Misterios, sospechas y ocultaciones

En una sorprendente conjunción, Internet y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) han conseguido algo desconocido hasta ahora en España: elevar un correo electrónico al nivel de abrazo de El padrino; conferir a un simple e-mail resonancias de drama shakespeariano; documentar con detalle de fechas, horas y minutos la carrera hacia el abismo emprendida por el organismo regulador, a partir del 16 de abril de 1999, en el escándalo de Gescartera. En definitiva, ofrecer atisbos de una inmensa conspiración para frenar un escándalo que acabará por estallar este último verano.

Por ese abismo, al que se aproximaba hace dos años la CNMV a toda velocidad, se han despeñado ahora, de un solo golpe, 18.000 millones de pesetas, la credibilidad del organismo regulador, la del Gobierno que lo conformó y un buen puñado de carreras profesionales y personales, algo nunca igualado en otros escándalos político-financieros que ha vivido España, con excepción quizá del caso Banesto.

Se discutió la intervención en la CNMV, pero no se aprobó. Se coincidió en que la situación era muy grave y que había que vigilar de cerca a Camacho

Los balances cuadran, los requisitos se incumplen sin que suceda nada, la paz de las actas sigue reinando, hasta que el escándalo se destapa en julio de este año

Después de meses de enfrentamientos con Vives, Antonio Camacho logró por fin hacer que cuadrasen los balances de Gescartera. Se había escapado

'Querido David'. Eran las 9.09 del 21 de mayo de 1999. Antonio Alonso Ureba, uno de los principales protagonistas de esta historia, estaba sentado en su despacho de la cuarta planta de la CNMV, en el paseo de la Castellana de Madrid. Es un hombre ordenado, tal como ha declarado en el Congreso, y a esa hora solía despachar el correo pendiente del día anterior. 'Ya sabes que sólo me mueve ayudaros, y me parecía que estabais en un callejón sin salida del que cualquiera puede salir escaldado. Siento mucho si lo entiendes de otra manera. Te equivocarías'. Pulsó la tecla de enviar. Fracciones de segundo después, el texto llegó al ordenador de David Vives, director general de Supervisión, una piso más abajo.

La literalidad del mensaje es quizá decepcionante. Ni siquiera aparece la palabra fatídica: Gescartera. Pero el tono y el subtexto son claramente amenazadores. Hay un conflicto en marcha del que alguien puede salir escaldado. Cuidado. Alonso Ureba era secretario del consejo de la CNMV, director de sus servicios jurídicos y, según todas las fuentes consultadas, uno de los hombres más poderosos del organismo regulador, si no el que más.

Apenas 49 minutos más tarde, como mucho, Vives leyó el mensaje. El entonces director de Supervisión sabía que estaba inmerso en una batalla complicada. Unos meses antes, en diciembre de 1998, comenzó una inspección más o menos rutinaria a Gescartera, una sociedad propiedad de un hombre joven, Antonio Camacho, que tenía entonces 32 años. Aparte de las numerosas irregularidades que parecía presentar, Gescartera tenía dos características que la hacían especial: primera, un número elevado de sus clientes pertenecían a la Iglesia (arzobispados, congregaciones religiosas...), y segunda, su vicepresidenta, Pilar Giménez-Reyna, era hermana de un hombre poderoso, Enrique, a la sazón director general de Tributos en el Ministerio de Economía, a las órdenes del vicepresidente Rodrigo Rato. En tres meses de trabajo, Vives había descubierto que Camacho le engañaba, que sus clientes (incluyendo al principal, el arzobispado de Valladolid) ayudaban a ese engaño, que Gescartera tenía casi con toda seguridad un agujero de 4.500 millones de pesetas y que había empleados de los bancos que trabajaban con Camacho, que colaboraban en la gran ceremonia de la ocultación.

Pero todo eso no le había servido para lograr que un consejo extraordinario de la CNMV, reunido con urgencia el 16 de abril de 1999, se decidiese a intervenir Gescartera. Según todos los testimonios ante la comisión de investigación del Parlamento (excepto, curiosamente, el de Alonso Ureba), ese día se discutió la intervención. Unos dicen que Vives la propuso, y otros, que no, pero todos aceptan que se discutió. Tras la discusión, no se aprobó. Sí se coincidió en que la situación era muy grave y que había que vigilar muy de cerca a Camacho y los suyos. La orden fue 'reforzar la vigilancia' sobre Gescartera, en palabras de la propia CNMV.

Dear Anthony

A eso se dedicó desde el lunes 19 de abril David Vives. Pero en el mes que transcurre entre ese día y el 21 de mayo, en que leyó el correo de Alonso Ureba, la situación había dado un vuelco dramático. 'Dear Anthony', tecleó Vives a Antonio Alonso Ureba, 'creo que no me has entendido en absoluto, quizá porque partes de una base falsa; lo mejor será hablar cara a cara para que no quede ninguna duda y que todo quede claro para el futuro'.

Ya habían aparecido los primeros problemas. Si hasta el intento frustrado de intervención del 16 de abril de 1999 Vives había investigado Gescartera con total libertad, según su declaración ante el Congreso, a partir de ese día se encuentró con un muro impenetrable, con trabas desde dentro de la comisión, con una campaña de desprestigio. En definitiva, con una especie de conspiración para proteger a Camacho, de cuya existencia daban cuenta innumerables detalles.

El primero se produjo, sorprendentemente, la propia víspera del consejo extraordinario de aquel 16 de abril de 1999. Luis Ramallo, vicepresidente de la CNMV y ex diputado del PP, acudió al despacho de Enrique Giménez-Reyna en el Ministerio de Economía, acompañado de su jefe de gabinete, José María Ramírez. Se trataba de una reunión inusual. ¿Qué hacía el vicepresidente de la CNMV reunido con el director general de Tributos?

Ramallo explicó en el Congreso que trataba de buscarle empleo en la Administración a su jefe de gabinete. Pero fuentes próximas a la CNMV aseguran que Ramírez, por problemas familiares, necesitaba un puesto con más remuneración, algo que difícilmente iba a encontrar como funcionario. De hecho, meses después abandonó el organismo regulador y pasó a trabajar para un gran banco de inversión internacional. Y ese mismo día se produjo una de las grandes y misteriosas coincidencias entre los acontecimientos que comenzaban a desarrollarse en el seno de la CNMV y el dietario de Pilar Giménez-Reyna, la vicepresidenta de Gescartera. 'Reunión urgente del consejo de CNMV, aprovechando la ausencia del Vicep. y de los demás consejeros. Sólo estaba P. Valiente, que avisa rápidamente'. De hecho, a la reunión sí asistieron el vicepresidente y 'los demás consejeros', puesto que entre Ramallo, Pilar Valiente y José María Roldán lograron frenar la intervención. La 'ausencia' del vicepresidente se refiere a cuando se convoca la reunión, el día 15, que es cuando Ramallo no estuvo porque se encontraba con Enrique Giménez-Reyna.

Existen, pues, dos puntos de conexión, de momento, entre Gescartera, y la CNMV y el Gobierno. Además de la llamada de Pilar Valiente, Luis Ramallo se reunió con Giménez-Reyna, hermano de la vicepresidenta de la sociedad de Antonio Camacho. Enrique Giménez-Reyna, además, preguntaba a Pilar Valiente: '¿Cómo va lo de mi hermana?'. Se paró la intervención. Y dentro de la CNMV todo, lentamente al principio, y con más rapidez tal como transcurren los meses, comenzó a cambiar.

Para mediados de junio, el ambiente se había enrarecido hasta tal punto, que David Vives y su equipo comprendieron que se encontraban frente a un caso muy extraño. Desde el servicio jurídico, dirigido por Alonso Ureba, se bloqueaban requerimientos a clientes de Gescartera para tratar de investigar con más profundidad. Lo mismo sucedía con los bancos. Los inspectores comenzaban a desesperarse. El desánimo cundía. Los enfrentamientos menudeaban.

El 23 de junio, de nuevo a las 9.36 de la mañana, la hora a la que solía despachar su correo, Alonso Ureba escribió lo siguiente: 'Además de este tema, quiero aprovechar la ocasión para transmitiros que creo que es mejor bajar tensiones, os noto en los últimos días muy tensos, y creo que en los equipos no hay que crear fisuras, sino estar todos como una piña ayudando al presidente; lo que sucedió la semana pasada no tiene ninguna gracia'. Los destinatarios de este correo eran David Vives y el consejero José Manuel Barberán, de quien dependía en última instancia Vives. Barberán fue el consejero que, junto al presidente, Juan Fernández-Armesto, se había mostrado partidario de intervenir Gescartera en el consejo del 16 de abril. Armesto también recibió copia de este correo.

Pese a la conciencia del consejo de la CNMV del peligro que se estaba corriendo con Gescartera, la investigación no sólo no avanzaba, sino que, de hecho, quedó bloqueada. Alonso Ureba, un hombre de confianza de Pilar Valiente cuando ésta fue nombrada posteriormente presidenta de la CNMV, frenó inicialmente requerimientos de más información al arzobispado de Valladolid. Aunque luego cedió, presionado por Vives, volvió a oponerse a enviar cartas en el mismo sentido a otros diez clientes. También advirtió del peligro de molestar a los bancos.

Correo seco

En mayo, Vives escribió a Alonso Ureba y a Barberán un correo un tanto seco: 'Convendría que recordaras a Bankinter que, inter alia [entre otros], han emitido certificados falsos'. Era la respuesta a Alonso Ureba, que había advertido previamente que Bankinter se había quejado de las tareas inspectoras.

Sin dejarse impresionar, Alonso Ureba volvió a la carga en un correo al consejero Barberán. 'Por ejemplo, dice David que Bankinter ha emitido un certificado falso. Si eso fuera así [sí fue así], ¿qué haríamos para probarlo? ¿Vamos a empezar en ese caso también una pelea con Bankinter? ¿Con qué cobertura jurídica? Éstas y otras preguntas creo que hay que hacérselas cuando empecemos un camino'.

La situación se volvió irrespirable, y Vives pidió que se le relevase del caso, ya que consideraba que no tenía libertad para investigar a fondo a Gescartera. En ese caso, no deseaba asumir la responsabilidad de lo que pudiese suceder. Así lo solicitó al presidente Juan Fernández-Armesto en otro correo electrónico, el 15 de julio. Armesto contestó: 'Confirmo que la responsabilidad del tema Gescartera pasa al equipo ad hoc dirigido por Antonio Botella. Como jurídico actuará Jaime Pérez, y como técnicos, los que Antonio Botella designe'.

Se trató de un giro dramático. Vives, el director de Supervisión, el hombre que más sabía de Gescartera dentro de la CNMV, la persona que había descubierto los fraudes de Camacho, dejó el caso. A partir de ese momento las cosas empezaron a ir mejor para el broker de vida desenfrenada y su sociedad. Las alarmas en el consejo de la CNMV sobre Gescartera seguían encendidas, pero la presión, de repente, aflojó. De entrada, Antonio Botella, a quien se llamó de urgencia, interrumpió sus vacaciones y volvió apresuradamente a Madrid, sabía poco de Gescartera. Era jefe de Inspección y sólo más tarde, con el nombramiento de Pilar Valiente como presidenta de la CNMV, ascendería a director de Supervisión, el cargo que dejó libre precisamente David Vives al abandonar el organismo. La otra persona citada en el correo electrónico era Jaime Pérez Renovales, que había participado en el tema Gescartera como abogado del Estado en la CNMV y que a partir de ese 15 de julio formó parte de ese equipo especial, aunque brevemente. En octubre dejó la comisión y entró en el Ministerio de Economía, donde en julio de este año el vicepresidente Rodrigo Rato le nombró jefe de su gabinete.

Durante su responsabilidad, Botella tomó dos decisiones que, vistas en retrospectiva, se revelan como catastróficas. La primera fue cambiar lo que en la jerga de la CNMV se denomina fecha de corte. Se trata del 30 de noviembre de 1998, la fecha sobre la que David Vives había centrado toda su investigación. Vives estaba convencido de que si se apretaba lo suficiente sobre esa fecha, se podía demostrar que el dinero no existía. Cambiar la fecha puso el cuentakilómetros a cero y permitió a Camacho escapar del cerco. Vives advirtió de que se estaba cometiendo un grave error. Botella lo ignoró.

Botella declaró en el Congreso que nadie le empujó a cometer este error. Que lo decidió él sólo. Pero antes del 15 de julio, cuando asumió formalmente la responsabilidad del caso Gescartera, ya había alguien que estaba sugiriendo sutilmente que ése era el camino correcto. De nuevo, se trataba de Antonio Alonso Ureba.

'Creo que lo más importante', escribe en su e-mail del 23 de junio de 1999, 'es saber si con lo que han mandado cuadra o no el balance de Gescartera. En cuanto a lo que pasaba en noviembre o diciembre [la fecha de corte de Vives era 30 de noviembre de 1998], que no digo yo que no sea importante, por favor entenderme [sic] bien, creo que es secundario'. Ureba declaró en el Congreso el miércoles que jamás se había interesado, más allá de sus responsabilidades jurídicas, por la inspección a Gescartera.

Botella asumió que lo que dijo Alonso Ureba, efectivamente, era secundario, cambió la fecha de corte y Antonio Camacho logró, por fin, después de meses de enfrentamientos con Vives, hacer que cuadrasen los balances de Gescartera. Se había escapado.

Pero a pesar de estas facilidades, cortesía de la CNMV, la situación de Gescartera era tan grave que para solventar el problema Camacho tuvo que recurrir, de nuevo, a falsificar documentos bancarios. Ya lo ha hecho anteriormente. Vives le había pillado. Lo sabía el consejo de la CNMV. Lo sabía toda la casa. El máximo órgano de gobierno del organismo había ordenado vigilar estrechamente a Gescartera. Pero sucedió lo inimaginable. Botella dio por buenos certificados falsos de La Caixa entregados por Camacho, con los que se tapó un agujero de 4.000 millones de pesetas. Era noviembre de 1999.

Camacho vacía Gescartera

A partir de ahí, la suavidad de maneras de la CNMV con Camacho y Gescartera se acentuó. Durante la mayor parte del año siguiente las investigaciones prosiguieron sin descubrir nada grave. Camacho estaba vaciando Gescartera a toda velocidad, pero nadie lo detectó.

Las irregularidades de Gescartera continuaron a todos los niveles. Fuera y dentro de la CNMV. Fuera, el dinero seguía desapareciendo a velocidad de vértigo. Dentro, dos procedimientos sobre la sociedad de Camacho corrían en paralelo a buen ritmo: el expediente sancionador iniciado en 1999 y el ascenso a agencia de valores, aprobado por unanimidad del consejo de la CNMV en julio de 2000.

Antes, en mayo de 2000, María Teresa de Miguel, una técnica de la comisión ascendida posteriormente a subdirectora por Pilar Valiente, firmó una propuesta surrealista de sanción a Gescartera en la que, contra toda lógica, rebajó la calificación de 'muy grave' a 'grave', pese a considerar probados todos los cargos y basándose en un simple 'cambio de actitud' de Camacho. Con este informe encima de la mesa, el consejo aprobó en julio de 2000 una sanción irrisoria de diez millones, decidió no hacerla pública y acto seguido elevó Gescartera al rango de agencia de valores.

Mientras, lo que había desaparecido en la CNMV era la discrepancia interna, el rastro de correos electrónicos de la etapa anterior. Reinaba el silencio de los ordenadores. La historia se había reducido a la historia oficial. La verdad era sólo la verdad de las actas. En la CNMV se instaló la paz de los cementerios. A partir de ese momento resulta mucho más difícil reconstruir lo sucedido, aunque los documentos conocidos muestran una imagen espeluznante de los mecanismos de control de la CNMV.

En octubre, el Gobierno nombró presidenta de la CNMV a Pilar Valiente. Armesto dejó la comisión; Vives, también. Barberán, el consejero que les había apoyado, es apartado. Pilar Valiente y Antonio Alonso Ureba almorzaron con Camacho y con Pilar y Enrique Giménez-Reyna. Las últimas trabas se superaron sin problemas. Sin problemas, pero violentando todas las normativas. Pilar Valiente fichó como director de Entidades a Juan Carlos Basallote Ureba, primo de Antonio Alonso Ureba. Basallote, que era director de publicidad de Ponche Caballero y no poseía ninguna experiencia en entidades financieras, inscribió en el registro oficial a Gescartera como agencia de valores, tras un proceso rocambolesco en el que quedó claro, en papel con membrete de la CNMV, que Camacho no había cumplido las condiciones exigidas.

Los balances cuadran, los requisitos se incumplen sin que suceda nada, la paz de las actas sigue reinando, hasta que el estallido del escándalo en julio de este año destapa, finalmente y de forma brutal, la verdad. La verdad que las actas nunca recogieron.