"El Gobierno deja sin convenio a millones de trabajadores"

El Gobierno prevé cerrar el diálogo sobre la reforma de la negociación colectiva en apenas unos días. Para el secretario general de UGT, Cándido Méndez (Badajoz, 1952), sería un error que culminase sin consenso con los agentes sociales. Por las consecuencias que desencadenaría en el marco de relaciones autónomas entre los sindicatos y la patronal, y por los efectos que tendría para un Gabinete que, a su juicio, atraviesa una situación de 'debilidad política' debido al caso Gescartera y a la incertidumbre ante la crisis de la economía mundial.

'La situación de debilidad política que vive el Ejecutivo desaconseja que rompa el diálogo social'

Pregunta. La mesa de negociación colectiva está en la recta final, ¿ve alguna posibilidad de alcanzar un acuerdo?

Respuesta. La situación es muy difícil y hay una diferencia en la filosofía de la reforma entre lo que plantea el Gobierno y lo que plantean los sindicatos. El Gobierno considera como elemento fundamental el imperio de la ley; nosotros queremos preservar la autonomía de los sindicatos y las patronales para definir el marco de relaciones colectivas. En el contenido, el Gobierno defiende el convenio de empresa como elemento central y abre una vía en la que se pueden producir vacíos de cobertura, con una extinción a medio plazo de los ámbitos intermedios de negociación colectiva, como son los convenios territoriales, autonómicos y provinciales, y hay una reserva de materias para el convenio sectorial estatal, donde sólo hay una indicación de qué puede contener. Luego hay diferencias muy importantes y la salida tiene que venir del consenso fundamental, que es entre los sindicatos y la patronal.

P. Con la patronal no parece que el debate sea fácil.

R. Nuestras diferencias con la patronal son abismales, y entre la patronal y el Gobierno son de ritmo, no de fondo. Lo que me parece importante es que la patronal en este último tramo comparte una visión con los sindicatos que es el respeto a la autonomía de las partes, y por tanto debería enviar un mensaje inequívoco al Gobierno: que legisle sólo en el caso de que exista consenso. La propia patronal reconoce que el consenso básico sobre negociación colectiva desde 1978 ha funcionado adecuadamente y es peligroso abrir un sendero donde se desnaturalice el protagonismo de la negociación colectiva y se erija en protagonista la ley y el gobierno de turno.

P. El principal mensaje del Gobierno es que quiere reforzar los convenios sectoriales, ¿cree que es cierto?

R. No es cierto. Lo que pretende con una visión muy intervencionista es asentar la prevalencia del convenio de empresa y reserva para ella materias con carácter imperativo. Para convenios de ámbito superior, la reserva de materias es de carácter indicativo.

P. Donde eso puede causar problemas es en las empresas que no tienen convenio propio.

R. En el planteamiento del Gobierno y la patronal, el pacto de empresa, en la práctica, excluye al resto de los ámbitos de negociación colectiva. Eso llevado a sus últimas consecuencias generará que el Gobierno deja un vacío de cobertura de convenio para millones de trabajadores de la pequeña empresa, y se producirá además una situación absurda. Dice que quiere reducir los ámbitos de negociación, pero en vez de 5.000 convenios podemos tener 15.000 y en paralelo habrá muchísimos más trabajadores sin cobertura por haberse extinguido los convenios intermedios.

P. Hay otro problema con las cláusulas de descuelgue.

R. La prevalencia del convenio de empresa la aplica el Gobierno por varios caminos: reserva de materias imperativas y mecanismos de descuelgue que incorporan disparates como la posibilidad de que la empresa, por dificultades económicas, incumpla normas de obligado cumplimiento en materia de seguridad en el trabajo.

P. El Consejo de Ministros decidió el viernes que se siga negociando aunque tiene urgencia en cerrar el proceso, ¿eso le tranquiliza?

R. No me da ninguna tranquilidad, más aun cuando sabemos que el Consejo de Ministros elevó a la categoría de documento válido el anteproyecto de ley. Hemos solicitado una reunión con el ministro de Trabajo, y no hay confirmación de que se vaya a producir, y tampoco sabemos qué reuniones habrá esta semana.

P. ¿Ese anteproyecto le sirve a UGT? Parece que es diferente del que propugnaban otros ámbitos como el Ministerio de Economía.

R. En este momento hay un debate de buenos y malos dentro del Gobierno que no comparto. Cometeríamos un error las organizaciones sindicales, si pensáramos que nos podemos aprovechar de un hipotético tren barato de discrepancias en el seno del Gobierno, que pueden ser de otra índole, pero no veo diferencias entre Trabajo y Economía respecto al fondo de la reforma de la negociación colectiva.

P. ¿Está el Gobierno, con el desgaste que le ha generado el caso Gescartera y la incertidumbre por la crisis mundial, en un momento oportuno para imponer una reforma?

R. La situación de conturbación y debilidad política que vive el Gobierno por el caso Gescartera, y con el cambio de coyuntura económica a nivel mundial, desaconseja que rompa el diálogo social. Debería cuidar y preservar el consenso. Ahora bien, nos podemos encontrar con que el Gobierno opte por la conclusión contraria, y que por tomar la iniciativa política adopte decisiones que generen conflictividad y enrarecimiento del clima social, y que, además, no contribuyen a resolver ninguno de los problemas que tiene la economía española.

P. Con el tema de las pensiones han surgido discrepancias, tras reiterar el Gobierno que cambiará el periodo de cálculo.

R. Primero vuelve a recordar que se va a recortar la cuantía de la pensión y, a la semana siguiente, el Consejo de Ministros decide incentivar fiscalmente los fondos de pensiones. Estos dos mensajes son una especie de estrategia de marketing político para favorecer la expansión de los fondos privados de pensiones.

P. Se va a abrir otra mesa sobre cobertura del desempleo, ¿teme que su racionalización suponga un recorte aunque el ministro Aparicio diga que no va a ser así?

R. El ministro de Trabajo dice que el término racionalización debe entenderse como en el pacto de pensiones, que UGT no ha suscrito. En él hay una decisión prefijada, que ratificó el presidente Aznar en la firma, que es la de recortar las pensiones pasando el cálculo de la cuantía a toda la vida laboral. Ese ejemplo a UGT nos suscita inquietud, pero lo que debe hacer el Gobierno es precisar lo que pretende. Nos vamos a mover en un marco difícil, porque como el Gobierno ha utilizado como pilar exclusivo de la estabilidad presupuestaria el excedente de más de 500.000 millones del Inem y una cantidad equivalente en Seguridad Social, y ello en un escenario económico peor, podría abocar a unas decisiones muy negativas e injustas. El camino debe ser ampliar la cobertura del desempleo, ya que con superávit presupuestario tenemos a la mitad de los parados sin prestación.

P. ¿Prevé que se repita un acuerdo de CC OO y sin UGT?

R. Estamos haciendo mucho hincapié en la necesidad de mantener una propuesta unitaria en ambas mesas. Un pacto unilateral no puede producirse porque en el marco de la negociación colectiva es donde se define el papel estratégico de las relaciones de trabajo y el papel de los sindicatos. Tenemos un compromiso recíproco los dos sindicatos de mantener una reunión previa a la valoración definitiva. La pretensión es compartir esa valoración y, en cualquier caso, si se produjera una diferencia, analizarla y decidir cómo poder gobernar en el ámbito de las relaciones entre los dos sindicatos el desarrollo de esa diferencia.

P. ¿Cree que habrá una huelga general en los próximos meses?

R. En relación con el paro general, siempre hemos dicho lo mismo. Impulsamos el debate sobre el paro general basado en dos razones: rechazo a la reforma laboral impuesta unilateralmente por el Gobierno a principios de marzo y anticipar una respuesta frente a las pretensiones del Gobierno. Cuando el Gobierno aprueba en marzo el decreto, anuncia que va a aprovechar el trámite parlamentario para cambiar las normas en materia de negociación colectiva. ¿Qué hemos conseguido con el debate del paro general y las movilizaciones desarrolladas por nuestras organizaciones? Dos cosas, a mi juicio importantes: hemos roto el muro de silencio que había en torno a la reforma laboral, que el Gobierno quería pasar de rositas; y el Ejecutivo desistió de su idea inicial de imponer unilateralmente la reforma de la negociación colectiva durante el trámite parlamentario que acabó en julio. Cuando se produzca el desenlace en la mesa de negociación colectiva, la UGT entrará en contacto con CC OO y otros sindicatos y con los partidos progresistas para ver las determinaciones que tomamos. Ese horizonte del paro general, que lo mantenemos, se definirá o no en función del desenlace de la negociación colectiva.

P. ¿En la iniciativa legislativa popular de UGT para que se adopten medidas contra la precariedad esperan contar con el apoyo de los partidos?

R. Vamos a recabar el apoyo de todos los partidos, incluido el PP, para ese debate. Pero, en primer lugar vamos a pedir el apoyo de los trabajadores porque hay que presentar un mínimo de 500.000 firmas válidas. Lo principal para nosotros es mantener el debate de que los principales problemas, junto con el paro, que tiene esta sociedad son la precariedad y los accidentes laborales, y reclamamos la jornada de 35 horas para los sectores con más riesgo.

P. La UGT tiene congreso en la próxima primavera, ¿tiene previsto presentarse a la reelección?

R. En este momento el debate está planteado sobre los contenidos del congreso, y desde luego yo estoy con muchas ganas.