Los nueve primeros centros de atención social a inmigrantes abren en diciembre

La Comunidad tiene previsto abrir para diciembre los nueve primeros centros de atención social, jurídica y laboral a trabajadores extranjeros previstos en el Plan Regional de Inmigración. Así lo aseguró ayer el director general de Inmigración, Cooperación y Voluntariado, Tomás Vera, tras una reunión del Foro Madrileño de la Inmigración. Cinco centros estarán en Collado-Villalba, Majadahonda, Móstoles, Fuenlabrada y Alcorcón, y cuatro en la capital (Centro, Tetuán, Chamberí y Carabanchel).

La gestión de estos centros se adjudicará, mediante concurso público, a entidades privadas que recibirán 55 millones de pesetas para desempeñar su cometido. En ellos se ofrecerá orientación jurídica y laboral, así como apoyo social y psicológico. Cada uno dispondrá, asimismo, de 15 plazas de alojamiento y manutención, por un tiempo máximo de tres meses, para inmigrantes en situación de extrema necesidad. Todos estos locales, menos el del distrito Centro (un espacio municipal en la calle del Casino), deberán aportarlos las entidades que gestionen el servicio.

PSOE, IU, CC OO y UGT han criticado a la Comunidad por crear estos centros específicos para inmigrantes, gestionados por entidades privadas, en lugar de reforzar la red pública de servicios sociales para que pueda atender con eficacia a los numerosos inmigrantes llegados en los últimos años.

Pero Vera sale al paso de estas críticas: 'Serán los servicios sociales municipales los que deriven a los inmigrantes a estos centros cuando lo vean necesario porque precisen una atención jurídica, laboral o psicológica muy especializada en extranjería. Si, por ejemplo, lo que necesitan es el ingreso madrileño de integración (IMI), serán los servicios sociales los que se lo tramiten como se hace con todos los ciudadanos'. 'También los discapacitados acuden a los servicios sociales para que les deriven a centros especializados', concluye.

El plan prevé además para este año la apertura de una nueva casa refugio para mujeres maltratadas y de un centro de apoyo sociolaboral para inmigrantes latinoamericanas (ya existe uno para mujeres magrebíes). Según el director general, ambos recursos estarán también en marcha este año.

En Madrid, según datos ofrecidos ayer en el Foro, viven 325.000 inmigrantes, el 70% de ellos en la capital. Las comunidades más numerosas son la ecuatoriana, con unos 85.000 miembros empadronados, la colombiana (40.000) y la marroquí (35.000).

El 6,5% de la población de la región y el 7,3% de la capital es de origen extranjero. 'Una proporción muy alejada de la de otras ciudades europeas como Francfort (Alemania), donde el 30% de los ciudadanos proceden de otros países', señaló Vicente Riesgo, presidente del Foro y residente en Alemania.

En la reunión también fue aprobada por unanimidad una propuesta de la comisión de Educación del Foro en la que se reclama al Gobierno regional que aplique cuanto antes las disposiciones del nuevo reglamento de la Ley de Extranjería para los menores magrebíes que emigran solos a España. En ellas se establece que estos chicos deben ser documentados con un permiso de residencia si en nueve meses no han sido localizados sus familiares en Marruecos.

Repatriaciones difíciles

Hasta ahora, la Comunidad rehusaba solicitar a la Delegación del Gobierno la documentación de estos jóvenes por considerar que la prioridad era devolverlos junto a sus padres. Como las repatriaciones son difíciles porque los chavales se niegan a facilitar datos que ayuden a localizar a sus familias, éstos acababan quedándose en Madrid, pero sin papeles, y, por tanto, con menos posibilidades de trabajar e integrarse.

El Foro, en su propuesta, quiere que se tenga en cuenta, para tomar decisiones sobre cada chaval, a las entidades que trabajan con ellos (Paideia, Mercedarios, Fundación Tomillo y Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad). Todas insisten en que el permiso de residencia es básico para la inserción de estos jóvenes.

Por otra parte, la Delegación del Gobierno indicó que, de las 120.000 solicitudes presentadas en Madrid a la amnistía para inmigrantes sin papeles (finalizada el 31 de julio), por ahora sólo se ha resuelto un 15%, de las cuales un 9% han sido denegadas. El compromiso es resolver todos los expedientes para enero o febrero.