Oliveri atribuye las revelaciones sobre su cargo en Sanidad a un intento de desgastar al Gobierno
Los socialistas encargan un informe jurídico sobre esa designación y su próximo puesto
El ex consejero de Educación Inaxio Oliveri consideró ayer que la polémica suscitada por su nombramiento, al que no se dio publicidad, como asesor del Departamento de Sanidad supone un intento de desprestigiar y atacar al nuevo Gobierno. 'La mecánica [del nombramiento] fue la habitual y el procedimiento, claro y transparente', aseguró a este periódico. Oliveri no cree tampoco que su mandato al frente de Educación resulte incompatible con su próxima incorporación como rector a Mondragon Unibertsitatea, el centro de estudios superiores ligado al grupo MCC. El PSE estudiará en un informe jurídico también ese extremo, aunque niega ir 'a la caza de Oliveri'.
El ex consejero del anterior Gobierno de Juan José Ibarretxe y militante de EA reiteró ayer que no tiene nada que ocultar y se siente sorprendido por la interpretación 'malévola y torticera' que, a su entender, se está haciendo de su nombramiento como asesor con rango de viceconsejero del departamento que dirige el peneuvista Gabriel Inclán. 'La mecánica fue la normal: orden del consejero y comunicación a Función Pública, claro y transparente. Tanto mi nombramiento como ni cese han estado en la Intranet del Gobierno', afirmó. 'Y no he cobrado cesantía', se adelantó a aclarar otro de los extremos que los socialistas desean conocer.
Oliveri aseguró también que no habló de eset asunto con el lehendakari el pasado viernes durante la recepción de Ajuria Enea, a la que asistió, y durante la que sí hizo un largo aparte con Inclán y con el presidente del PNV, Xabier Arzalluz.
El que los socialistas hayan revelado públicamente lo sucedido sólo se explicaría, según señaló Oliveri a este periódico, como parte de un intento de comenzar a desgastar al nuevo Gobierno y, al tiempo, desprestigiarle a él personalmente. El portavoz parlamentario del PSE, Rodolfo Ares, quien divulgó el caso el viernes en el Parlamento, negó tajantemente ayer este extremo: 'No vamos a la caza de Oliveri, pero sí encontramos que este nombramiento tiene poca explicación desde un punto de vista político y sugiere que se utiliza la Administración como coto privado para solucionar los problemas de algunas personas', señaló.
'Oficina de recolocación'
A esta interpretación se sumó el PP, que por boca de su portavoz en la Cámara, Leopoldo Barreda, acusó al PNV de convertir las institucones públicas en 'oficina de recolocación' de sus propios 'cesantes'. Barreda calificó de 'baile de cargos' el paso de Oliveri de Educación a Sanidad y de aquí a Mondragon Unibertsitatea y lo relacionó con el 'rocambolesco peregrinar de cartera en cartera' de los consejeros de EA Joseba Azkarraga, Sabin Intxaurraga y Ángeles Iztueta. Y todo ello junto demostraría, insistió Barreda, tal y como sostuvieron populares y socialistas en el pleno del viernes, que existe una crisis en el Gobierno y en las relaciones entre PNV y EA que el lehendakari no logra dominar.
El PSE sospecha que han podido producirse otros trasvases semejantes al de Oliveri con otros altos cargos cesados y ha pedido al Gobierno información sobre todos los nombramientos efectuados desde que tomó posesión el nuevo equipo.
Al tiempo, el grupo parlamentario socialista elaborará, con apoyo externo, un informe jurídico que examine tanto el nombramiento y cese de Oliveri como asesor de Inclán, como la compatibilidad de su futuro como rector de la citada universidad con su pasado como consejero de Educación. El diputado socialista Victor García señaló que es prematuro aventurar si existe una situación de incompatibilidad, aunque sugirió que ésta podría darse si Oliveri, en su calidad de consejero, ha otorgado por ejemplo subvenciones a ese centro.
García reconoció, como también explicó el propio Oliveri, que los nombramientos de asesores no tienen por qué pasar por el Consejo de Gobierno ni han de ser publicados en el boletín oficial y que en ese sentido el del ex consejero parece haberse ajustado a lo habitual. El diputado socialista señaló, no obstante, que tal vez habría que reconsiderar la normativa y extender a los asesores, en la medida en que se les equipara en retribución y rango a viceconsejeros o directores, el mismo control que existe sobre los nombramientos de estos altos cargos, que se aprueban en Consejo de Gobierno y se publican. 'Es cierto que hasta ahora nadie lo ha pedido', añadió.
Oliveri rechazó también cualquier interpretación de su nombramiento en una consejería del PNV como indicio de un acercamiento a este partido, dada su incómoda situación dentro de EA, que le costó la secretaría general en su día y su puesto en el Ejecutivo en julio. 'Tomé la oferta de Inclán como algo meramente profesional, que me pareció más interesante que volver a mi puesto de funcionario en Educación', dijo.
Tampoco se sintió obligado a consultar ni comunicar su decisión a su partido. 'La oferta se me hace a mí, en función de un perfil profesional, no en mi calidad de afiliado a EA, por lo que me compete a mí personalmente y no tengo que comunicar nada a nadie', explicó.
La reacción de este partido fue de total sorpresa y frialdad respecto al efímero paso del ex consejero por Sanidad. Este episodio puede también tener como consecuencia la profundización de la ya poco confortable situación de quien fue secretario general de EA en su partido.
Polémica por la falta de regulación
Quiere la casualidad que la polémica que afecta a Oliveri en su tránsito del ámbito público a la actividad privada -ahora ya no sólo a causa de su paso por el Departamento de Sanidad, sino también por su previsto nombramiento como rector de la Universidad de Mondragón-, pusiera en el candelero en su día al también ex consejero del Gobierno vasco a quien está previsto que suceda en su cargo en febrero: Javier Retegi. Éste fue cuestionado por incorporarse a Mondragón Corporación Cooperativa cuatro días después de su cese como responsable de Industria. Muchos otros altos cargos, de todos los colores políticos, han pasado en veinte años sin cortapisa alguna de su actividad pública a la empresa privada, hubiera rozado ésta o no su responsabilidad anterior. La inexistencia de una regulación de las incompatibilidades tras el abandono del cargo público provoca el cuestionamiento, si no legal y jurídico, sí ético y estético, una y otra vez. La ley de Incompatibilidades vasca, que data del año 1983, establece limitaciones al desempeño del cargo público, pero no restringe las condiciones en que deba producirse la vuelta a la actividad privada. Tampoco lo hace la Ley de Gobierno. Fuentes jurídicas del ámbito público consultadas ayer reconocieron que ésta es una grave deficiencia de la legislación vasca y que la laguna de la inexistencia de un estatuto del directivo político como tal propicia estas situaciones. El Congreso de los Diputados aprobó en 1995 una normativa que restringe las posibilidades de los altos cargos en los dos años siguientes a su cese: no pueden ir a actividades sobre las que hayan resuelto expedientes, ni firmar contratos con administraciones y deben comunicar a un registro cualquier dedicación en esos dos años.
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