Vía libre para que el Congreso nombre a los vocales el martes

Tanto PSOE como PP ya no ven obstáculos para que, por fin, culmine el proceso de renovación de los cargos para el Tribunal Constitucional (TC), Tribunal de Cuentas (TdeC) y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Hoy y mañana comparecerán ante la Comisión de Audiencias Parlamentarias del Congreso los cuatro miembros del TC consensuados por ambos partidos y los que faltan del CGPJ así como los del TdeC. La pasada semana pasaron el examen en el Senado el resto. La votación se producirá el martes en los plenos de ambas cámaras, como acordó ayer la junta de portavoces.

'Ha sido una negociación compleja pero creemos que ya no hay razones para que haya obstáculos', señaló ayer el secretario general del PP, Javier Arenas. El primer contacto para esta negociación se produjo en diciembre de 2000, cuando acabaron su mandato los 12 consejeros del TdeC. Aquella primera intentona fracasó por el elevado perfil político de los candidatos propuestos entonces por el PSOE y los vetos del PP. Luego el PP decidió incluir en el pacto los nuevos miembros del CGPJ y cuatro vacantes del TC que acababan su mandato en julio. Esa negociación más global, de la que logró desgajarse a última hora el Pacto de Estado de la Justicia, complicó aún más las conversaciones. El propio presidente del Gobierno, José María Aznar, llegó a cuestionar, sin mencionarlo, la validez del ex ministro socialista Luis Martínez Noval para el TdeC por querer pasar del Parlamento a un órgano de control al Ejecutivo. La negociación, cuando casi parecía resuelta antes del verano, volvió a fracasar. Se retomó a primeros de septiembre con los mismos problemas y se encajó a primeros de octubre, hasta que Rodrigo Rato soltó su imprevista andanada.

El PP forzó la pasada semana el examen de los candidatos que debían ser elegidos por el Senado a pesar de que la situación estaba bloqueada al no haberse producido ninguna rectificación del vicepresidente económico. Pero tanto los candidatos del PP como del PSOE acudieron a la Cámara Alta y su idoneidad fue reconocida por los grupos. Eso sí, el PSOE se abstuvo porque quería una reconsideración respecto a que sus nombres habían sido fruto de una negociación 'seria' y con 'buena fe' y nunca producto del 'chantaje'.