El Parlamento rechaza constituir una comisión que investigue Egmasa

El ajustado equilibrio de fuerzas que hay en el Parlamento quedó ayer de manifiesto en la votación sobre la creación de una comisión de investigación sobre Egmasa, empresa pública de la Junta dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, y en la que el PP ha centrado numerosas sospechas sobre su gestión. En el momento de la votación sobre la constitución de la comisión estaban presentes los 109 diputados de la Cámara autonómica. Finalmente, la comisión fue rechazada por 55 votos (los 52 del PSOE y los tres del PA, su socio de gobierno) contra 54 (46 del PP, seis de IU y dos del grupo mixto).

Pocas veces se da el hecho de que en una votación del pleno del Parlamento estén todos los diputados, pero la importancia de la cuestión debatida ayer propició que no faltase ni uno. Tras fracasar en septiembre el intento del PP de constituir una comisión de investigación sobre el denominado caso Prensa Sur, los populares han puesto el acento, en las últimas semanas, en Egmasa.

El PP sostiene, y así lo repite constantemente su secretario general, Antonio Sanz, que se trata de 'uno de los mayores escándalos políticos y económicos de la historia autonómica'. En resumen, los populares denuncian que en los últimos meses de 1999 y en los primeros de 2000, en vísperas de las elecciones autonómicas, Egmasa realizó multitud de obras de mejora en centros educativos, de salud y de asuntos sociales sin que en muchos casos fuera necesario. Además, sostienen que hubo una sobrevaloración de las obras realizadas y, en los últimos días, han insinuado que ese dinero puede haber sido desviado al PSOE. Ayer, en el pleno, Antonio Sanz hizo hincapié en esta teoría: 'Ha habido un posible desvío de fondos y hay que saber dónde han ido'.

En su intervención de ayer, Sanz introdujo una novedad para justificar la creación de una comisión de investigación. Así, señaló que Egmasa paga menos dinero de lo que recibe de la Consejería de Medio Ambiente para pagar salarios. Puso un ejemplo de técnicos por los que la Consejería da a Egmasa 3,4 millones de pesetas para su salario, y que la empresa pública paga a los trabajadores 2,2 millones.

El socialista Mario Jiménez replicó a Sanz con referencias a las dificultades del PP por el caso Gescartera y de algunos alcaldes del PP (Cádiz, Jaén, Huelva o La Carolina). Apuntó Jiménez que el PP no ha conseguido demostrar una sola irregularidad en Egmasa y que sus denuncias se basan sólo en las quejas de unos pocos centros escolares. En este sentido reveló que una encuesta había puesto de manifiesto que un 87% de los centros en los que se hicieron las mejoras han dado su conformidad con las obras.

Jiménez añadió que el PP no tiene en cuenta el IVA cuando habla de la sobrevaloración de las obras ni otros costes indirectos que éstas causan.

En su intervención Sanz afirmó que la Fiscalía de Sevilla ya ha iniciado la investigación judicial sobre Egmasa, a lo que Jiménez replicó que el ministerio público únicamente ha dado el visto bueno para su tramitación en un juzgado de instrucción.

Las tesis del PP fueron secundadas por el grupo mixto (Pedro Pacheco) y por IU (Manuel López Calvo). Pacheco apuntó que la comisión debía aclarar dónde ha ido el dinero de la sobrevaloración de las obras y que Egmasa se había convertido en un 'laberinto'. López Calvo destacó que en aras a la 'transparencia' la comisión era necesaria.