Atropello político

El próximo sábado es la cita para asistir al último atropello político que el Partido Popular va a consumar en Andalucía. Si un arrebato de sentido común no lo impide a última hora, ese día se celebrará el pleno de la corporación municipal de la localidad de Estepona (Málaga) en el que presentarán los populares la moción de censura contra su actual alcalde, el socialista Antonio Barrientos.

Les arrebatarán así la alcaldía gracias al apoyo de los ex ediles del GIL, contra alguno de los cuales, incluso, mantienen abiertas varias demandas judiciales por presuntos casos de corrupción y viejas pendencias políticas. El escándalo surgido en todo el país, a raíz de esta extraña operación, con críticas procedentes desde todos los ángulos posibles, no parece suficiente razón para la rectificación en el PP, sobre todo ante la oportunidad de asumir el control de un municipio cargado de expectativas urbanísticas, junto con otros también ubicados en el cinturón costero del litoral andaluz y que han caído en sus manos bajo el mismo método.

El gesto a la desesperada del consejero de Gobernación, Alfonso Perales, enviando una carta al vicepresidente y ministro del Interior, Mariano Rajoy, apelando al pacto antitransfuguismo que ambos firmaron años atrás en Madrid, con el fin de que aborte esta iniciativa, tiene, más que todo, un valor simbólico, dado que los populares se muestran muy firmes en su estrategia.

Hasta el punto de que el secretario general, Javier Arenas, amenaza, como no, con más querellas a todo aquel que vincule esta jugada con intereses ocultos y relacionados, supuestamente, con el horizonte judicial del alcalde de Marbella, Jesús Gil. Jueces y notarios tienen aquí un nuevo frente de trabajo, por si ya no hubiera bastante. A ver si de una vez por todas presenta ya dichas querellas tantas veces anunciadas.

Así las cosas, como muestra de la supuesta bondad democrática del asalto al poder municipal que el PP va a perpetrar en Estepona esta semana, lo mejor que pueden hacer sus dirigentes es personarse en esta localidad el día de la moción de censura y, abiertamente y sin rubor alguno, arropar a los suyos en tan trascendental momento. La foto que propiciarían con su presencia quedaría registrada ante los andaluces como prueba evidente de aquello que tanto preconizan unos y otros, y que más tarde incumplen, como es ese principio, ya tan superado por la realidad, y que señala que 'no todo vale en política'.

El discurrir de los acontecimientos de estas jornadas nos llevará, además, a la comparecencia de la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, en el Parlamento andaluz para la presentación formal de los Presupuestos para el próximo ejercicio ante los distintos grupos políticos. Unos Presupuestos considerados expansivos, dicen en el Gobierno andaluz, para combatir así la recesión económica que se avecina. Álvarez continuará su peregrinaje más tarde con un encuentro con los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, y, por último, con la Confederación de Empresarios de Andalucía. Todo ello pendiente de la inminente convocatoria, por fin, del Consejo de Política Fiscal en donde se espera que se determinen con exactitud las cifras que corresponderán a Andalucía en virtud del nuevo acuerdo de financiación autonómica. Igualmente hay que estar a la espera de conocer los detalles del anunciado nuevo Plan contra los Malos Tratos que la Junta de Andalucía va a poner en marcha y para el que se contempla una dotación de 6.000 millones de pesetas.

En este clima, no se descartan nuevos mensajes desde Andalucía en favor de la distensión en las relaciones entre España y Marruecos. Unos llamamientos a la concordia que no resultan del todo inocentes en el Gobierno andaluz desde el momento en el que uno de sus miembros, el consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, aparece, muy ufano, participando en el simulacro de referéndum sobre el Sahara que se celebró en la sede de la Cámara autonómica, iniciativa que tanto ha molestado a nuestros vecinos.