Santana fuerza el fin de la negociación laboral al presentar 451 despidos

La dirección de Santana Motor puso ayer fecha de caducidad a la negociación que mantiene con los sindicatos para cerrar el plan de reestructuración de la empresa automovilística, cuyo capital está en manos de la Junta de Andalucía. Santana, que perdió 7.082 millones en 2000, presentó por la mañana el expediente de extinción de 451 puestos de trabajo relacionados con las líneas de negocio que va a privatizar la factoría de Linares (Jaén). El expediente debe ser resuelto en un mes, plazo límite para salvar la negociación entre dirección y sindicatos.

El Plan de Acción de Santana diseñado por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), empresa pública autonómica que posee el 99% del capital, prevé una drástica reducción de la plantilla (de 1.651 empleados a 631) y la privatización de nueve áreas de trabajo, que aglutinan el 60% de los activos. El plan contó en febrero con el respaldo inicial de los sindicatos, pero la negociación se ha estancado: el comité de empresa exige que la Junta garantice que los trabajadores que dejen Santana para incorporarse a las líneas privatizadas no vean mermadas sus condiciones laborales, algo que el Gobierno andaluz no parece dispuesto a aceptar.

El plan de reestructuración preveía que el pasado 30 de septiembre se iniciara la extinción de los contratos afectados por la privatización (612 trabajadores se acogen al plan de prejubilaciones y bajas incentivadas financiado por la Junta), pero los sindicatos arrancaron un nuevo plazo de cuatro días, que terminaba ayer. Y la dirección de Santana se plantó. 'Tras 200 horas de negociación, hemos presentado un expediente de extinción de 451 puestos de trabajo, como estaba acordado por el plan que firmaron la Junta y los sindicatos', anunció en conferencia de prensa el presidente de la empresa automovilística, Salvador Durbán.

El presidente de Santana Motor aseguró que la empresa está dispuesta a aceptar algunas de las exigencias sindicales para salvaguardar las condiciones de los trabajadores externalizados, como la garantía de que las nueve empresas que adquirirán las áreas de negocio privatizadas no podrán forzar la movilidad geográfica de estos trabajadores o que se someterán al convenio del metal de la provincia de Jaén. Además, la Junta, que se gastará 9.000 millones en el plan de reestructuración, indemnizará con 2,5 millones a estos empleados (7,5 millones si las empresas no igualan las condiciones salariales de Santana).

Pero Durbán también advirtió de que Santana no aceptará otras dos exigencias de los trabajadores: 'No podemos completar el salario de los externalizados para que iguale al que ahora cobran en Santana ni podremos extender cualquier medida laboral que se aplique en la empresa a estos trabajadores durante los primeros 20 años', como plantean los sindicatos. El presidente de Santana calificó estas medidas de 'ilegales' e 'irrealizables'.

El presidente del comité de empresa, Juan Salazar, consideró una 'cobardía' el anuncio de Durbán y adelantó que los trabajadores 'responderán con contundencia' a la negativa de la Junta de Andalucía a aceptar sus reivindicaciones para los empleados que pasarán a las líneas privatizadas. Por lo pronto, unos 300 trabajadores cortaron por la tarde durante una hora la carretera N-IV a la altura de Guarromán (Jaén).