Los fiscales de menores solicitan endurecer las penas a los reincidentes

Los fiscales asistentes a la cumbre nacional que ha analizado durante tres días en Lanzarote los primeros nueve meses de aplicación de la Ley del Menor elevarán al fiscal general del Estado la solicitud de que el Gobierno endurezca las penas a los delincuentes multirreincidentes de 14 a 16 años y que sea posible interceptar las comunicaciones de estos menores en los centros, tras haber sido detenidos.

Los fiscales consideran que la Ley del Menor ha funcionado de forma razonablemente positiva, al tiempo que han propuesto la corrección de retoques puntuales que no varían el espíritu de 'un texto ambicioso y bien intencionado, pero mejorable', declaró Fernando Herrero Tejedor, fiscal de Sala y jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.

Entre estos retoques, Herrero Tejedor considera pertinente pasar a régimen cerrado al grupo de los multirreincidentes, 'estadísticamente reducido, pero de amplia repercusión social, que constituyen niños de 14 a 16 años profesionales auténticos del crimen, que saben perfectamente que el robo sólo lleva aparejado una pena en régimen abierto'. El fiscal añadió que la efectividad de los centros abiertos ya está probada en menores que delinquen por primera vez y se rehabilitan posteriormente, pero presenta 'algunas lagunas con los que no se consiguen reeducar y son detenidos una y otra vez'.

La sugerencia para interceptar las comunicaciones se hace tras haber comprobado que algunos menores pertenecientes a comandos terroristas apelaban a la actual ley para mantener en secreto sus comunicaciones con el exterior, con lo que podrían estar alertando de operaciones policiales posteriores a sus declaraciones.

Para los 80 fiscales de menores reunidos en Lanzarote resulta fundamental coordinar decisiones y unificar criterios entre la Fiscalía y las siete comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia. La Fiscalía General del Estado elaborará las primeras conclusiones a los dos años de aplicación de la ley, mientras el Gobierno deberá elaborar un informe dentro de cinco.