¿Debemos socorrer a los que perdieron dinero en Gescartera?

De entre las muchas cuestiones y responsabilidades que emergen del caso Gescartera hay al menos una que no se ha planteado y que, sin embargo, tiene gran interés. ¿Por qué la gente pone dinero en chiringuitos financieros o en manos de aventureros como Antonio Camacho? Esta cuestión es importante porque, más allá de la curiosidad por conocer las motivaciones humanas, permite orientar la respuesta a otra cuestión que está en el interés de las autoridades y en el debate público: ¿se debe socorrer, como pretende el ministro Rodrigo Rato, a través del Fondo de Garantía de Inversiones, a las personas que han perdido su dinero en Gescartera?

Por lo leído y oído, mi impresión es que un gran número de personas e instituciones que pusieron su dinero en manos de Antonio Camacho estaban animadas por el deseo de obtener unas rentabilidades por encima de lo que daba el mercado. En la conducta financiera de muchas personas hay un comportamiento similar a lo que ocurre cuando un amigo te comenta por lo bajo que conoce una tienda donde se puede comprar a precio de saldo ropa de marca. Los deseos de demostrar que eres más listo que la mayoría y que tienes información que otros no tienen (las 'buenas referencias' que decía tener el ecónomo de Valladolid) son malos consejeros a la hora de tomar decisiones financieras. Otros, al parecer, han puesto dinero negro en Gescartera con la confianza de que estaría a resguardo de la Inspección de la Hacienda y obteniendo buenas utilidades. Algunos otros, en fin, posiblemente prestaron dinero a Camacho sabiendo de las dificultades que atravesaba, pero atraídos por el dulce olor de elevadas rentabilidades a corto plazo y con la esperanza -o la promesa- de poder retirar el dinero antes de que llegase la quiebra.

Este tipo de conductas no pueden asociarse a las de inversores prudentes, sino a las de prestamistas de capital para que otro lo use, ya sea de forma productiva o bien pródigamente como fondo para su propio consumo, como parece haber sido el caso. Hay en estas conductas una mezcla de avaricia y de usura, entendida como el préstamo a tipos de interés por encima de los de mercado.

Este tipo de comportamiento ya fue analizado de forma crítica por Adam Smith al hablar del 'fondo o capital dado a interés' (La riqueza de las naciones, 1776, Libro II, capítulo IV). Curiosamente, esas actitudes llevaron a un liberal sin mácula como él a defender la necesidad de poner algún límite legal al interés. Su razonamiento es que la mayor parte del dinero que se deja a tipos dos o tres puntos por encima del de mercado será a individuos 'pródigos o sospechosos de quiebra, porque ésta es la única clase de gentes que no repararía en dar por el uso del dinero un interés tan desorbitante con respecto a las circunstancias del país'. A Adam Smith le preocupaba esta conducta no porque los prestamistas llevados de la avaricia pudieran perder su capital, sino porque esas actitudes hacen que 'una gran parte del capital de la nación quede fuera del alcance de personas que harían de él un uso rentable y provechoso, para ir a manos que a lo mejor lo despilfarrarían y lo destruirían'.

Es difícil que los gobiernos pongan en práctica la recomendación de Adam Smith de poner un tope al interés legal. Pero, me pregunto, ¿es equitativo socorrer a aquellos que, buscando mayores intereses, han puesto su dinero en manos de pródigos y estafadores? Los que así actúan tienen gran responsabilidad en la existencia de estos personajes y han de asumir el riesgo en el que han incurrido. Ésta es una cuestión que tener en cuenta cuando ahora se discute si Gescartera puede beneficiarse del nuevo Fondo de Garantía de Inversiones, financiado con cargo a todos aquellos que invierten de forma prudente en sociedades financieras profesionales y transparentes. Desconozco si cuando la CNMV decidió elevar el rango de Gescartera a sociedad de valores tuvo en cuenta esta posibilidad. De ser así, estaríamos en un nuevo caso, como ocurrió en los ochenta, en que el Estado viene a cubrir el 'riesgo moral' en el que incurren las personas que, sabiendo que están tomando un riesgo excesivo con su dinero, confían en que, si las cosas van mal, tarde o temprano vendrán los poderes públicos a socorrerlas. Sería un mal aprendizaje para un país y un Gobierno que se esfuerza por fomentar una verdadera cultura de mercado.

Antón Costas es catedrático de Política Económica de la UB.