El informe del Defensor del Pueblo tacha al Ivima de opaco

La gestión del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) no se realiza 'con la transparencia, seguridad jurídica y eficacia debidas', según destaca el Defensor del Pueblo en su informe correspondiente al año 2000, después de constatar que 'cada vez son más numerosas' las quejas por retrasos en las ayudas para una vivienda protegida. 'Son cada vez más numerosas las quejas que se tramitan por retrasos en la resolución de los respectivos expedientes de solicitud de ayuda económica para la adquisición de vivienda protegida', indica el Defensor.

El informe recoge que la propia Consejería de Obras Públicas 'ha reconocido la gravedad de la situación' y que se ha comprometido a adoptar medidas para agilizar este tipo de ayudas. Los socialistas de la Asamblea de Madrid han denunciado en reiteradas ocasiones que el Ivima tarda una media de más de tres años en pagar unas ayudas que, cuando ellos gobernaban, dicen, se resolvían antes de doce meses.

El Defensor del Pueblo critica también 'la falta de información o la información deficiente que reciben los solicitantes de una vivienda protegida o de las ayudas que posibilitan el acceso a la misma', y observa que esto también ocurre 'en el procedimiento de tramitación de las solicitudes de cambios y permutas de viviendas'. Por ello, llama la atención de la consejería sobre 'el deber legal que le incumbe de avanzar en la necesaria seguridad jurídica de tales procedimientos, ya que es obligado que los ciudadanos conozcan los trámites de los mismos y, en consecuencia, puedan exigir a la Administración una justificación de sus actuaciones'.

Abandono en San Blas

El informe recoge además 'la situación de abandono en la que se encuentran las urbanizaciones construidas por el Ivima en distintas zonas del distrito de San Blas'. 'Aunque el Ivima lleve a cabo alguna actuación o, en su defecto, el propio Ayuntamiento preste servicios ocasionales, la calidad de vida de los vecinos deja bastante que desear, por lo que debe ponerse fin lo más rápidamente a esta situación', dice el Defensor.

Las críticas al Ivima continúan y el informe destaca la 'falta de colaboración' de este organismo de la Comunidad de Madrid con el Defensor del Pueblo, que señala cómo 'en numerosas ocasiones se ha podido comprobar que [el Ivima] no ha respondido con la diligencia debida ni enviado informes adecuados a lo que se le había solicitado'.

El informe 2000 del Defensor del Pueblo muestra que la mayor parte de las 3.626 quejas que los madrileños elevaron a esta institución se referían a los problemas para acceder a una vivienda, mientras que el tráfico y la inmigración se configuran como la segunda y tercera preocupación de los ciudadanos. El Defensor corrobora además que 'las viviendas disponibles de promoción pública son absolutamente insuficientes para cubrir la demanda'.