Que intervenga el Parlamento

Dentro de 10 días tendrían que ser ratificados por el Parlamento los nuevos miembros del Consejo del Poder Judicial y de los tribunales Constitucional y de Cuentas que pactaron el PP y el PSOE. Sin embargo, el acuerdo está en el aire porque los socialistas han dicho que se consideran desvinculados del mismo mientras Rodrigo Rato no retire unos comentarios sobre la negociación considerados ofensivos.

La situación tiene difícil salida. El vicepresidente del Gobierno ya ha dicho que no piensa rectificar, y ello ha encorajinado aún más a los socialistas, que ya tuvieron que tragarse hace poco otro órdago en relación a la comisión sobre Gescartera. Adicionalmente, sectores de ambos partidos reconocen que el acuerdo ha sido malo y pésimamente explicado. El hecho de que coincidieran la renovación de varios órganos a la vez ha favorecido una negociación en términos de trueque, muy alejado de la idea de consenso que preside la exigencia constitucional de mayoría cualificada. Lo más grave ha sido dejar fuera del Tribunal Constitucional, entre cuyas funciones está la de arbitrar los conflictos de competencias entre el Estado y las autonomías, a algún juez avalado por los nacionalismos catalán y vasco. Una decisión cargada de consecuencias, y de ahí que se haya planteado la hipótesis de, haciendo de la necesidad virtud, aprovechar la crisis para recomenzar la negociación.

No estaría mal, pero quizás es tarde para eso, una vez hechos públicos los nombres de los candidatos. Pero sí debería intentarse al menos alguna mediación que permita desbloquear el asunto. La responsabilidad de la elección corresponde, según un procedimiento reglado, a las dos cámaras. El procedimiento lógico sería que los presidentes de las mismas buscaran una lista de consenso en contacto con los portavoces de los grupos parlamentarios. No debería aceptarse con tanta facilidad que ese procedimiento se haya sustituido por la negociación entre dos dirigentes de partidos políticos, que incluso podrían no ser diputados.

Una forma de recobrar algo del espíritu constitucional y, de paso, desbloquear la situación podría ser, por ello, una intervención de las presidentas del Congreso y del Senado hacia los grupos parlamentarios para intentar, como mínimo, salvar el acuerdo.