El fiscal pide a un juez que investigue la venta de suelo público para pisos baratos

La fiscalía de Madrid ha entregado al Juzgado de Instrucción 36 un informe según el cual se están produciendo graves casos de especulación con los terrenos municipales que salen al mercado para construir casas baratas. Este juzgado investiga una denuncia por una operación efectuada en los terrenos que el Ayuntamiento vendió en 1997 por 200 millones a particulares para construir el nuevo barrio de Arroyo del Fresno (Fuencarral). Según este informe, el solar fue vendido y revendido el mismo día, encareciendo su precio en 272 millones. La fiscalía sugiere al juez que extienda su investigación 'a todas las promociones públicas de vivienda tasada del Ayuntamiento de Madrid', ante la sospecha de que hay 'abusos'.

El PSOE criticó hace dos años en la Asamblea de Madrid la ineficacia de vender barato suelo público a particulares como mecanismo para promover la construcción de viviendas de precio tasado (más baratas). Los socialistas, partidarios de una mayor implicación de la Administración pública en estas operaciones urbanísticas, denunciaron que tales pisos, a la postre, terminan vendiéndose a similares precios que los de libre mercado.

La fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid cree saber cuál es el motivo por el que las teóricas casas de protección que impulsa el Ayuntamiento de Madrid, del PP, son adquiridas finalmente a precios de mercado. Según el citado informe, una vez que el Ayuntamiento cede o vende solares a particulares, éstos efectúan 'operaciones' supuestamente 'especulativas' que encarecen el suelo y elevan el precio de las futuras viviendas.

El Ayuntamiento suele usar la figura de la junta de compensación para fomentar la creación de viviendas asequibles y sacarlas al mercado en condiciones ventajosas. Es decir, ofrece suelo a los particulares y se desentiende del resto de gestiones. La Comunidad, en cambio, suele apostar más por la figura del consorcio, lo que le permite ser parte activa en la distribución y control del suelo.

Uno de esos supuestos casos de especulación está ya en manos del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid, que dirige el magistrado Eduardo Clavería. La Sección de Delitos Económicos de la fiscalía se ha personado como parte en la investigación y le ha enviado un informe con sus pesquisas sobre este asunto.

Maniobras

Para aclarar lo ocurrido en Arroyo del Fresno, el juez ha abierto las diligencias 3056/2001, que se refieren, según el informe de la fiscalía, 'a unas maniobras especulativas ocurridas en el desarrollo y ejecución del PAU (Programa de Actuación Urbanística o nuevo barrio) de Arroyo del Fresno'. Estas 'maniobras estriban en que determinados promotores inmobiliarios (...) conciertan con el Ayuntamiento de Madrid determinadas condiciones y efectúan maniobras especulativas que en la práctica suponen una alta elevación del precio de las viviendas para los consumidores'.

El ministerio público cree haber encontrado una explicación al encarecimiento del suelo del PAU de Arroyo del Fresno. Según el citado informe, el Ayuntamiento entregó al promotor Carlos Pinilla, 'a cambio de 200 millones de pesetas', un solar para que levantase viviendas, con la condición de que parte de ellas fueran vendidas a precio tasado. El Consistorio Entregó ese terreno a Pinilla en su calidad de presidente de la junta de compensación creada para desarrollar ese barrio.

La fiscalía subraya, dentro del contexto de la explicación de este tipo de operaciones, que algunas personas 'acceden a los cargos' de miembros de juntas de compensación 'sin el obligado requisito de disponer de la propiedad mayoritaria' de los terrenos.

Tras recibir el suelo, la junta de compensación lo vendió por el mismo dinero (200 millones) al constructor Lorenzo Sanz, ex presidente del Real Madrid. 'Y ese mismo día' [el 27 de marzo de 1998, según las escrituras], Sanz 'lo revendió a Pinilla', quien en esta ocasión actuaba como 'representante de una cooperativa de funcionarios para viviendas de precio tasado, por 472 millones'. La fiscalía entiende que esta operación -'sin duda fraudulenta desde el punto de vista mercantil', según indica el informe- tiene 'un difícil engarce penal'. No cabe catalogarla como prevaricación, ya que Pinilla 'no es un funcionario público cuando actúa como presidente de la junta de compensación', y tampoco como estafa, puesto que los clientes de las futuras viviendas conocen el precio de las mismas cuando optan por comprarlas, razona la fiscalía.

No obstante, el ministerio público advierte de un posible fraude fiscal en estas operaciones, como le ha comunicado la Agencia Tributaria. Por ello, pide al juez que la investigación no se detenga en el caso de Arroyo del Fresno, sino que se extienda 'a todas las promociones públicas de vivienda tasada que se están desarrollando en Madrid', en las que se están observando 'abusos' que a la postre generan 'extracostes de los pisos' y exigencia de dinero a los clientes que en general las promotoras no declaran al fisco. Todo ello está provocando 'un encarecimiento muy importante de las promociones' públicas de viviendas.