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Los 2.000 escoltas en activo convocan una huelga para el día 15 por el intrusismo y la escasa formación

Oriol Güell

Más de un millar de políticos, empresarios y miembros de colectivos amenazados por el terrorismo u otras violencias podrían quedarse el próximo 15 de octubre sin sus escoltas privados. Esta es la amenaza que ha lanzado este colectivo a las empresas de seguridad porque, en su opinión, incumplen la normativa en puntos como la formación, por su escasa beligerancia con el intrusismo que sufre el sector y por los bajos salarios. Los escoltas también tienen previsto manifestarse ante el Congreso para publicitar sus demandas.

La medida ya fue aprobada el pasado jueves por la asamblea de de la Asociación Española de Escoltas (Ases), a la que asistieron 200 profesionales en Madrid. Hoy está prevista una segunda reunión en San Sebastián, en la que asistirán escoltas de esa asociación y de la Asociación de Escoltas del País Vasco. Ambas organizaciones, que están estudiando su fusión, agrupan a 500 de los 2.000 profesionales que trabajan en España.

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La Ases mantiene negociaciones con el Ministerio del Interior y con la patronal sin que por el momento se hayan acercado posturas. 'La actitud de las empresas es de especial cerrazón', lamenta Vicente de la Cruz, presidente de la Ases. Esta situación multiplica 'el peligro diario que corren los escoltas y las personas protegidas, ante el incumplimiento de las obligaciones de formación que las empresas de seguridad tienen con sus empleados', explica De la Cruz.

La Ley de Seguridad Privada, de 1992, establece que el servicio de escolta privado deberá ser contratado a través de empresas de seguridad. Éstas están obligadas a impartir a sus empleados la formación necesaria, 'algo que casi ninguna empresa cumple adecuadamente', según De la Cruz. El colectivo también protesta por el intrusismo que sufren por parte de algunos miembros o ex miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que 'sin que el sector ni Interior hagan nada'.

Las empresas de seguridad, que cobran más de un millón de pesetas mensuales por servicio, remuneran a los escoltas con unas 130.000 pesetas mensuales, afirma la Ases. 'Las empresas acaban siendo intermediarios', afirma De la Cruz. La Ases propone que la normativa permita que los escoltas ofrecezcan sus servicios como trabajadores autónomos e incidir en la formación como medidas para arreglar la situación.

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Sobre la firma

Oriol Güell
Redactor de temas sanitarios, área a la que ha dedicado la mitad de los más de 20 años que lleva en EL PAÍS. También ha formado parte del equipo de investigación del diario y escribió con Luís Montes el libro ‘El caso Leganés’. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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