Descuidos
La detención, esta misma semana, de algunos dirigentes de la Federación de Asociaciones Romaníes de Andalucía ha puesto de manifiesto que una parte importante de las subvenciones destinadas a la realización de programas de integración y ayuda a la comunidad gitana pueden haber sido empleadas en el blanqueo de dinero procedente de narcotráfico. Estas detenciones han sido el resultado de más de dos años de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Un tiempo que no parece haber sido suficiente para que las consejerías de Empleo, Asuntos Sociales y el Ministerio de Trabajo extremaran los mecanismos de control y comprobaran que los fondos llegaban a su destino. Sobre todo cuando, desde la propia Consejería de Asuntos Sociales, se admite que se recibieron amenazas y que algunos funcionarios sufrieron coacciones para conseguir mayores subvenciones y acceder a los programas europeos de formación ocupacional.
Esta actuación no es comprensible, ya que ha permitido que unos comportamientos de corte mafioso se hayan mantenido en el tiempo y se ha privado a parte de la comunidad gitana del acceso a los programas de integración.
Recientemente, con motivo del caso Gescartera, la oposición en bloque ha exigido responsabilidades por cuanto en la presunta estafa no existió vigilancia ni control por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, permitiendo que numerosos inversores se hayan visto privados de sus ahorros. Este descuido de la vigilancia y control puede haberse dado también en este caso, pues los fondos públicos no han cumplido con su finalidad y existían circunstancias que hacían previsible que los programas no se iban a realizar.
En cualquier caso, responsabilidades y detenciones aparte, la comunidad gitana es ajena y no debe verse afectada por estos comportamientos. La Administración debería hacer el esfuerzo necesario para que los programas de integración se lleven a cabo en su totalidad. Tampoco estaría de más que lo que ha sucedido sirviera para que se realizara un seguimiento de los fondos públicos y se comprobara su empleo. De lo contrario, puede ocurrir que lo que se ha conocido sólo sea la punta de un iceberg y existan otros colectivos a los que las ayudas no estén llegando.
