Tribuna:EL FUTURO DE LA TELEVISIÓN PÚBLICATribuna
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Los peores años en la historia de RTVE

El autor considera urgente un consenso parlamentario para establecer un modelo de financiación y control de la gestión de RTVE.

El futuro de RTVE se ha convertido, hoy más que nunca, en un auténtico problema de Estado. Es punto de referencia para meditar sobre el tipo de sociedad en la que los españoles queremos vivir; es un reto de carácter social porque las decisiones que se adopten para su salvación pueden repercutir en la vida de miles de familias españolas, y es un asunto muy grave por las pérdidas económicas que genera -multiplicadas vertiginosamente en los últimos años-, sin que hasta ahora se haya adoptado un modelo estable para su financiación.

Sobre el tablero de ajedrez donde RTVE se juega su futuro se diseñan dos estrategias con finalidades contrapuestas de los ultradefensores de las leyes del mercado y la de quienes, como los socialistas, queremos salvaguardar del jaque mate la pieza fundamental: el servicio público.

Uno de los pilares de la radio y televisión públicas debe ser la calidad
RTVE debe ser garante de los valores democráticos y constitucionales

Para ello es urgente un amplio consenso parlamentario que dé al problema una salida que pasa necesariamente, para mi partido, por el acuerdo en tres grandes temas: un modelo de financiación claro, estable y transparente; un control parlamentario y social de la gestión del medio que no esté sujeta a criterios políticos, y una definición sin ambages de RTVE como un servicio público esencial de calidad.

Para ello hace falta más diseño del mañana que dependencia de la coyuntura del momento, además de una visión del Estado con altura de miras, con el horizonte puesto en convertir a RTVE en una empresa saneada, que sea referente del resto de la oferta audiovisual y ejemplo de información veraz, imparcial, rigurosa, objetiva y plural.

En mi opinión, uno de los pilares de esa radio y televisión públicas debe ser la calidad. Un concepto difuso, subjetivo y abstracto que, sin embargo, aplicado aquí adquiere una dimensión específica. Implica algo más que la mera contraposición a la telebasura: asumir los principios necesarios que definen un medio de comunicación de masas verdaderamente democrático.

La televisión es uno de los principales nexos de unión en una sociedad marcadamente individualista. Se ha convertido en un elemento de intermediación entre el individuo y la sociedad. Dominique Wolton, director del Laboratorio de Comunicación y Política del CNRS de París, sostiene que el papel de la televisión es tan importante en una sociedad democrática como la educación, la investigación, la salud o el urbanismo. 'El hecho de que la aplastante mayoría de ciudadanos acceda al mundo y su representación por medio de la televisión crea responsabilidades'. 'La primera es resistir a las tres ideologías que amenazan la televisión y la ahogan. La ideología política que pretende controlarlo todo; la ideología económica que en nombre de las leyes del mercado quiere llevarlo todo a una cuestión de beneficio, y, finalmente, la ideología técnica que hace creer que todos los problemas serán resueltos por el cable, el satélite o las cadenas temáticas'. Lo importante, concluye, no es la visión política, económica o técnica, sino la social y cultural.

Como Wolton, los socialistas queremos que los poderes públicos asuman su responsabilidad, resistan a las tres ideologías y conciban la televisión pública como un instrumento para formar ciudadanos libres, informados, críticos, selectivos y activos. En definitiva, una televisión que se guíe por criterios de pluralismo.

Por estas razones hay que garantizar su independencia política y económica, asegurando el acceso de la ciudadanía. Independencia y participación son, pues, elementos clave.

Los socialistas hemos trabajado conjuntamente con los sectores más representativos de la sociedad en la elaboración de un modelo de radio y televisión públicas alternativo al actual. Para los socialistas en la radio y la televisión públicas, la independencia va unida a la desgubernamentalización. Para conseguirlo es necesario, entre otras medidas, el nombramiento de su director general por quien ostenta la máxima legitimidad en una democracia, el Parlamento, a través de amplio consenso y por tiempo superior a la legislatura. Así tendrá las manos libres para realizar un proyecto profesional, aunque sometido al control del Congreso y de un organismo independiente del poder político y económico, el Consejo Superior de Medios Audiovisuales, cuya creación urgente reclamamos. Más allá de RTVE, su misión sería velar por el pluralismo político, económico, social, cultural y religioso; la transparencia en la titularidad de los medios audiovisuales; el cumplimiento de la legislación reguladora de la producción, programación y publicidad, y la garantía de los derechos de los usuarios de la comunicación social.

Para RTVE proponemos además reforzar la participación a través de organismos que permitan evaluar el nivel de satisfacción de la ciudadanía y la calidad de la programación, y garanticen los derechos de acceso, réplica y rectificación. La independencia y participación tiene que llegar hasta los profesionales de RTVE, que deben sentirse corresponsables del producto final y realizar su trabajo sin trabas ni presiones que lo desvirtúen o coarten su creatividad. Deben estar protegidos por el secreto profesional y la cláusula de conciencia, un Estatuto que garantice su independencia y comités profesionales que velen por la calidad y objetividad de la información.

RTVE debe ser garante de los valores democráticos y constitucionales, defender conceptos como paridad de sexos y protección de la infancia y la juventud, rechazar la violencia, el racismo y la xenofobia. Ha de jugar un papel pedagógico que eleve el nivel cultural de la ciudadanía y difunda conocimiento entre los sectores más amplios de la sociedad, donde a veces, lamentablemente, el único input cultural es la televisión, lo que les hace vulnerables de manera alarmante.

La televisión puede convertirse en un instrumento de alienación, en la que anide lo chabacano, la mentira, el sensacionalismo y la falacia con facilidad. Esto no significa que la televisión deba ser elitista y paternalista, sino que debe contribuir a formar 'espíritus críticos', fomentando el debate, la tolerancia y el diálogo, rechazando la uniformidad y defendiendo la pluralidad. Calidad y audiencia nunca deben ser términos excluyentes.

Una televisión pública de calidad es la que proporciona a los ciudadanos, sean cuales sean sus ingresos, los servicios necesarios que demanda una nueva sociedad, globalizada y tecnológicamente avanzada. Es necesario que RTVE juegue -al igual que las televisiones públicas europeas- un papel de liderazgo en la incorporación a los más modernos sistemas de producción, emisión y difusión que la tecnología ha puesto al servicio del sector audiovisual.

Un servicio público de radio y televisión requiere creatividad, esfuerzo, dotación de recursos y transparencia de gestión. Hay que dotar a RTVE de una fuente de financiación estable y suficiente, que no esté condicionada por la decisión del Gobierno de turno ni por las leyes del mercado publicitario. Queremos, y en consecuencia proponemos, una RTVE saneada económicamente y financiada básicamente por los Presupuestos Generales del Estado.

En nuestro modelo, el recurso a la publicidad debe ser subsidiario. La publicidad como fuente esencial de financiación, tal y como está concebida hoy, desnaturaliza la función de servicio público de RTVE, ya que obliga a elaborar programas de perfil comercial para captar más publicidad y satura la pantalla de 'anuncios'. Además no resuelve el problema económico, como prueba el hecho de que año tras año, incluso con una política publicitaria agresiva como la actual, se incremente la deuda de manera alarmante. Si nadie lo evita, ésta alcanzará en año y medio el billón de pesetas. Es, sin concesión al catastrofismo, el peor momento de la historia de la Radiotelevisión Española. Para colmo, la 'pelea' por la captación de publicidad está provocando una grave distorsión en el sector, ya que las cadenas de televisión privada, que se financian exclusivamente con recursos propios, ven claramente lesionados sus intereses.

A nuestro juicio, RTVE debe abandonar esa carrera desenfrenada que le lleva a ninguna parte. El Estado debe asumir sus obligaciones y subvencionar RTVE, que debe ir paulatinamente abandonando el recurso a la publicidad como fuente básica de ingresos.

Con carácter previo hay que dar una solución inmediata a la mastodóntica deuda que actualmente tiene RTVE -triplicada en los cinco últimos años- y que, como no puede ser de otra manera, debe ser asumida por el Estado. Hay que evitar el camino de la pendiente que cada año lleva a incrementar la deuda en cerca de ciento treinta mil millones de pesetas, de los que más de cuarenta mil son gastos para su financiación. A finales de 2002, las previsiones presupuestarias sitúan el endeudamiento en más de novecientos veintidós mil millones de pesetas. Es preciso, pues, una racionalización del pago, fraccionándolo en un periodo de tiempo no inferior a diez años.

Paralelamente hay que implantar una absoluta transparencia en la gestión de RTVE. El despilfarro y la mala gestión degradan el producto, recortan y encarecen inútilmente el presupuesto e inciden directamente en la calidad. Hay que aprovechar integralmente los medios y recursos humanos de que dispone RTVE y, en su contratación exterior, deben prevalecer los principios de transparencia, publicidad e igualdad de oportunidades en todo el proceso, introduciendo mecanismos de control y auditoría.

El nuevo marco legal necesita el mayor respaldo político y social. En consecuencia, esta reforma se debería llevar a cabo contando con un gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas del arco parlamentario y el respaldo social que otorga la ciudadanía a través del movimiento asociativo, tan diverso como heterogéneo. Hemos emprendido la tarea, aún hay mucho camino por recorrer, pero urge tomar decisiones, porque, de continuar como hasta ahora, estaríamos simplemente durante una prórroga hacia la ruina.El futuro de RTVE se ha convertido, hoy más que nunca, en un auténtico problema de Estado. Es punto de referencia para meditar sobre el tipo de sociedad en la que los españoles queremos vivir; es un reto de carácter social porque las decisiones que se adopten para su salvación pueden repercutir en la vida de miles de familias españolas, y es un asunto muy grave por las pérdidas económicas que genera -multiplicadas vertiginosamente en los últimos años-, sin que hasta ahora se haya adoptado un modelo estable para su financiación.

Sobre el tablero de ajedrez donde RTVE se juega su futuro se diseñan dos estrategias con finalidades contrapuestas de los ultradefensores de las leyes del mercado y la de quienes, como los socialistas, queremos salvaguardar del jaque mate la pieza fundamental: el servicio público.

Para ello es urgente un amplio consenso parlamentario que dé al problema una salida que pasa necesariamente, para mi partido, por el acuerdo en tres grandes temas: un modelo de financiación claro, estable y transparente; un control parlamentario y social de la gestión del medio que no esté sujeta a criterios políticos, y una definición sin ambages de RTVE como un servicio público esencial de calidad.

Para ello hace falta más diseño del mañana que dependencia de la coyuntura del momento, además de una visión del Estado con altura de miras, con el horizonte puesto en convertir a RTVE en una empresa saneada, que sea referente del resto de la oferta audiovisual y ejemplo de información veraz, imparcial, rigurosa, objetiva y plural.

En mi opinión, uno de los pilares de esa radio y televisión públicas debe ser la calidad. Un concepto difuso, subjetivo y abstracto que, sin embargo, aplicado aquí adquiere una dimensión específica. Implica algo más que la mera contraposición a la telebasura: asumir los principios necesarios que definen un medio de comunicación de masas verdaderamente democrático.

La televisión es uno de los principales nexos de unión en una sociedad marcadamente individualista. Se ha convertido en un elemento de intermediación entre el individuo y la sociedad. Dominique Wolton, director del Laboratorio de Comunicación y Política del CNRS de París, sostiene que el papel de la televisión es tan importante en una sociedad democrática como la educación, la investigación, la salud o el urbanismo. 'El hecho de que la aplastante mayoría de ciudadanos acceda al mundo y su representación por medio de la televisión crea responsabilidades'. 'La primera es resistir a las tres ideologías que amenazan la televisión y la ahogan. La ideología política que pretende controlarlo todo; la ideología económica que en nombre de las leyes del mercado quiere llevarlo todo a una cuestión de beneficio, y, finalmente, la ideología técnica que hace creer que todos los problemas serán resueltos por el cable, el satélite o las cadenas temáticas'. Lo importante, concluye, no es la visión política, económica o técnica, sino la social y cultural.

Como Wolton, los socialistas queremos que los poderes públicos asuman su responsabilidad, resistan a las tres ideologías y conciban la televisión pública como un instrumento para formar ciudadanos libres, informados, críticos, selectivos y activos. En definitiva, una televisión que se guíe por criterios de pluralismo.

Por estas razones hay que garantizar su independencia política y económica, asegurando el acceso de la ciudadanía. Independencia y participación son, pues, elementos clave.

Los socialistas hemos trabajado conjuntamente con los sectores más representativos de la sociedad en la elaboración de un modelo de radio y televisión públicas alternativo al actual. Para los socialistas en la radio y la televisión públicas, la independencia va unida a la desgubernamentalización. Para conseguirlo es necesario, entre otras medidas, el nombramiento de su director general por quien ostenta la máxima legitimidad en una democracia, el Parlamento, a través de amplio consenso y por tiempo superior a la legislatura. Así tendrá las manos libres para realizar un proyecto profesional, aunque sometido al control del Congreso y de un organismo independiente del poder político y económico, el Consejo Superior de Medios Audiovisuales, cuya creación urgente reclamamos. Más allá de RTVE, su misión sería velar por el pluralismo político, económico, social, cultural y religioso; la transparencia en la titularidad de los medios audiovisuales; el cumplimiento de la legislación reguladora de la producción, programación y publicidad, y la garantía de los derechos de los usuarios de la comunicación social.

Para RTVE proponemos además reforzar la participación a través de organismos que permitan evaluar el nivel de satisfacción de la ciudadanía y la calidad de la programación, y garanticen los derechos de acceso, réplica y rectificación. La independencia y participación tiene que llegar hasta los profesionales de RTVE, que deben sentirse corresponsables del producto final y realizar su trabajo sin trabas ni presiones que lo desvirtúen o coarten su creatividad. Deben estar protegidos por el secreto profesional y la cláusula de conciencia, un Estatuto que garantice su independencia y comités profesionales que velen por la calidad y objetividad de la información.

RTVE debe ser garante de los valores democráticos y constitucionales, defender conceptos como paridad de sexos y protección de la infancia y la juventud, rechazar la violencia, el racismo y la xenofobia. Ha de jugar un papel pedagógico que eleve el nivel cultural de la ciudadanía y difunda conocimiento entre los sectores más amplios de la sociedad, donde a veces, lamentablemente, el único input cultural es la televisión, lo que les hace vulnerables de manera alarmante.

La televisión puede convertirse en un instrumento de alienación, en la que anide lo chabacano, la mentira, el sensacionalismo y la falacia con facilidad. Esto no significa que la televisión deba ser elitista y paternalista, sino que debe contribuir a formar 'espíritus críticos', fomentando el debate, la tolerancia y el diálogo, rechazando la uniformidad y defendiendo la pluralidad. Calidad y audiencia nunca deben ser términos excluyentes.

Una televisión pública de calidad es la que proporciona a los ciudadanos, sean cuales sean sus ingresos, los servicios necesarios que demanda una nueva sociedad, globalizada y tecnológicamente avanzada. Es necesario que RTVE juegue -al igual que las televisiones públicas europeas- un papel de liderazgo en la incorporación a los más modernos sistemas de producción, emisión y difusión que la tecnología ha puesto al servicio del sector audiovisual.

Un servicio público de radio y televisión requiere creatividad, esfuerzo, dotación de recursos y transparencia de gestión. Hay que dotar a RTVE de una fuente de financiación estable y suficiente, que no esté condicionada por la decisión del Gobierno de turno ni por las leyes del mercado publicitario. Queremos, y en consecuencia proponemos, una RTVE saneada económicamente y financiada básicamente por los Presupuestos Generales del Estado.

En nuestro modelo, el recurso a la publicidad debe ser subsidiario. La publicidad como fuente esencial de financiación, tal y como está concebida hoy, desnaturaliza la función de servicio público de RTVE, ya que obliga a elaborar programas de perfil comercial para captar más publicidad y satura la pantalla de 'anuncios'. Además no resuelve el problema económico, como prueba el hecho de que año tras año, incluso con una política publicitaria agresiva como la actual, se incremente la deuda de manera alarmante. Si nadie lo evita, ésta alcanzará en año y medio el billón de pesetas. Es, sin concesión al catastrofismo, el peor momento de la historia de la Radiotelevisión Española. Para colmo, la 'pelea' por la captación de publicidad está provocando una grave distorsión en el sector, ya que las cadenas de televisión privada, que se financian exclusivamente con recursos propios, ven claramente lesionados sus intereses.

A nuestro juicio, RTVE debe abandonar esa carrera desenfrenada que le lleva a ninguna parte. El Estado debe asumir sus obligaciones y subvencionar RTVE, que debe ir paulatinamente abandonando el recurso a la publicidad como fuente básica de ingresos.

Con carácter previo hay que dar una solución inmediata a la mastodóntica deuda que actualmente tiene RTVE -triplicada en los cinco últimos años- y que, como no puede ser de otra manera, debe ser asumida por el Estado. Hay que evitar el camino de la pendiente que cada año lleva a incrementar la deuda en cerca de ciento treinta mil millones de pesetas, de los que más de cuarenta mil son gastos para su financiación. A finales de 2002, las previsiones presupuestarias sitúan el endeudamiento en más de novecientos veintidós mil millones de pesetas. Es preciso, pues, una racionalización del pago, fraccionándolo en un periodo de tiempo no inferior a diez años.

Paralelamente hay que implantar una absoluta transparencia en la gestión de RTVE. El despilfarro y la mala gestión degradan el producto, recortan y encarecen inútilmente el presupuesto e inciden directamente en la calidad. Hay que aprovechar integralmente los medios y recursos humanos de que dispone RTVE y, en su contratación exterior, deben prevalecer los principios de transparencia, publicidad e igualdad de oportunidades en todo el proceso, introduciendo mecanismos de control y auditoría.

El nuevo marco legal necesita el mayor respaldo político y social. En consecuencia, esta reforma se debería llevar a cabo contando con un gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas del arco parlamentario y el respaldo social que otorga la ciudadanía a través del movimiento asociativo, tan diverso como heterogéneo. Hemos emprendido la tarea, aún hay mucho camino por recorrer, pero urge tomar decisiones, porque, de continuar como hasta ahora, estaríamos simplemente durante una prórroga hacia la ruina.

José Blanco López es secretario de Organización y Acción Electoral de la Ejecutiva Federal del PSOE.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0012, 12 de octubre de 2001.

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