'El Gobierno hace una revisión centralista de la reforma universitaria'

El que fuera primer rector de la Universidad Jaume I y secretario general del Consejo de Universidades del Gobierno socialista tiene la misión de elaborar un 'diagnóstico' sobre la situación social y económica de la Comunidad Valenciana. Michavila analiza con preocupación la falta de consenso sobre la Ley Orgánica de Universidades, en trámite.

Pregunta. Cuando la autonomía universitaria cumple justo sus 18 años, la reforma del Gobierno de Aznar abre incógnitas sobre posibles retrocesos en ese sentido...

'No es propio de una sociedad madura el actual planteamiento del Gobierno, sin flexibilidad'

Respuesta. Es, desde luego, una coincidencia importante a reseñar el que esto ocurra en su mayoría de edad. En este momento se está produciendo un retroceso, porque se quiere revisar la LRU [la primera y aún vigente Ley de Reforma Universitaria] con criterios ideólogicos del año 1983, sin tener en cuenta que han pasado 15 años -que es el periodo establecido para delimitar las generaciones- y que la universidad se ha modernizado. Volver a hacer una revisión como si esta sociedad no hubiera cambiado es, quizá, tendencioso.

P. Cuando dice tendencioso, ¿quiere decir que los errores y vacíos estructurales atribuidos a esta ley por expertos universitarios y juristas no son casuales, sino producto de una determinada voluntad política?

R. Lo que sí está claro es que esta nueva ley describe, por ejemplo, la investigación que en España se hace mayoritariamente en los departamentos universitarios en una sola línea en la que se apunta 'ayudas a la investigación', cuando la LRU ya creó un marco, que ahora debería de haberse afinado. El PP, además, hace una revisión centralista, sin tener en cuenta la arquitectura autonómica consolidada.

P. Hay juristas que han alertado sobre esta visión centralista en otras leyes que proyecta el Gobierno. ¿Le parece que esta ley se enmarca en el modelo unitario de Estado dibujado por Aznar?

R. [Sonríe] Esta ley también está impregnada del nacionalismo español. Es evidente que el fondo camina hacia ello. Porque la ley hace unas consideraciones generales de apuesta por la calidad, de integración de la universidad en el sistema europeo, de I+D+I. Pero, después no se abordan ni desarrollan rigurosamente en el articulado. Creo que la única medida que se coge del informe Universidad 2000 [más conocido como Informe Bricall] es el de la creación de una Agencia Nacional de Evaluación y Calidad, que es precisamente el capítulo que escribí yo. Pero a la hora de desarrollarlo, en cambio, parece que vayan a hacer otra oficina del Gobierno central, cuando desde el año 1997 hay documentos de la UE que establecen claramente el criterio de independencia.

P. ¿Cómo se explica esta actitud cuando las universidades llevan desde los noventa revisando la LRU, haciendo documentos?

R. Desde luego no han aceptado nada, nada. Pero, además, la ley crea una falsa competencia entre los órganos estatales, los autonómicos y los universitarios. Por ejemplo, no tiene en cuenta que Cataluña y creo recordar que también Andalucía ya tienen sus propias Agencias de Calidad. Es que no han buscado ni siquiera la integración, eso sin entrar en el fondo, en los contenidos de la ley.

P. Y tal parece, por la actitud mantenida por el PP en el Congreso, que el Gobierno no está dispuesto a aceptar demasiados cambios; ¿cree posible aún que la Ley Orgánica de Universidades (LOU) salga con cierto consenso?

R. No puedo predecir, pero lo que sí pido es que se alce la mirada hacia las cosas que realmente son importantes. Porque, una vez que el ministerio levantó la amenaza sobre los rectores, y anunció que los mantendría, acto seguido el debate derivó hacia los porcentajes de participación en los órganos de gobierno universitarios. Pero las cuestiones fundamentales del sistema universitario español, ésas no se están debatiendo, y es ahí donde Gobierno y PP están más cerrados. La ley no resuelve el tema de la apertura de la universidad a la sociedad. El tema de los porcentajes quizá se resuelva, pero esos asuntos distraen la atención sobre otros realmente importantes para el funcionamiento de las universidades. Ésta es una ley que no se sitúa y mira hacia fuera de las universidades: mira hacia dentro, sigue hablando de temas y de planteamientos pasados, habla de volver a un sistema de rector presidencialista elegido con voto ponderado... Yo estoy muy sorprendido porque en el proyecto de ley no he visto ni una sola vez la palabra pedagogía; no se desarrollan mecanismos para consolidar la implantación de las nuevas tecnologías, no se habla de formación virtual on-line, no se estimula ni marca pautas para estimular la competitividad.Creo que el Gobierno tendría que hacer un esfuerzo por acercar posiciones e introducir cambios en sintonía con el modelo de estado federal hacia el que camina Europa.

P. ¿Cree realmente que la sociedad está entendiendo el debate sobre la LOU, el cruce de acusaciones del Gobierno? ¿no hay cierta alteración del debate social?

R. Sí, y creo que es muy peligroso recurrir a eso para defender su posición. Y también creo que falta una gran capacidad de transmitir cuáles serían las cuestiones sobre la arquitectura y el nuevo diseño universitario, como el presupuesto público de los sistemas universitarios de los países más avanzados de nuestro entorno de la UE, que llevan debatiendo esto desde principios de la década pasada. Aquí, en cambio, el Gobierno quiere aparentar por una parte que refuerza la autonomía universitaria; pero en la práctica lo que hace es llevar a la Universidad hacia un sistema presidencialista, del cual yo personalmente difiero por populista. Cuando he visitado otras universidades de América Latina he tenido la sensación de que son rectores que ocupan el cargo, pero que no tienen infraestructuras, financiación, autonomía para elaborar sus planes de estudio. Y aquí parece que está pasando lo mismo: 'No vamos a poner más financiación, pero podemos poner directamente a los rectores'. Sinceramente, creo que no hay capacidad de dar solución a los problemas actuales de la Universidad.

P. Fue secretario general del Consejo de Universidades durante la etapa de Gobierno socialista y, además, fue el primer rector de la Universidad de Castellón, ¿cree que con la LOU en la mano podría haberse puesto en marcha con el mismo éxito la Jaume I?

R. A mí, desde luego, me resultaría bastante más difícil y me quitaría las ganas de hacerlo con un ley que nace con una visión más centralista, excesivamente reglamentista. El gran acierto de la Jaume I precisamente fue la ilusión con la que la hicieron profesores, alumnos, personal de administración. Y, desde luego, el planteamiento actual del Gobierno, sin flexibilidad, sin consenso, no es propio de una sociedad madura.