El fiscal acusará a responsables de obras con riesgo para los operarios

Miguel Gutiérrez, fiscal-coordinador de delitos laborales de la Audiencia de Alicante, se muestra partidario de aplicar con rigor el artículo 316 del Código Penal, que prevé la posibilidad de exigir responsabilidades penales a los empresarios y personal técnico (arquitectos y aparejadores, entre otros) que incumplan la normas de prevención de riesgos laborales. Gutiérrez solicita al resto de colegas que imputen a estas personas en los casos donde haya habido riesgo para la salud de los trabajadores.

Miguel Gutiérrez, teniente fiscal de la Audiencia de Alicante,un convencido de la importancia de la labor del ministerio público en la lucha contra la siniestralidad laboral, fue nombrado fiscal-coordinador de delitos laborales en junio pasado. Tres meses después, Gutiérrez ha presentado un protocolo que regula la actuación del acusador público en las causas penales por accidentes laborales.

El documento hace hincapié en la necesidad de extender las responsabilidades penales y, por tanto, acusar en las causas abiertas por incumplimiento de las medidas de seguridad en los centros de trabajo [con independencia de que se hayan registrado o no accidentes] a los que legalmente 'están obligados', a los que no faciliten los medios necesarios para la seguridad del trabajo y a los que infrinjan las normas de prevención de riesgos laborales.

Gutiérrez insta al resto de colegas a que se imputen por estos supuestos al empresario o constructor, que puede ser principal o subcontratista, a los actuales coordinadores en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, a los conocidos por la jurisprudencia como encargados, a los arquitectos-técnicos (aparejadores) -a quienes normalmente se les atribuyen las funciones de coordinador de seguridad-, y a los arquitectos superiores o ingenieros -en este caso por sus funciones 'de control genérico' o por no haber ordenado la paralización de la obra cuando fuera procedente-.

Gutiérrez reconoce las dificultades que los fiscales tendrán para acusar por este tipo penal, 'hasta ahora poco aplicado y con escasa jurisdisprudencia'. 'En adelante habrá menos, pues no llegará al Tribunal Supremo en recurso de casación', añade.

El protocolo recoge, además, las propuestas que este fiscal ha defendido, año tras año, en sus memorias sobre los accidentes laborales, entre ellas, la creación de un registro específico de accidentes laborales que sirva de seguimiento y control de cada una de las causas.

En la introducción del protocolo, Gutiérrez abunda en la importancia de combatir la siniestralidad laboral, a su juicio, 'uno de los problemas más importantes de nuestro país'. El fiscal recuerda que en España 'se han llegado a cuantificar cuatro muertos diarios por accidente de trabajo' en algunos momentos y que, por ejemplo, en la provincia de Alicante durante 2000 se registraron 42 siniestros mortales y 472 de carácter grave.

Gutiérrez apuesta de manera clara por la persecución penal de estos hechos, 'en contra del principio de la mínima intervención'. El fiscal también anima al resto de colegas a 'intervenir' en todas las fases de las causas, 'y especialmente durante la instrucción'.