Los vecinos de la barriada malagueña de Intelhorce llevan 15 días encerrados para exigir obras en siete bloques

Vecinos de la barriada malagueña de Intelhorce llevan 16 días encerrados en un colegio para forzar al Ayuntamiento a acometer mejoras en las zonas comunes de los siete bloques que componen el barrio. El deterioro de las viviendas -construidas en 1963 y que desde mayo son propiedad municipal- es evidente. Los vecinos exigen que antes de adquirir las casas, el Consistorio cumpla su compromiso de rehabilitar los edificios para lo que recibió 50 millones de pesetas de la comisión liquidadora de Intelhorce.

'No pedimos parcheos, sino una barriada digna', aclaró Francisca Postigo, portavoz de los encerrados. La protesta tiene carácter indefinido.

Los grupos de la oposición -PSOE e IU- visitaron ayer a los encerrados para solidarizarse con su reivindicación. El concejal de Izquierda Unida, José Luis Portillo, criticó la falta de sensibilidad del Ayuntamiento hacia la demanda de los vecinos y a continuación ironizó: 'En cambio, sí es sensible a los intereses especulativos, de los hermanos de los concejales que construyen sin licencia, de los propios concejales que construyen sin licencia y de las empresas privadas'. Los encerrados denunciaron el riesgo que corren porque los pilares de algunos bloques están apuntalados y las amenazas de desahucio que han recibido del Consistorio.

La versión del Ayuntamiento es diferente. Según el Consistorio, entre la rehabilitación de los bloques, la remodelación urbanística y la mejora de los accesos, la inversión en la barriada será de 331 millones. Además, recordó que fue el Ayuntamiento el que consiguió los 50 millones para las obras y el que intervino en el conflicto laboral derivado de la liquidación de Intelhorce 'por el cual las viviendas, que eran propiedad de la empresa, podían ser objeto de subasta pública'.

El Consistorio precisó que la rehabilitación comenzó el 18 de octubre pasado junto con la transmisión de la propiedad, a precios que oscilan entre 180.000 y un millón de pesetas por viviendas que van de 82 a 400 metros cuadrados. El Ayuntamiento intentó restar representatividad a los encerrados al apuntar que el esfuerzo municipal realizado para evitar la pérdida de las viviendas por los vecinos, las mejoras en la barriada y el entorno y las favorables condiciones para la compra de las casas 'no satisfacen sin embargo a una de las asociaciones vecinales que representa a parte de los inquilinos'.