El fiscal pide el corte de luz y música para un local que ha roto 12 veces el precinto de cierre

La Fiscalía de Madrid exige al Juzgado de Instrucción número 32 que inste a la compañía Iberdrola a que corte el suministro eléctrico a una discoteca que supuestamente ha quebrantado en 12 ocasiones los precintos de cierre colocados por el Ayuntamiento en las puertas del local. La Fiscalía también ha pedido al juez que oficie a la Policía Municipal para que decomise y retire los equipos de música del local, dada 'la pertinaz y grosera desobediencia' de sus dueños ante las órdenes de cierre. Así justifica la razón de las quejas vecinales el propietario del local: 'Se deben a que soy negro'.

El magistrado Juan Luis Rodríguez Pons, titular del Juzgado de Instrucción 32, ha citado para el próximo 17 de octubre, en calidad de imputados, a Ramón O. P. y Francia C. P., los dueños del establecimiento. El local se llama Discobar Ojeda y ocupa dos sótanos anejos ubicados en la calle de Antonio Guzmán, número 4, y la de Canilla, 36 (Chamartín). El juez ha abierto diligencias contra ambos por supuestos delitos de desobediencia (por levantar los distintos precintos colocados por los agentes municipales) y por vulnerar las normas medioambientales sobre emisión de ruidos. Un informe del Ayuntamiento de Madrid revela que en la casa del conserje del inmueble en cuyos bajos se halla la discoteca se han detectado niveles acústicos ilegales. Según este informe, se han registrado cotas de 52 decibelios cuando el tope está en 32.

La Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid ha intervenido en este asunto y ha interpuesto una querella contra los dueños del local, tras recibir denuncias de los vecinos por exceso de ruido y de la Junta de Chamartín por desobediencia reiterada a las órdenes de cierre dictadas y la consiguiente vulneración de los precintos.

Según la querella, el Discobar Ojeda funciona 'como bar de copas o discoteca desde el mes de junio de 1999'. Ocupa dos sótanos que han sido unidos por sus dueños pese a 'carecer de licencia de obras' y son explotados desde entonces sin contar con las preceptivas 'licencias medioambiental y de espetáculos públicos'.

'Sin salida de emergencia'

Según la querella, tales irregularidades se acrecientan aún más si se tiene en cuenta que el citado local no dispone de 'salida de emergencia'. Y ello pese a que 'las noches de cada fin de semana' se llena a rebosar de público. De producirse un incendio, remacha la fiscalía, la situación podría desembocar en una 'catástrofe'.

El informe del fiscal revela que el Discobar Ojeda carece también de insonorización, pese a lo cual, explica, 'la música se pone todas las noches a un altísimo volumen', lo que imposibilita 'el descanso de los vecinos' de los inmuebles en cuyos sótanos se ubica esta sala.

Describe la fiscalía que la Junta de Chamartín, recogiendo las quejas vecinales, ordenó el precinto del local por primera vez el 8 de febrero de 2000 y, por segunda, el 13 de marzo del mismo año. En ambas ocasiones, los dueños desprecintaron supuestamente el establecimiento y lo abrieron al público. Entre marzo y mayo del año pasado, el precinto volvió a vulnerarse en otras cinco ocasiones. Por este motivo, la Junta de Chamartín volvió a precintar la discoteca el pasado 17 de enero, pero esta vez con la advertencia de que si la orden era quebrantada de nuevo los dueños del local podrían incurrir en un delito de desobediencia del artículo 554 del Código Penal.

Según el informe de la fiscalía, los días 2 de febrero y 2 y 4 de marzo pasados, los dueños volvieron a abrir el local al público. En vista de los reiterados incumplimientos, que la fiscalía tilda de 'pertinaces y groseros', y ante la necesidad urgente de adoptar medidas que permitan el 'descanso vecinal', el fiscal pide al juez Rodríguez Pons que adopte dos medidas cautelares: la primera, que oficie a Iberdrola para cortar la luz a la discoteca y, la segunda, que envíe a la Policía Municipal para que retire los equipos de sonido y los deposite en los almacenes del Ayuntamiento de Madrid.

El dueño del Discobar Ojeda, Ramón O. P., niega que él haya levantado los precintos, y menos aún que su local haya recibido 12 órdenes de clausura por parte de la Junta de Chamartín. 'Lo precintaron una vez, fuimos al Ayuntamiento y formalizamos los papeles que nos dijeron y ellos mismos levantaron el precinto', afirma.

Añade que su local está ya insonorizado: 'Que venga cualquiera y lo vea personalmente'. 'Tras los problemas, lo cerré durante un mes y medio e hicimos las obras de insonorización', argumenta, 'y ya aprovechamos para unir los sótanos'. Asegura que dispone de 'tres licencias' de funcionamiento del establecimiento y que la licencia de espectáculos necesaria para los sótanos 'está solicitada y en trámites de ser concedida'. Opina que detrás de las quejas vecinales atisba signos 'de racismo'.

'Algunos vecinos me han dicho que no me quieren aquí porque soy negro, soy dominicano, y no hay derecho a eso. Llevo en España 13 años, pago mis impuestos y lo único que pretendo es trabajar para mantener a mis cinco hijos', sostiene.

Ramón O. P. afirma que ha elevado al Defensor del Pueblo la situación de racismo de la que cree es objeto por parte de sus convecinos. 'El local está insonorizado; si hay clientes que alborotan al salir, también ocurre igual en otros establecimientos de españoles y no les pasa nada'.