Frenazo a la nueva telefonía móvil

La compañía japonesa NTT DoCoMo, filial del ex monopolio telefónico japonés, ha desafiado al resto de operadoras de todo el mundo al iniciar la comercialización de los primeros terminales de tercera generación, que permiten a través del móvil la transmisión de datos e imágenes y el acceso a Internet a alta velocidad.

Este hecho ha supuesto una verdadera afrenta, en particular para las compañías europeas cuyo proyecto de UMTS (Sistema Universal de Comunicaciones Móviles, en inglés) se retrasará más allá de 2003. Pese a contar con el apoyo de las autoridades comunitarias, que ampararon el proyecto obligando a los Estados a la implantación coordinada de esta tecnología, el retraso se ha hecho inevitable, puesto que los fabricantes aún no disponen de equipos (redes y, sobre todo, terminales) que permitan una explotación comercial rentable.

En España, el lanzamiento se ha retrasado desde agosto de este año hasta junio de 2002

Pero los problemas tecnológicos no han hecho más que acentuar una crisis financiera provocada por el alto precio pagado por las más de 60 licencias adjudicadas por subastas o concursos públicos en Europa, que supusieron una recaudación para los Estados de 21 billones de pesetas y una deuda gigantesca para las operadoras de móviles.

Los bancos, ante esta situación de riesgo, han cortado drásticamente el grifo de los créditos, que el año pasado marcaron un hito, puesto que las compañías de telecomunicaciones consiguieron préstamos por 256.000 millones de dólares (276.465 millones de euros o 46 billones de pesetas), según datos del Banco Internacional de Pagos.

El estrangulamiento financiero ha llevado a muchas compañías a adoptar medidas inéditas, como la emisión de bonos a alto interés (France Télécom ha marcado el récord con una emisión de 18.200 millones de euros), la venta de activos (BT va a vender hasta la sede social) o el compartimiento de infraestructuras con los competidores (como ha hecho Telefónica en Alemania e Italia).

Las últimas noticias sobre el UMTS ofrecen un panorama desolador: las autoridades checas han reducido de cuatro a tres el número de licencias, pero sólo dos candidatos están dispuestos a pujar; el operador finlandés Sonera ha liquidado el consorcio con el que ganó una de las cuatro licencias en Noruega; Hungría ha pospuesto indefinidamente la concesión de licencias, y en Francia, donde sólo dos candidatos concursaron por las cuatro licencias, Vivendi amenazó (aunque luego rectificó) al Gobierno con no pagar el primer plazo de la licencia si no se rebaja el precio (4.950 millones de euros).

Ante este escenario, no es de extrañar que comiencen a alzarse algunas voces muy críticas contra las autoridades, como la del empresario Martin Bouygues, que rehusó concursar por una licencia en su país y ha declarado que los problemas que va a provocar esta 'calamidad europea' no han hecho más que empezar. El empresario francés culpa del desastre a la Comisión Europea y a los Gobiernos respectivos por conceder las licencias bajo condiciones absurdas y con el solo propósito de conseguir dinero, y los hace responsables de los miles de empleados que están perdiendo su puesto de trabajo.

España fue uno de los países pioneros en apostar por el UMTS, al adjudicar cuatro licencias (Telefónica Móviles, Airtel, Amena y Xfera) mediante un concurso fallado en marzo del año pasado. El proceso se produjo antes del boom recaudatorio británico -permitió ingresar 6,4 billones de pesetas- y alemán, que se saldó con 8,4 billones, por lo que el Ejecutivo español sólo obtuvo unos discretos 87.000 millones de pesetas. El concurso fijó el 1 de agosto de 2001 para el comienzo de las operaciones con esa tecnología, fecha que fue revisada recientemente y retrasada hasta el 1 de junio de 2002.

Todas las compañías dan oficialmente por buena esa fecha y aseguran que cumplirán con su compromiso de tener todo listo para arrancar con el UMTS 'siempre que la disponibilidad de la tecnología lo permita'. Esa coletilla justifica en la práctica un retraso indefinido del lanzamiento comercial, para el que las compañías ya se están adaptando.

En efecto, los operadores con presencia en el mercado (Telefónica Móviles, Airtel-Vodafone y Amena) han ralentizado al máximo el despliegue de la red de tercera generación, recortando las inversiones previstas o desviándolas hacia infraestructuras y equipos de GPRS, una tecnología intermedia que permite ofrecer muchas de las prestaciones del UMTS y que está llamada a convertirse en la estrella de la próxima campaña de Navidad, según fuentes de los operadores.

Telefónica Móviles, que prevé instalar 750 estaciones base, está haciendo pruebas en un centro de certificación, aunque aún no ha elegido los suministradores. Airtel estima que 50.000 millones de pesetas bastarán para comenzar a dar servicio, para lo que ha contratado el despliegue de red con Nortel, pero sin fijar fecha. Amena ha adjudicado contratos por 150.000 millones a Ericsson y Siemens en cinco años, pero se concentra, como sus competidores, en el despliegue de su red GPRS.

El caso de Xfera, el cuarto operador de móviles, es más preocupante, puesto que sólo tiene licencia para operar con UMTS. Acaba de advertir al Gobierno de que si no amplía esa licencia y le concede frecuencias propias que le permitan salir al mercado con las tecnologías actuales (GSM-GPRS), tendrá que congelar el proyecto hasta que esté disponible la tecnología, no antes de 2003. Están en peligro 600 puestos de trabajo y una inversión comprometida de más de un billón de pesetas.

En cuanto a los fabricantes de equipos, todos ellos dicen disponer de redes y terminales, pero ninguno ofrece datos concretos de despliegue ni se atreve a dar una fecha de salida comercial.