La oposición advierte que el gasto corriente dispara el endeudamiento de la Generalitat

La liquidación del presupuesto de la Generalitat del año 2000 revela que los gastos corrientes para sostener el funcionamiento diario de la Administración y las nóminas de los funcionarios consumieron 80.000 millones más de lo previsto. Los fondos destinados a inversiones, sin embargo, se recortaron cerca de 40.000 millones. La oposición concluyó que las obligaciones de la Generalitat se disparan debido al descontrol de los gastos ordinarios. Vicente Rambla, consejero de Hacienda, defendió un esfuerzo de contención del gasto, pero sólo en términos relativos.

Rambla compareció en las Cortes para explicar un asunto de mero trámite respecto a los plazos en los que el interventor general firmó la liquidación del presupuesto de 2000, pero el debate derivó hacia el volumen de la deuda de la Generalitat, que suma cerca de un billón de pesetas.

El consejero de Hacienda mareó a los diputados con una detallada explicación del contenido de la liquidación del presupuesto -que arroja un déficit en torno a 11.000 millones- trufada con alusiones a la ley vigente para concluir que el equilibrio presupuestario 'es bueno y debe ser una característica estructural de las cuentas públicas'. Más adelante, defendió un esfuerzo de contención del gasto corriente y afirmó que en 2000 representaba en torno al 47% del presupuesto cuando en 1995 superaba el 50%. El mismo indicador, traducido a términos absolutos, supone que el gasto corriente en 1995 representaba unos 300.000 millones, mientras que en 2000 superaba el medio billón.

Pero el consejero tropezó con la incredulidad de la oposición. Cristina Moreno, portavoz socialista, sumó el aumento de gasto corriente, restó los recortes de inversiones y ofreció al responsable de Hacienda la colaboración de su partido para elaborar un plan de saneamiento de las arcas de la Generalitat.

Joan Antoni Oltra, de Esquerra Unida, fue directo al volumen de la deuda y comentó: 'Si lo suyo es control, el ejército de Pancho Villa es la Legión'. Puso el acento en el volumen de las facturas pendientes de cobro, que representan un 25% del presupuesto, y lamentó las obligaciones financieras asumidas por la Generalitat porque suponen un terrible lastre para el futuro. Un argumento que también esgrimió la portavoz socialista.

Rambla se limitó a explicar que el recurso al endeudamiento responde a una opción política y sugirió que el Consell prefiere dotar a los valencianos de las infraestructuras necesarias para generar riqueza en el futuro a costa de créditos en el presente antes que detener el crecimiento económico.

Más allá del análisis de las cuentas, Rambla y Moreno se enzarzaron en un agrio debate en torno a la credibilidad del interventor general de la Generalitat. La portavoz socialista sugirió que tanto la firma del interventor como la del consejero de Hacienda carecen de fiabilidad. Sustentó su argumento sobre una respuesta parlamentaria del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien negó la existencia de un convenio entre la Generalitat y el Estado para trasladar al Gobierno central el coste de unas obras ejecutadas durante 1999.

Rambla defendió al interventor general y retó a la portavoz socialista a acudir a los tribunales a denunciar un caso de falsedad en documento público. Pero no mencionó el convenio con el Estado, que soporta 44.000 millones de ingresos. En los pasillos explicó que el convenio en cuestión era en realidad un 'acuerdo' y por eso no fue reflejado en la respuesta parlamentaria del ministro de Hacienda.