El PSOE acusa de 'prevaricación' al consejo del 16 de abril de 1999

El diputado socialista Juan Fernando López Aguilar asegura que lo peor que pudo ocurrir el 16 de abril de 1999 no es que se discutiera la intervención de Gescartera y, ante la falta de consenso, se buscara una fórmula para seguir investigando sin descartar una futura intervención. Lo peor, a su juicio, es que después de escuchar el informe de David Vives ningún consejero de la CNMV propusiera la intervención, ni el secretario, Antonio Alonso Ureba -como 'prestigioso jurista'- recordara a los presentes que la ley obliga a hacerlo.

'Si nadie en ese consejo extraordinario propuso intervenir Gescartera tendrían que estar todos en la cárcel', aseguró López Aguilar. Argumentó que la situación descrita por el Informe Vives lo exige para cumplir el artículo 31 de la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito (que es la norma aplicable a las empresas de servicios de inversión para esta medida).

'Hasta ahora, todas las lecturas jurídicas que se han hecho de lo que ocurrió aquel 16 de abril son sesgadas y ocultan el deber de intervenir'. López Aguilar dice que, hasta ahora, sólo se ha leído el primer punto del artículo 31, que obliga a hacerlo cuando existe un descuadre patrimonial. Pero también hay que tomar esa medida, según el punto 2 del mismo artículo, cuando hay 'indicios fundados' de que eso ocurre, respaldados porque 'la verdadera situación de la entidad no puede deducirse de su contabilidad'. Según este diputado socialista, que es catedrático de Derecho Constitucional, 'hay que intervenir si es imposible asegurar que está el dinero'. Y, añade: 'Si, además, hubiera certeza de que falta el dinero, habría que poner el caso en conocimiento de la Fiscalía'.

Decisión posterior

Esto fue, precisamente, lo que ocurrió en junio de este año. La CNMV intervino Gescartera el día 14 'ante la imposibilidad de conocer la situación económico financiera en la que se encuentra la sociedad'. Y el día 29, cuando ya tuvo la certeza de que faltaba dinero, remitió el expediente a la Audiencia Nacional.

Con este análisis, López Aguilar mantiene que si el consejo del 16 de abril discutió la intervención pero no llegó a decidirla, 'sólo estaríamos ante un delito de negligencia', pero si ningún consejero propuso la intervención 'el caso sería de prevaricación'. Y el principal responsable de esa prevaricación, para el PSOE, sería el secretario, Antonio Alonso Ureba, como 'máximo responsable jurídico'. Aguilar añade que Vives no era quien, además, para proponer formalmente la intervención porque, según la misma legislación, esta decisión supera las competencias de un funcionario público.

El miércoles, en su última pregunta a Alonso, el diputado socialista le espetó: '¿Usted, gran profesional del Derecho, ha tenido dificultades para recordar un artículo relevante para el desempeño de su trabajo, el artículo 31?'. Alonso no le contestó.