El Gobierno 'expropiará' las casas vendidas por encima del precio oficial en los nuevos barrios

El Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón se guarda un as en la manga para intentar impedir 'el fraude' en las viviendas protegidas de los nuevos barrios de Madrid, algo que los fiscales sospechan que ocurre en determinadas promociones. El vicepresidente regional y consejero de Obras Públicas, Luis Eduardo Cortés, afirma que está dispuesto a invocar el artículo 182 de la Ley del Suelo, aprobada el pasado 17 de julio, que le faculta para expropiara los promotores las viviendas protegidas que intenten vender o incluso hayan vendido ya por encima del precio oficial.

El vicepresidente y consejero de Obras Públicas admite que incluyó este precepto legal en la Ley Regional del Suelo para emplearlo como 'arma legal con el fin de evitar casos de trampa y fraude' de tipo urbanístico. Según Cortés, puede haber llegado el momento de emplear esta 'arma'.

La fiscalía de Madrid sospecha que detrás de algunas operaciones urbanísticas de los nuevos barrios de Madrid (entre ellos Arroyo del Fresno, en el distrito de Fuencarral) se esconden intereses especulativos. El Ayuntamiento, según la fiscalía, cede terreno para construir viviendas sociales a particulares y éstos, sin embargo, aumentan su precio para venderlas con las ventajosas condiciones de mercado libre.

La medida que quiere poner en práctica ahora Cortés consiste en que la Comunidad expropia a precio oficial la vivienda que el promotor intenta vender por encima de su valor legal. Después, Obras Públicas le revendería la casa al interesado por el precio exacto que marca la ley. Esto puede llevarse a cabo, según la Ley del Suelo, tanto con viviendas como con terrenos, estén construidos o no.

Transmisiones onerosas

El artículo 182 de la Ley del Suelo confiere a la Comunidad la posibilidad de ejercer los derechos de tanteo y retracto en determinados casos. En concreto, el punto quinto de este artículo establece que se podrá ejercer este derecho en las 'transmisiones onerosas de bienes inmuebles, sean terrenos, construcciones o edificaciones, así como la constitución y transmisión igualmente onerosas, de derechos reales sobre los mismos, que se realicen en los terrenos y edificaciones que, por su calificación urbanística, deban destinarse a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública'.

El derecho de tanteo (adquisición por parte de la Comunidad del inmueble antes de su venta o construcción) y el de retracto (adquisición cuando ya ha sido vendido o construido a un tercero) permite al Gobierno regional adquirir el terreno o vivienda protegida por el precio que marca oficialmente el Ministerio de Fomento.

Fomento establece, mediante un sistema de módulos, el precio máximo que pueden pagar los compradores de estas viviendas oficiales a sus constructores (entre 14 y 20 millones, dependiendo de sus metros). El precio o módulo sufre algunas modificaciones finales a causa de diversas variables que puede establecer la Comunidad.

'Pero se puede dar el caso', explica Cortés, 'de que el constructor intente aumentarlo con la justificación, real o no, de que el precio del suelo se ha incrementado. Para evitar estas situaciones de indefensión para los compradores o cooperativistas se incluyó en la Ley del Suelo el derecho de tanteo y retracto'.

Los promotores, con el fin de aumentar el precio, suelen incluir mejoras extras que no contempla la legislación: trasteros, piscinas, grandes zonas ajardinadas...

Sin denuncias

Cortés admite que no ha ejercido nunca este derecho de tanteo y retracto en ninguno de los nuevos barrios que ha diseñado el Ayuntamiento de Madrid. 'Nadie ha denunciado un aumento del precio de las viviendas. Ante la falta de denuncias, nunca ha hecho falta ejercerlo. Pero, si alguien cree que se intenta aumentar el precio final sin justificación, estamos dispuestos a hacer valer la ley', señala el vicepresidente del Gobierno regional.

El consejero recuerda que, a pesar de los supuestos intentos de fraude que se pueden originar en las promociones públicas, la Comunidad de Madrid supervisará que al menos el 50% de las viviendas que se construyan en los nuevos desarrollos cuenten con algún tipo de protección oficial.

'Cuando se firmaron los convenios urbanísticos de los nuevos barrios', concluye Cortés, 'el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid acordaron que la mitad de las viviendas fuesen públicas, anticipándonos a lo que la Ley del Suelo, que se aprobó en julio, iba a exigir en todo Madrid'.