Una auditoría niega desvío de fondos en el plan de empleo de Cádiz, pero detecta anomalías en algunas contrataciones
Un informe de la empresa CAP Auditores SL niega que haya habido desvío de fondos en el Plan Territorial de Empleo de Cádiz (PTE), dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía, aunque sí ha detectado irregularidades en la contratación de tres personas por parte del alcalde de San Fernando, el andalucista Antonio Moreno.
Según recoge la auditoria, Moreno, entonces presidente de la Mancomunidad, empleó un procedimiento que 'no garantiza el cumplimiento de uno de los principios básicos de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, como es la publicidad'.
Moreno contrató al hijo de un amigo personal, al yerno del secretario del Ayuntamiento de San Fernando y a la hija de su chófer sin concurso público, lo que ha propiciado el reproche de la auditoría. Este informe de CAP Auditores confirma la denuncia del anterior gerente del PTE, Jorge González Aznar, quien acusó a Moreno de contratar a tres personas de su entorno para cubrir las plazas previstas para el Punto de Información Europea (Info-Point), dependiente del plan de empleo e instalado en la Escuela de Empresas de San Fernando.
Esta auditoria fue encargada por todos los socios del PTE (los ayuntamientos de El Puerto de Santa María, Cádiz, Puerto Real, Chiclana, San Fernando, Rota y Jerez; la Confederación de Empresarios de Cádiz; los sindicatos UGT y CC OO; la Diputación gaditana, y la Universidad de Cádiz) después de que González Aznar denunciase, tras ser despedido, la existencia de supuestas irregularidades en la gestión de los fondos del pacto.
La auditoria niega este desvío y localiza las anomalías en las bases de las convocatorias y las baremaciones, así como en el procedimiento seguido en algunas adjudicaciones y contrataciones.
El informe rechaza otras denuncias de González Aznar contra la gestión de fondos de UGT, las partidas de formación de los ayuntamientos de Chiclana y San Fernando y una academia de enseñanza de la Universidad de Cádiz. Todos los socios del PTE disponen desde ayer de una copia de la auditoría que analizarán, el próximo martes, en la Junta General de la Mancomunidad de la Bahía de Cádiz y del Consejo Rector del Consorcio del Pacto.
El informe de CAP Auditores recoge que el Ayuntamiento de Puerto Real incumplió un convenio de colaboración con la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz al no 'rendir cuentas' sobre dos proyectos de informática, con un presupuesto de 135 millones de pesetas. Según la auditoría, el Ayuntamiento de Puerto Real delegó incorrectamente en la empresa municipal de informática 'las obligaciones de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas ante la Mancomunidad'.
Asimismo, la auditoría hace una recomendación sobre la concesión a Unicaja de la financiación del PTE (7.000 millones de pesetas). La empresa señala que habría sido 'conveniente promover cierta concurrencia y solicitar ofertas a varias entidades financieras al objeto de obtener las mejores condiciones, de lo cual no existe constancia de que se hiciera en este caso' .
