El Gobierno regulará el derecho del enfermo a ejercer su testamento vital

La Asamblea aprobó ayer, con los votos favorables de PP y PSOE, una proposición no de ley presentada por los populares para que el Gobierno regional establezca las normas que regulen el derecho de los enfermos terminales a decidir el tipo de asistencia médica que desean en la última fase de su vida. IU decidió abstenerse y vio rechazada una enmienda en la que pedía la no penalización de la eutanasia. Por su parte, el consejero de Trabajo, Luis Peral, aseguró durante su comparecencia que desde enero se han resuelto 1.982 expedientes a empresas por inseguridad laboral.

La futura norma que habrá de elaborar el Gobierno regional no tendrá nada que ver, sin embargo, con la eutanasia -cuya legalización, pedida en la enmienda presentada por IU, fue rechazada por los populares-. La proposición no de ley de los populares se refiere al derecho de los pacientes a que se tengan en cuenta sus deseos sobre las actuaciones terapéuticas que se les apliquen. Es decir, los enfermos terminales podrán negarse a recibir tratamientos inútiles o que les provoquen un sufrimiento innecesario. Será el paciente quien deje establecido, previamente, qué tipo de asistencia desea. Es lo que en Galicia, Extremadura y Cataluña ya ha sido aprobado con el nombre de testamento vital.

IU quería incluir en la proposición una enmienda que recogiera que, 'en los casos en los que conste fehacientemente la voluntad del paciente, y se cuente con informes médicos concluyentes de la irreversibilidad de la enfermedad y del insoportable sufrimiento, cualquier ayuda para poner fin a esta situación no sea punible por el Código Penal'. Esto es, la despenalización de la eutanasia en dichos casos, una posibilidad que rechazó el PP.

Siniestralidad laboral

Por su parte, el consejero de Trabajo, Luis Peral, compareció en la sesión plenaria para informar sobre la política de su departamento en relación con la siniestralidad laboral. Gobierno y oposición abrumaron con cifras en un afán de demostrar que la siniestralidad va en aumento (PSOE e IU) o que, por el contrario, la situación no es tan grave y que, incluso, mejora (PP y el propio consejero Peral). El titular de Trabajo trató de minimizar la dura realidad de los datos que le daban los otros grupos -121.000 accidentes laborales el año pasado, 113 de ellos mortales- y anunció que en 2002 se incrementará a 1.800 millones de pesetas (10,8 millones de euros) la dotación del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

A las demandas de mayor control de las empresas, el consejero respondió que entre el 1 de enero y el 15 de octubre de este año se han resuelto 1.982 expedientes sancionadores por infracciones sobre seguridad y salud laboral, y que el Gobierno ha ingresado por ello casi 686 millones de pesetas (4,1 millones de euros) en multas. Además, Peral adelantó que su consejería va a aumentar 'de inmediato' las inspecciones en las pequeñas obras de construcción y saneamiento público que hay en los municipios.

Teresa Nevado (PSOE) y Julio Setién (IU) insistieron en la necesidad de controlar a las empresas reincidentes. Nevado exigió que se haga público el listado de las sociedades con más accidentes laborales, y el diputado de IU dio un dato, a su juicio, revelador: la empresa Campocarne, perteneciente al grupo Campofrío y cuyas instalaciones de Arganda fueron pasto de las llamas el pasado 1 de octubre, figuraba en la lista de la Consejería de Economía que recoge las empresas con altos índices de siniestralidad. En aquel incendio murieron dos trabajadores, y pocos días después UGT denunciaba a Campofrío por infringir la ley de riesgos laborales.

La moción presentada por el PSOE para pedir a la Asamblea que instara al Gobierno a recuperar la gestión pública del reformatorio El Pinar, o establecer al menos un control financiero sobre los fondos concedidos a la entidad privada que lo gestiona (la asociación Cicerón), fue rechazada por el PP.

Sí lograron los socialistas que se aprobara parte de su moción sobre educación: la elaboración por el Gobierno de un plan de inversiones para 2002 y 2003 y de una normativa sobre reglas de convivencia en colegios públicos, así como una campaña publicitaria sobre las bondades de los centros públicos.