Un centro subvencionado de educación especial expulsa a nueve adultos discapacitados severos

Daniel, de 26 años, no sabe abrocharse los botones ni hacer la lazada de los zapatos. Con un 83% de minusvalía, lo entiende todo, pero casi nadie le entiende a él cuando habla. Es uno de los nueve discapacitados severos a los que el colegio concertado de educación especial María Inmaculada ha expulsado este curso. Su directora, Inmaculada López Ruiz, dice que, al haber superado todos ellos los 21 años (el mayor tiene 36), estaban de forma 'provisional' en el centro hasta que los padres terminasen de construir una residencia. Pero la Comunidad no había autorizado esa permanencia provisional.

A finales de agosto, Carlos Pérez recibió una llamada de la directora del colegio María Inmaculada (en la calle del Maestro Chapí), al que su hijo acudía desde hace más de 20 años, con un mensaje claro: Daniel se tenía que cambiar de centro porque era mayor de 21 años y el concierto con la Consejería de Educación les autoriza a atenderlos únicamente hasta esa edad. Carlos es el que se enteró con más tiempo de lo que se le venía encima. Porque Inmaculada López Ruiz, la directora, avisó a las otras ocho familias, con hijos de hasta 36 años, tres días antes de empezar el curso.

'Todos son chavales gravemente afectados. Tienen poco lenguaje, necesitan ayuda para comer y para ir al baño. Son como niños de un año', explica Manuel Martín Fernández. Y lo sabe bien. Su hija, Elena, no habla ni se queja cuando le duele algo. 'No pide nada. El agua se la damos nosotros cuando pensamos que tiene sed', relata su padre. 'El problema es que cada día tenemos menos posibilidades de atenderla porque nos vamos haciendo mayores', añade.

Y es que todos los padres han visto cómo sus vidas se alteraban al tener todo el día en casa a los hijos que hasta el curso pasado estaban en el colegio. 'Yo trabajo y mi mujer sufre un proceso de degeneración de la médula que le impide atender bien a nuestro hijo', continúa el padre de Daniel. Y agrega: 'No es que sea agresivo, pero alguna vez se le cruzan los cables y te empuja'. Las familias no han sido las únicas afectadas. Juan Manuel, de 33 años y un 92% de minusvalía, se levanta todas las mañanas, coge de la mano a su madre, de 68, y la lleva a la ventana para ver si llega el autobús que le recogía a las 8.30.

Provisionales durante años

A pesar de que los disminuidos que se han visto en la calle tenían hasta 36 años y llevaban varios años en el colegio, la directora del centro asegura que ya no podían estar escolarizados más tiempo porque superaban los 21 años. 'La situación era de provisionalidad, pero se ha ido alargando', dice López. Los padres compraron en 1991 un terreno en Hoyo de Manzanares para construir una residencia para cuando sus hijos superasen esa edad y ya no pudieran ser atendidos en el centro, pero su construcción ha sido paralizada. 'En agosto me enteré de que ya no se iba a construir. Pero Servicios Sociales ha venido consintiendo que les atendiéramos a pesar de superar la edad', asegura la directora.

Fuentes de Servicios Sociales negaron ayer tajantemente que la consejería haya dado el visto bueno al centro para atender durante años a los adultos que ahora han sido expulsados, y señalaron que es la consejería de Educación quien debería haberlo autorizado. Educación, por su parte, asegura que las tres aulas que tiene concertadas con el centro le autorizaban únicamente a atender a jóvenes de hasta 21 años.

Pero si los padres están molestos con el centro, no lo están menos con Servicios Sociales. 'Sabemos que tienen plazas en centros de día, pero no nos las dan por problemas de organización interna', asegura uno de ellos. Y es que, cuando se enteraron de que sus hijos estaban en la calle, acudieron a las juntas municipales de distrito para que un trabajador social les hiciera el informe que les permita obtener una plaza en algún centro de día de la Comunidad. A día de ayer, tras un mes de espera, no han recibido respuesta.

La responsable de atención social de la Federación Pro Personas con Retraso Mental (Feaps), Asunción Domingo, asegura que existen al menos 20 plazas en los centros que ha concertado la Comunidad el pasado año. 'Es impresentable que esta gente esté en la calle con plazas libres, pero no lo es menos que la consejería permita chiringuitos de este tipo que, con autorización para centro de educación especial, luego funcionan como un centro para adultos sin que la Comunidad ni tan siquiera lo sepa', protesta, en referencia al María Inmaculada.

'Es tan fácil como que vayan a la consejería a pedir una plaza. Y, si hay alguna libre y cumplen con los requisitos, se les dará. Nosotros no las queremos tener libres para nada', replican fuentes de Servicios Sociales.

Pero ayer los nueve expulsados del María Inmaculada seguían en sus casas, y sus padres advierten de que no pueden llevarlos a un centro privado por el que les piden más de 250.000 pesetas mensuales. 'Yo ya no puedo manejar a mi hija porque empiezo a tener artritis. Nadie puede imaginar lo que es manejar a una chica de 60 kilos a la que hay que cambiar los pañales y que hace la vida entre la silla de ruedas y la cama', explica Martín Fernández.