La Generalitat frena la concesión de tarjetas sanitarias a inmigrantes

La exigencia del número de identificación de extranjero, un documento que tarda meses en ser remitido, frena la concesión de tarjetas sanitarias a los inmigrantes, según el diputado socialista Daniel Gozalbo. Hasta que se ha puesto en marcha esa medida, bastaba con la presentación de un certificado de empadronamiento o haber iniciado un expediente de regularización. Unos 2.000 inmigrantes están pendientes de recibir su número de identificación y su tarjeta.

El parlamentario socialista, Daniel Gozalbo, ha denunciado el freno que la Consejería de Sanidad ha impuesto a la concesión de las llamadas 'tarjetas solidarias', que reconocen el derecho a la asistencia sanitaria pública a los inmigrantes que residen en la Comunidad Valenciana. Hasta ahora, Sanidad concedía estas tarjetas con la presentación del certificado de empadronamiento o con cualquier otro documento que acreditara el inicio de un expediente para la regularización de aquellos inmigrantes que se encuentran en estado irregular. Sin embargo, ahora 'Sanidad ha remitido una circular a los centros de Castellón por la que requiere que se exija el número de identificación de extranjero (NIE) para conceder la tarjeta solidaria', ha indicado Gozalbo.

El problema es que la concesión del NIE lleva un retraso de nueve meses, según el diputado, mientras que el subdelegado del Gobierno en Castellón, Vicente Sánchez Peral, admite la demora aunque la sitúa en cuatro meses. Este número no supone la regularización, sino que únicamente sirve, para que el Gobierno central, identifique a los extranjeros irregulares. El caso es que, tal como ha manifestado el socialista, existen cerca de 2.000 personas a la espera de recibir su número de identificación y que, por lo tanto, 'no pueden recibir la tarjeta que les permite la asistencia sanitaria'. Los retrasos en la concesión del NIE, según Sánchez Peral, tienen su origen en Madrid, ya que es un número correlativo que se otorga a nivel nacional. Sólo se concede de forma casi inmediata, según Daniel Gozalbo, 'a las embarazadas, los menores y a colectivos de alto riesgo'. Precisamente entre estos últimos se han detectado casos de tuberculosis.

La consecuencia primera de este freno a la asistencia regular a los inmigrantes es el colapso en los servicios de urgencias, ya que es el único lugar al que los irregulares pueden acudir y ser atendidos de afecciones por las que, en otro caso, recurrirían a los centros de salud.

Desde la aprobación, en febrero de 2000, para la creación de este documento, Sanidad había concedido un total de 26.527 tarjetas solidarias, que incluyen el derecho a prestaciones farmacéuticas en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles, mientras que a los inmigrantes con escasos recursos económicos se les ofrece prestación farmacéutica gratuita. Por provincias, en Valencia se han aprobado 13.088 tarjetas; en Castellón, 2.858 y en la provincia de Alicante, se han aprobado 10.581.

Para el parlamentario socialista éste es uno de los cuatro graves problemas con los que se encuentran los inmigrantes en la Comunidad Valenciana. La tramitación de los permisos de trabajo, el acceso a la vivienda y la educación son los otros tres grandes ámbitos que dificultan y, en ocasiones, imposibilitan su integración. Según Carmen Barceló, una trabajadora social de la capital de La Plana, circunstancias como el hacinamiento en viviendas ante las graves dificultades para encontrar una casa o el fracaso escolar por la falta de adaptación de los inmigrantes están empezando a provocar 'el rechazo a colectivos y los primeros conflictos sociales'. Para combatirlos, según Gozalbo, es necesaria una política integral sobre la inmigración y la coordinación de todos los estamentos que, actualmente, desarrollan programas independientes. Además, según Carmen Barceló, en el caso de Castellón, resulta urgente la creación de un centro de atención psicosanitaria ya que los casos de ludopatías, depresiones, alcoholismo y prostitución empiezan a proliferar.