La parte privada de Limasa rechaza el acuerdo del alcalde con los empleados

La empresa mixta que tiene la contrata del servicio de limpieza urbana de Málaga, Limasa, se ha convertido en el último año en una constante fuente de conflictos. Dos decisiones de la sociedad han acabado en los tribunales y, por si fuera poco, el alcalde, Francisco de la Torre, tiene ahora un nuevo quebradero de cabeza por la negativa de la parte privada de la empresa a asumir el acuerdo al que llegó con los trabajadores sobre el convenio colectivo el pasado 13 de agosto.

Aquel acuerdo evitó una huelga del servicio en plena feria, pero ha desencadenado un mal mayor cuya solución pasa de forma casi irremediable por un encarecimiento del canon que el consistorio paga a Limasa.

Dos decisiones que afectan a la empresa ya han llegado a los tribunales: el cobro de una certificación de 40 millones de pesetas por una obra que la empresa no había realizado, objeto de una causa penal, y la salomónica decisión con la que se resolvió el concurso público para la constitución de la nueva sociedad, recurrida en vía contenciosa por la posible vulneración del pliego de condiciones.

El alcalde ha tenido además que soportar cómo el consejo de administración de la sociedad, que él preside, ha retado su autoridad en un gesto que según los dos partidos de la oposición no tiene precedentes y debería resultar intolerable. Tanto PSOE como IU culpan de la situación al propio De la Torre, porque dicen que resolvió 'por su cuenta' el conflicto laboral de agosto, y se tomó unas atribuciones que no le correspondían.

Acuerdo desautorizado

De la parte privada de la empresa, que tiene el 51% del capital social, forman parte en proporciones iguales Fomento de Construcciones y Contratas, que se quedó la responsabilidad de la gestión, y un grupo formado por Urbaser, Sando y Unicaja. Esta parte mayoritaria desautorizó el acuerdo alcanzado por el alcalde y los trabajadores en un consejo de administración celebrado a principios de septiembre. Para tratar de desbloquear la situación, el alcalde se comprometió a que el Ayuntamiento, y no la empresa, asuma los costes adicionales del convenio colectivo, que contempla un incremento salarial del 5% y la contratación como fijos de 100 de los 460 empleados eventuales que tiene Limasa. Esta solución es rechazada por la oposición, que entiende que esos costes deben repercutir en los beneficios empresariales y nunca en el canon que el Ayuntamiento paga a Limasa.

Pese al ofrecimiento del alcalde, el asunto tampoco pudo ser desbloqueado en el consejo de administración del pasado 27 de septiembre, ya que el equipo de gobierno y la parte privada tampoco se ponen de acuerdo en la estimación del coste económico del convenio colectivo. En aquella sesión de decidió crear una comisión mixta para evaluarlo, y, aunque en principio se barajó la cantidad de 40 millones de pesetas, el socio privado prevé que serán más de 100 millones.