Colapso en la justicia del menor
Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal del menor -enero del 2001-, se pretendía equiparar la legislación en esta materia a la de los países europeos más avanzados.
Con independencia de las valoraciones sobre los aciertos y errores de la propia ley (que nace con una clara vocación progresiva: 'que progresa o favorece el progreso'), su aplicación está provocando un colapso y caos organizativo que afecta tanto al funcionamiento de los juzgados de menores como al de los centros educativos destinados a hacer realidad las posibles bondades de dicha ley.
No podía darse situación diferente ante el grave desajuste entre las necesidades reales y los estudios de impacto de la ley, y los recursos destinados a su aplicación. La situación actual es tan grave que sólo la coyuntura internacional disculpa, y sólo en parte, que los medios de comunicación no sean capaces de tomar el pulso y hacerse eco de las dimensiones de los problemas derivados de la aplicación de dicha ley.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
