Rajoy consulta para indemnizar a la familia de Muguruza como víctima del terrorismo

El vicepresidente primero y ministro del Interior, Mariano Rajoy, ha consultado al Consejo de Estado la posibilidad de que los herederos de Josu Muguruza, dirigente y diputado de HB asesinado por la extrema derecha en noviembre de 1989 en el Hotel Alcalá, de Madrid, se beneficien de la indemnización que otorga la Ley de Víctimas del Terrorismo. Rajoy, cuya decisión ha tenido que vencer resistencias en el sector más conservador de su ministerio, basa su consulta en 'la complejidad de los problemas jurídicos debatidos'.

El expediente de reclamación de la indemnización que concede la Ley de Víctimas del Terrorismo a los familiares de los asesinados por bandas terroristas fue rechazado en octubre de 2000 a la familia de Josu Muguruza. La Comisión de Evaluación del Gobierno rechazó la aplicación de la Ley de Víctimas del Terrorismo con el argumento de que la sentencia judicial del caso Muguruza no atribuía su asesinato a banda armada. La cifra indemnizatoria, por asesinato terrorista, es de 23 millones de pesetas.

La familia de Muguruza recurrió la resolución denegatoria de la Comisión de Evaluación del Gobierno en un momento en que el Ejecutivo zanjó los últimos casos pendientes. Rajoy consultó este caso con los socialistas en una reunión del Pacto Antiterrorista. El representante del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba apoyó a Rajoy para que elevase la consulta al Consejo de Estado con el ánimo de lograr una resolución favorable. Dicha resolución será pública en las próximas semanas.

El Consejo de Estado mantiene una posición más flexible que los tribunales en este tema. Estos últimos, al aplicar estrictamente el Código Penal en la calificación del acto terrorista, no tipifican como tales los que no están ejecutados por banda armada.

El 'caso Corona de Aragón'

El Consejo de Estado ha roto esta regla en varias ocasiones. El precedente más llamativo se refiere a la muerte de 78 personas, cadetes de la Academia Militar de Zaragoza y familiares de éstos, en el incendio del Hotel Corona de Aragón, en 1979. Dicho incendio nunca fue reivindicado, aunque las investigaciones policiales concluyeron que pudo ser obra de algún grupo terrorista. El Consejo de Estado resolvió a favor de que las familias cobrasen indemnización por las consecuencias de unos 'hechos violentos'.

Otro precedente más cercano es la resolución favorable de la Administración para los familiares de los dos ertzainas asesinados por un militante de HB, Mikel Otegi, en su caserío de Itsasondo (Guipúzcoa) en 1996. La comisión de evaluación también se ha pronunciado a favor de la familia Galarraga Castelló, que en agosto pasado fue víctima de un juguete-bomba, cuya autoría aún no se ha esclarecido, que acabó con la vida de la abuela y causó gravísimas secuelas a su nieto en San Sebastián.

La diputada del PNV Margarita Uría confía en que 'el portillo legal que ha abierto el Consejo de Estado con la calificación de 'hechos violentos' sirva para otros casos que se plantearon en el debate de la Ley de Víctimas del Terrorismo en el Congreso, en junio de 1999'. Uría cita expresamente la muerte de cinco trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976, tras una carga de las Fuerzas de Orden Público, la de dos trabajadores en una manifestación en Erandio (Vizcaya) en 1969, y la de Normi Mentxaka, en Santurtzi (Vizcaya), en julio de 1976, al final de una manifestación a favor de la amnistía, como consecuencia de un disparo atribuido a un ultraderechista pero que no fue reivindicado.

La Administración está terminando de resolver los casos pendientes. El plazo para acogerse a la ley por atentados ocurridos antes de su entrada en vigor finalizó en abril de 2000, pero sigue abierto para víctimas de hechos posteriores. El balance de las resoluciones favorables incluye a 17 familiares de asesinados por los GAL, entre ellos los de Xabier Galdeano, ex consejero del diario Egin, y los del ex dirigente de HB Santi Brouard. También incluye a los familiares de los 20 asesinados en el atentado de Yihad Islámica contra el restaurante El Descanso, en Torrejón de Ardoz (Madrid) en 1985. Otros 12 casos se atribuyen a Al-Fatah y al 'terrorismo árabe'. Pero las 802 víctimas de ETA son el mayor colectivo de afectados.