Alcaldes

Tengo la sensación que escribir, una vez más, del caso Gil y Marbella es como ver llover. No hay día sin sorpresa. Nuevo robo de sumario y, mira por dónde, de una nueva infracción urbanística. En el lugar que se levantaba una fábrica de hielo se autoriza un edificio de 10 plantas. La denuncia por presuntos delitos urbanísticos, de prevaricación, coacción y defraudación seguía su largo trámite en el Juzgado número 1 de Marbella. Nada de nada. Ha desaparecido por arte de birlibirloque. A estas alturas de la historia no sabe ya uno cuántos sumarios duermen el sueño del olvido. Nada hay claro y la Fiscalía Anticorrupción debería actuar de oficio.

Este embrollo tiene que aclararlo alguien. Para la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial se han robado 15 sumarios; para el abogado del PSOE, José Carlos Aguilera, siete, y según Jesús Gil tan sólo dos. Quién me compra este lío. Sabemos que la Justicia es lenta, que tarda en desbrozar el complicado camino hasta no tener pruebas contundentes, pero lo de Marbella clama al cielo. Gil, a este paso, se puede marchar de rositas. Pero hay más: la ciudadanía de Marbella está cada vez más dividida. No saben a qué carta quedarse y las discrepancias de las asociaciones vecinales y la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Marbella, Isabel García Marcos, van creciendo y el propio Partido Socialista malagueño le niega el pan y la sal, o al menos pone en tela de juicio, a quien le representa en dicho Ayuntamiento. Jesús Gil tiene una habilidad extrema en echar a pelear a unos y otros, mientras que él sigue con la sabida cantinela de que le registren la cartera.

Poco más o menos eso es lo que dice, o lo que no dice porque mantiene la boca cerrada, el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, del Partido Popular. Si Gil quiere hacer de Marbella su particular Ínsula Barataria, el de Huelva pretende llamar a arrebato a los socios del Recreativo de Huelva sin importarle que la Junta le tumbe la construcción de viviendas en Isla Chica o que un juzgado le impute presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y contra la ordenanza del territorio por la venta del viejo estadio.