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El Tribunal de Cuentas ultima la fiscalización del mandato de Gil Marín

La fiscalización de los cuatro años de gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL) en Estepona está a punto de concluir. Un equipo formado por dos asesores técnicos y tres verificadores del Tribunal de Cuentas llegarán hoy a la ciudad malagueña para continuar la auditoría del Ayuntamiento de Estepona y las sociedades municipales entre los años 1995 y 1999, correspondientes a la etapa de Jesús Gil Marín al frente de la alcaldía del municipio, una investigación que iniciaron el 15 de diciembre del pasado año.

El que fue coordinador de la Delegación de Hacienda con el Grupo Independiente Liberal, Alberto Díaz Delgado, deberá comparecer mañana en la sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas para la práctica de la liquidación provisional. Díaz, cuyo nombramiento será investigado por el máximo órgano fiscalizador, será preguntado por el destino de unos fondos que no están justificados, según apuntan fuentes municipales.

Como en otras ocasiones, los funcionarios desplazados a Estepona han solicitado previamente al Ayuntamiento que tenga preparada la documentación que pretenden analizar. En este caso, la novedad está en que, además de expedientes de la era GIL, también han pedido información sobre la Corporación socialista anterior al hijo de Jesús Gil y el actual gobierno formado por PSOE, PP, IU y PA.

El Tribunal ha solicitado un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía del 19 de diciembre de 1996, sobre la nulidad de los acuerdos plenarios adoptados por el gobierno encabezado por el socialista Miguel Castro, que aprobó hacer fijo al personal eventual poco antes de que finalizara su mandato.

También analizará las demandas de los trabajadores de las empresas públicas Estepona XXI, creadas por Gil Marín y disueltas por la nueva Corporación municipal, además de las cuentas de las antiguas Obras y Compras Estepona XXI y de las actuales Promoción y Comunicación, Servicios Municipales y Turismo y Actividades Recreativas.

El resto de los documentos requeridos se refieren a las operaciones y liquidaciones llevadas a cabo por el GIL con las adjudicatarias del cementerio y del servicio de agua.

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