El Gobierno desiste de imponer de forma unilateral una reforma de los convenios

El diálogo sobre negociación colectiva dio ayer un giro radical al aceptar el Gobierno la petición de sindicatos y patronal de que desista de imponer una reforma del marco normativo. Al tiempo, los ministros de Economía y Trabajo dieron su respaldo al compromiso adquirido por los agentes sociales de negociar un acuerdo interconfederal para 2002 que sirva de referencia a los salarios y otros contenidos de los convenios. Su propósito es reeditar los pactos de principios de los años ochenta, que tenían como eje la moderación salarial y el control de la inflación.

Los ministros de Economía, Rodrigo Rato, y de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, mantuvieron ayer una reunión de urgencia con los líderes de la patronal CEOE y los sindicatos CC OO y UGT, José María Cuevas, José María Fidalgo y Cándido Méndez. Ese encuentro, a petición de los agentes sociales, sirvió para encontrar una solución al estado de bloqueo en el que se encontraba el debate sobre la reforma de la negociación colectiva.

Cuevas, Fidalgo y Méndez, tal y como habían acordado el martes por la mañana, comunicaron al Gobierno su determinación de abrir conversaciones bilaterales para 'definir los contenidos de los convenios colectivos' que se deben negociar el próximo año. Es decir, se comprometieron a discutir un acuerdo interconfederal, con recomendaciones que se tomen de referencia en las empresas en temas como salarios, jornada, contratación y aquellos contenidos propios de los convenios.

Los máximos responsables de las centrales y la patronal solicitaron paralelamente al Gobierno que detenga el proceso de discusión de una reforma de la norma que rige la negociación colectiva, abierto hace meses y en el que no existía el más mínimo consenso.

Esa propuesta 'unánime' de 'una cuestión nueva', como fue definida por Rato, fue aceptada ayer por el Gobierno. El ministro de Economía aseguró que cuenta con el respaldo del Ejecutivo y mostró su convencimiento de que 'puede tener consecuencias muy positivas para el crecimiento económico y el empleo'.

Los propios dirigentes sindicales Méndez y Fidalgo aseguraron que su discusión tendrá en cuenta que '2002 es el año de entrada en el euro y el agravamiento de la desaceleración de la economía'.

El campo de juego se traslada en consecuencia a un escenario bien distinto. Se abandona el diálogo sobre un cambio normativo y los sindicatos y la patronal, cara a cara, sin la presencia del Gobierno, discutirán los contenidos de los convenios.

Menor urgencia

También parece que hay una menor urgencia y se desiste de dar plazos imperativos. En el olvido quedan los tres ultimatos dados por el Gobierno hasta primeros de octubre. Ayer, en el encuentro celebrado en la sede del Ministerio de Hacienda, tan sólo se insinuó que les gustaría ver resultados para finales de noviembre. Pero hay margen, ya que el grueso de los convenios colectivos se empieza a discutir avanzado el mes de enero.

Este giro que se ha producido supone una clara renuncia de los planes del Ejecutivo, aunque ayer Rodrigo Rato eludió hablar en esos términos. 'El Gobierno', dijo, 'sigue pensando que en la actual legislación cabe una mayor libertad y flexibilidad para la negociación colectiva', aunque al tiempo cree que 'el marco actual permite mejoras'.

Pero esa reforma normativa queda, al menos de momento, aparcada, aunque los sindicatos y la patronal no descartan que, una vez discutan los contenidos de un acuerdo interconfederal para 2002, puedan abordar cambios estrictamente normativos.

Lo que sí rechazan las tres organizaciones sociales es la propuesta del Gobierno, y los tres borradores de anteproyecto de ley de reforma del Estatuto de los Trabajadores que les ha presentado. Además de su desacuerdo, los responsables de patronal y sindicatos han dejado claro que una reforma impuesta sería ineficaz y previsiblemente provocaría conflictividad e incertidumbre.

Un argumento unánime que ayer presentaron al Gobierno es que debía dejarlos negociar en libertad y respetar la autonomía colectiva que les reconoce la Constitución y, de momento, parece que lo han conseguido.