Derecho y obligación
El secretario general del PP en Andalucía, Antonio Sanz, hacía unas declaraciones inmediatamente después de la celebración de la convención regional del PP el domingo pasado, en las que recurría al término 'legitimidad' para justificar la estrategia política que está poniendo en práctica su partido en nuestra comunidad con la finalidad del alcanzar el Gobierno. Es una 'ambición legítima', decía Antonio Sanz, pretender derrotar al PSOE en las urnas y ocupar el Gobierno de la Junta de Andalucía.
Es imposible no estar de acuerdo con esta afirmación del secretario general del PP. Dicho partido no sólo tiene el derecho a intentar derrotar al PSOE y convertirse en el Gobierno de Andalucía, sino que tiene la obligación de intentar hacerlo. Luchar por la conquista del poder es más que un derecho para un partido político. Es una obligación. Especialmente cuando se trata objetivamente de un 'partido de gobierno', es decir, de un partido al que los ciudadanos han colocado en posición de ser gobierno, auque en ese momento no lo sea. A esa confianza objetivamente depositada en el partido por los ciudadanos tienen que responder subjetivamente los dirigentes de dicho partido poniendo en práctica una estrategia que les permita ganar las elecciones y convertirse en Gobierno. Cuando no hacen esto están no solamente ejerciendo un derecho de manera desviada sino que están simultáneamente incumpliendo una obligación. Obligación no exigible jurídicamente, pero sí políticamente. Es sobre el cumplimiento de esta obligación sobre el que se pronuncian los ciudadanos en las elecciones.
En esta responsabilidad inmedita y directa en luchar por la conquista del poder es en lo que se diferencian los 'partidos de gobierno' de los que no lo son. IU y PA no son partidos de este tipo, aunque dispongan de programas de gobierno y aunque para los ciudadanos que los votan dicho programa sea mejor que el del PSOE o el del PP. Pues la condición de partido de gobierno no se tiene por voluntad propia, sino por decisión del cuerpo electoral. Un partido puede ser muy serio y disponer de un buen programa y de una excelente dirección y no ser un partido de gobierno. El PCE en los momentos iniciales de transición contaba con una dirección excelente y con un programa muy serio y, sin embargo, los electores el 15 de junio de 1977 lo situaron donde lo situaron. Y esa decisión es inapelable. Sólamente cuando los ciudadanos han puesto a un partido en condiciones objetivas de competir por ocupar el Gobierno, dicho partido adquiere tal condición. Partidos hay muchos, pero partidos de gobierno hay muy pocos. En Andalucía únicamente el PSOE y el PP lo son.
Quiere decirse, pues, que el canon con el que se ha de medir la conducta de los dirigentes políticos no es el mismo para todos. La conducta de los dirigentes de los partidos de gobierno es valorada con base en un canon mucho más exigente que la de los dirigentes de los partidos que no lo son. La dirección de un partido de gobierno no se puede permitir actuar como si no lo fuera. Para llegar a convertirse en Gobierno tiene que ser reconocida como tal antes de serlo. El reconocimiento social es previo al reconocimiento político. Únicamente cuando los ciudadanos reconocen a los dirigentes del partido de gobierno en la oposición como Gobierno, acaban dándole la mayoría para que pueda formarlo.
Aquí es donde reside el problema que tiene la dirección del PP. Nadie discute que tiene derecho a diseñar la estrategia que estime oportuna para llegar a ganar las elecciones y converirse en el Gobierno de la Junta de Andalucía. Lo que resulta discutible es que esté cumpliendo con la obligación que tiene de actuar de esta manera.
En lo que al ejercicio del derecho se refiere, nadie puede discutir la libertad de los dirigentes y militantes del PP para ejercerlo como les parezca más oportuno. En este sentido no se puede no estar de acuerdo con la afirmación del vicesecretario del PP, José María Pareja, de que cuando el PP convoca convenciones 'no hace más que ejercer un derecho democrático de reunión que tenemos los partidos para exponer a la sociedad nuestras opiniones' (EL PAÍS, 2 de octubre de 2001), sin que nadie pueda interferir en el ejercicio de tal derecho. Y menos que nadie el PSOE.
Pero en lo que al cumplimiento de la obligación se refiere, no son los militantes y dirigentes del PP los que tienen que pronunciarse, sino que somos los demás los que tenemos que hacerlos. Los dirigentes del PP pueden considerar que al ejercer su derecho están cumpliendo con su obligación como partido de gobierno. Pero los demás podemos pensar que no es así. Al final serán todos los ciudadanos en las próximas elecciones autonómicas quienes decididrán quién tiene razón, esto es, si hay coincidencia entre el ejercicio del derecho y el cumplimiento de la obligación o no la hay. Pero mientras llegan las elecciones, somos todos los que tenemos derecho a pronunciarnos sobre la forma en que entendemos que el PP está cumpliendo con su obligación.
Y tenemos derecho todos, porque nos afecta a todos. Un sistema político no puede funcionar sin que el partido de gobierno que está en la oposición cumpla con su obligación de ser alternativa de gobierno de manera correcta. Cuando esto no ocurre, el sistema político se bloquea y tiende a degenerar.
En mi opinion, esto es lo que está ocurriendo en Andalucía con la estrategia que está poniendo en práctica la dirección del PP. A veces tengo la impresión no de que el PP no se comporte como un partido de gobierno, sino que se comporta casi como un partido extraparlamentario. Hay cosas que se pueden decir en una asamblea de estudiantes, pero que no se pueden decir por dirigentes de partidos que pretenden ser reconocidos como portadores de una opción de gobierno. No se puede llamar 'fascista' al presidente de la Junta de Andalucía o 'mafioso' al director de RTVA. Esos calificativos acaban descalificando al que los pronuncia y acaban siendo percibidos como una expresión de impotencia.
