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Arranca la ciudad judicial de Barcelona con la selección de 7 arquitectos que optan al proyecto

Las instalaciones se construirán en el cuartel del Lepanto y deben estar terminadas en 2007

La futura ciudad judicial de Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat que se construirá en los antiguos cuarteles de Lepanto arrancó ayer de manera definitiva con la preselección de siete despachos de arquitectos para que en el plazo de tres meses presenten sus proyectos de construcción. En febrero se conocerá la propuesta elegida y se adjudicará el proyecto de lo que será una de las obras más importantes que se realizará en los próximos años, tanto por la inversión como por la unificación en un solo equipamiento de dependencias que ahora están dispersas en 17 edificios.

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201 órganos judiciales dispersos en 17 edificios

El jurado encargado de la preselección de los arquitectos que aspiran a realizar esa obra redujo ayer a 7 las 25 propuestas que se habían presentado. Inicialmente se había anunciado que sólo se elegirían cinco proyectos, pero cuatro despachos quedaron empatados a puntos en cuarto lugar. El dato que más puntuó (hasta 60 puntos) era el nombre del arquitecto propuesto para dirigir las obras, seguido de los colaboradores que formaban parte de su equipo (un máximo de 30) y de los recursos humanos disponibles (10 puntos).

Entre los elegidos figuran los despachos profesionales de Ricardo Bofill y de Oriol Bohigas, además del arquitecto sevillano Guillermo Sánchez Consuegra. Los otros cuatro despachos corresponden a los arquitectos David Chipperfield, Kristian Gullichsen, Henry Cobb de Pei y Ricchard George Rogers.

La previsión es que las obras estén completamente finalizadas en el año 2007. Para entonces se prevé que haya concluido el traslado progresivo de los 201 órganos judiciales que ahora están dispersos en 17 edificios de Barcelona. Allí irán también todas las secciones de la Audiencia de Barcelona, situadas ahora en el Palacio de Justicia del paseo de Lluís Companys y que quedará únicamente como sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

También se instalarán todo tipo de servicios relacionados con la justicia, como la clínica médico-forense, los servicios de información ciudadana y todos los juzgados de L'Hospitalet, concentrados actualmente en un bloque inaugurado a mediados de la década de 1980 en la avenida de Josep Tarradellas.

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Todas las cifras referidas a este proyecto son absolutamente abultadas. Así, por ejemplo, la inversión pública prevista es de 35.000 millones de pesetas que el Gobierno catalán piensa ayudar a sufragar con la venta de algunas dependencias judiciales que ahora son de su propiedad. La más atractiva es el edificio de los juzgados situado junto al parque de la Ciutadella.

Dos términos municipales

Los terrenos sobre los que se construirá la ciudad judicial ocupan 49.000 metros cuadrados de superficie, la mayoría de los cuales (39.000) están en el término municipal de L'Hospitalet, y el resto, en Barcelona.

Antes de que se materializara la compra de los terrenos al Ministerio de Defensa, hace ahora dos años, la Administración autonómica encargó un informe al Consejo General del Poder Judicial ante la duda de si los juzgados de Barcelona pudieran ubicarse fuera de su término municipal. Pese a que la ley orgánica del Poder Judicial no recoge esa posibilidad, el máximo órgano de gobierno de los jueces no puso ningún reparo ya que una parte de la ciudad judicial tendrá dirección postal en Barcelona. 'Insistir ahora en ese tema es buscar una polémica absurda', asegura Guillem Vidal, presidente del TSJC.

Entre las ubicaciones que barajaron en su día estuvo también la de los antiguos cuarteles de Wellintong, sede actual de la Universidad Pompeu Fabra.

Los edificios judiciales de Barcelona ocupan ahora 110.000 metros cuadrados, una superficie que se triplicará en el futuro equipamiento. Se prevé que en esas dependencias trabajen 3.500 personas y que diariamente pasen por allí unos 12.000 ciudadanos. En los solares está previsto habilitar también un aparcamiento con capacidad para 2.000 vehículos.

El acceso a la zona es uno de los inconvenientes que deberá resolverse en el futuro. La red de transporte público que actualmente llega a los alrededores es escasa para poder satisfacer las necesidades futuras. El único proyecto previsto es una parada en la plaza de Cerdà de la futura línea 9, cuya finalización se prevé para el año 2010.

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