Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

El Puerto de Barcelona carece de un plan de aviso a la población en caso de emergencias

La Generalitat considera suficientes los actuales planes de seguridad del Puerto y la Zona Franca

El Puerto de Barcelona no ha implantado un plan de aviso a la población afectada en caso de emergencia. Aunque la Dirección General de Emergencia y Seguridad Civil del Departamento de Interior de la Generalitat considera que son suficientes los planes de emergencia del Puerto de Barcelona y de la Zona Franca, lo cierto es que no existe un protocolo de avisos a la población, similar a los que contemplan el Plaseqta de la petroquímica de Tarragona, o el Plan Sector, en la cuenca industrial del río Tordera. El Puerto de Barcelona reconoce este déficit y estudia la forma de subsanarlo.

El Puerto de Barcelona declaró ayer que ya se han realizado algunas reuniones de trabajo preliminares a la elaboración de un mecanismo definitivo para informar a la población en caso de emergencias, como pueden ser los grandes incendios o los escapes de gas tóxico. 'Una vez estén claros los criterios, se contratará, por medio de un concurso público, a una consultora experta en temas de comunicación', según un portavoz del Puerto de Barcelona, que preside Joaquim Tosas.

Por su parte, la Administración responsable, el Departamento de Interior de la Generalitat, manifestó que el Puerto de la ciudad y la Zona Franca cuentan ya en la actualidad con sendos planes de emergencia exterior, que, a su vez, tienen el concurso de las empresas consideradas de riesgo, en base a los criterios de la Unión Europea. Estos criterios se encuentran resumidos en la directiva Seveso -en alusión al accidente que se produjo en 1976 en la la empresa Hoffman-La Roche situada en la población del norte de Italia, que provocó graves daños de salud en las personas afectadas por la contaminación- relativa al control de riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

La singularidad de área portuaria de Barcelona, muy distinto al caso de Tarragona, donde las petroquímicas están muy cerca de la población, 'nos permite desplegar los planes de emergencia ya elaborados, y, paralelamente, si existe riesgo, informar a la población por medio de megafonía o a través de las emisioras de radio', indicaron las mismas fuentes de Interior.

En el Puerto de Barcelona están implantadas siete empresas, que manipulan material peligroso, como el carburante y los gases tóxicos. Entre estas empresas, Transportes Portuarios (Tepsa), Capesa y Koalagas, se encuentran afectadas por la normativa de Bruselas. También están en la lista de las empresas afectadas por la directiva Seveso la planta de regasificación de Enagas -gasifica las importaciones de gas natural licuado desde Libia y Argelia- y el depósito de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH). Otras dos compañías, Pulcra, perteneciente al grupo Henkel Ibérica, y Foret, que almacena agua oxigenada, están ubicadas en las zonas limítrofes del puerto y también se encuentran sujetas a planes de emergencia.

El Puerto de Barcelona recibe siete millones de toneladas de hidrocarburos (gasolinas, gasóleos y gases) y 1,4 toneladas de graneles cuya manipulación supone peligro. En total, el recinto portuario recibe 8,4 toneladas de mercancías de riesgo, lo que corresponde al 30% de la facturación global, que alcanza las 28,5 toneladas. Por el Puerto de Barcelona pasan además 1,4 millones de pasajeros, de los que entre 500.000 y 600.000 son turistas de cruceros por el Mediterráneo.

Los planes que garantizan la seguridad de las zonas logísticas y los polígonos químicos están afectados por la mencionada directiva de la UE del año 1995, aplicada por el Gobierno español en el Real Decreto 1254 / 1999 y por la Generalitat en el Decreto correspondiente al Dog 74 / 2001.

Bruselas exige que estos planes incluyan un sistema de aviso a la población, lo que precisamente no se ha implantado todavía en el caso de Barcelona. Por su parte, algunas de las empresas afectadas, pese a que están legalmente obligadas a financiar una parte de los dispositivos de seguridad, consideran que el aviso a la población 'es lo más importante', como se está viendo en la aplicación del Plaseqta de Tarragona, o en los simulacros efectuados en el Tordera, cuyo radio engloba a compañías como Carburos Metálicos y Urquifa. Las empresas están más dispuestas que nunca a costear la reducción de los riesgos medioambientales después del síndrome de inseguridad producido por la explosión de la fábrica de fertilizantes de Toulouse (Francia) que, el pasado septiembre, causó 30 muertos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 31 de octubre de 2001