinco programas educativos para adultos inmigrantes, sobre todo sobre lengua y cultura catalana.