Anticorrupción pide al juez que investigue si los regalos a Ramallo son un cohecho

La Fiscalía Anticorrupción ha remitido a los Juzgados de Madrid el escrito en el que el ex diputado del PP Luis Ramallo admite haber recibido regalos de Antonio Camacho por más de 3,1 millones de pesetas, para que se investigue si de la recepción de esos presentes puede deducirse un delito de cohecho. Ramallo no especifica las fechas en que recibió los regalos, por lo que Anticorrupción cree que debe investigarse si éstos se corresponden con actuaciones concretas de su etapa de vicepresidente de la CNMV o con su actividad como notario.

El pasado día 10, Ramallo ingresó 1,6 millones de pesetas en la cuenta de consignaciones que los juzgados de la Audiencia Nacional tienen en una entidad bancaria, en concepto de devolución de los regalos que le hizo Antonio Camacho. El montante de los regalos, según los datos aportados por Hermés, Joyería Suárez y Loewe a la comisión parlamentaria de investigación de Gescartera, ascendía a 3.113.000 pesetas.

El ex diputado popular sólo ingresó 1,6 millones con el pretexto de que él, a su vez, había enviado a Camacho, como compensación, un cuadro del pintor José Vega Osorio por valor de 1,4 millones. Ramallo adjuntó a su escrito una carta del pintor con la que pretende demostrar que el valor de la obra era en realidad de 1,8 millones, pero, por razones de amistad, se la rebajaba a la citada cantidad de 1,4 millones, al tiempo que le ofrecía facilidades para pagarle.

En su escrito a la Audiencia, el ex diputado popular se ofreció a hacerse cargo del cuadro de Vega Osorio, abonando su importe en metálico. Sin embargo, hasta la fecha, el cuadro no ha sido encontrado entre los bienes incautados a Camacho.

El escrito de Ramallo fue examinado por el teniente fiscal Anticorrupción, Luis López Sanz, encargado del caso Gescartera, quien, de acuerdo con el fiscal jefe Carlos Jiménez Villarejo, decidió remitirlo a los juzgados de Madrid para que el juez de instrucción investigue si los hechos, en su caso, pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho.

Según fuentes de la investigación, Anticorrupción entiende que al no tener constancia de las fechas en que Ramallo recibió los presentes, procede que un juzgado de instrucción de Madrid investigue si pudo corresponderse con su etapa de vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, (CNMV), o con determinadas actuaciones suyas como notario, relacionadas con Gescartera. La remisión del escrito a los juzgados de Madrid se debe a que la Audiencia Nacional no es competente para investigar ese delito.

El delito de cohecho lo comete la autoridad o funcionario público, que, en provecho propio o de un tercero, solicite o reciba una dádiva o presente por realizar u omitir una acción que constituya delito, en cuyo caso las penas son de dos a seis años de prisión. Si el presente se recibe por ejecutar un acto injusto que no sea delito, la pena a imponer oscila entre uno y cuatro años. Si el regalo recibido tiene por objeto que la autoridad o funcionario publico se abstenga de un acto que debiera practicar en el ejercicio de su cargo, la pena es de una multa del tanto al duplo del valor del regalo.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores acreditó en un informe que Ramallo había tomado decisiones como vicepresidente que afectaban a 12 sociedades con las que, cuando dejó el organismo regulador y montó la notaría, trabajó intensamente.

Anteayer, Ramallo fue exculpado en un informe del Ministerio de Administraciones Públicas porque su actividad de notario 'se considera una actividad pública y no privada'. Según la Ley de Incompatibilidades, 'durante los dos años siguientes a la fecha de su cese los altos cargos no podrán realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio de su cargo'.

Sin embargo, esa consideración de 'actividad pública' que ha servido para eximirle de incompatibilidad por tener como clientes de su notaría a sociedades sobre las que tomó decisiones, puede volverse ahora contra él en el plano penal, y hacerle incurrir en delito de cohecho si, como 'autoridad o funcionario público', se establece alguna vinculación entre los 3,3 millones de pesetas en regalos recibidos de Camacho y sus decisiones o 'actividades públicas' sobre Gescartera.