Toulouse no asusta a las químicas andaluzas
Empresas y Administración estiman que el riesgo de accidentes graves por sustancias peligrosas es muy reducido
Cuando el 26 de mayo de 1985 la explosión de dos barcos petroleros en el pantalán de la refinería que la compañía Cepsa tiene en San Roque (Cádiz) causó más de treinta muertes, el entonces presidente de la Junta, José Rodríguez de la Borbolla, lamentó que Andalucía careciera de sistemas de seguridad para evitar ese tipo de catástrofes. En los 15 años transcurridos desde entonces la situación ha experimentado un vuelco. La tragedia vivida hace 10 días en Toulouse (Francia) por la explosión de una fábrica de fertilizantes, ha sugerido una lógica revisión del estado de la cuestión en cada territorio.
En Andalucía existen unas 60 industrias que utilizan sustancias químicas peligrosas, en su inmensa mayoría localizadas en Huelva, Campo de Gibraltar y Sevilla, que están sujetas a una estricto entramado normativo estatal y autonómico. Los estudios conocidos hasta ahora indican que en Toulouse no se tomaron todas las medidas de seguridad pertinentes y que la planta estaba casi obsoleta.
En las instalaciones industriales donde se utilizan sustancias altamente peligrosas, nunca se puede descartar un accidente de ese tipo, pero si ocurriera ahora nadie podría entonar ya el lamento de Rodríguez de la Borbolla. Y si se tiene en cuenta la legislación en vigor, es más que probable que las hipotéticas causas ocultaran un incumplimiento de la normativa de seguridad.
'Es lógico que un accidente así provoque una cierta inquietud en la población, igual que cuando hay un accidente de avión se produce una cierta prevención a volar, pero a las industrias no nos alarma porque conocemos las medidas de seguridad que tenemos', señala el gerente de la Asociación de Industrias Químicas de Huelva, Juan Manuel Díaz del Valle. Y explica además que las industrias químicas 'han sido de las más avanzadas en la prevención de riesgos laborales'.
El director general de Industria, Energía y Minas de la Junta, Jesús Nieto, no tiene dudas de que la normativa en vigor establece 'suficientes métodos de seguridad para la industria que emplea sustancias peligrosas', aunque admite que se han detectado nuevas sustancias que pueden provocar accidentes y que no están tipificadas dentro de la normativa que determina un catálogo de las consideradas peligrosas, por lo que la Unión Europea prepara nuevas directivas reguladoras.
Este tipo de industrias están obligadas a notificar las sustancias peligrosas con las que trabajan y en qué cantidades las tienen almacenadas, de las que existe un registro en las delegaciones provinciales de la consejerías de Empleo y Desarrollo Tecnológico. También deben tener elaborados programas de prevención de accidentes graves, y planes de emergencia interior y exterior que tienen que someterse a información pública y que deben ser probados periódicamente; así como disponer de infraestructuras de seguridad.
Nieto está convencido de que 'en principio todo accidente puede ser evitado si se han tomado todas las medidas de seguridad suficientes', pero también cree que no basta solamente con cumplir la normativa, y que es pertinente la modernización de las instalaciones y equipos, y algo que considera 'tan difícil' como trasladar las instalaciones industriales para tenerlas lo más aisladas posible de núcleos urbanos y otras infraestructuras de tal forma que disminuya al máximo el posible efecto dominó.
En este aspecto ponen énfasis las organizaciones ecologistas, quienes advierten además sobre los riesgos medioambientales de las industrias químicas y los efectos que las emisiones que producen pueden tener para la salud de la población.
También para el director del Centro de Emergencias Regional (Cecem) de Huelva, Francisco Huelva, aspectos como las emisiones de humos o vertidos son los que más preocupan a los ciudadanos, que, según su apreciación, no les resulta tan inquietante la posibilidad de accidentes como el de Toulouse. Quizá sea, dice, porque están acostumbrados a convivir con estas industrias, y recuerda que en los 35 años de historia del Polo Químico de Huelva nunca ha habido un accidente grave.
Sí admite Francisco Huelva que lo delicado de la cuestión exige, además de las medidas de seguridad, un buen sistema de información que contribuya a crear tranquilidad. Por ello destaca la importancia del Centro de Información y Decisión medioambiental, que permite tener controlado en cada momento las emisiones al aire y al agua, o el compromiso que tienen todas las industrias del polo onubense de comunicarse entre sí y al Cecem cualquier incidencia que tengan, como por ejemplo una enfermedad de un trabajador que requiera que una ambulancia acuda a una de estas empresas.
La Colonia del miedo
Si hay algún lugar donde la industria química atemoriza a la población es La Colonia, un pequeño poblado en el término municipal de San Roque incomprensiblemente rodeado por la refinería Gibraltar de Cepsa, y situado apenas a 100 metros del punto en el que el 26 de mayo de 1985 explotaron dos buques petroleros que descargaban crudo en el pantalán de la fábrica. Algunos de los cadáveres flotaron hasta la pequeña playa de La Colonia, encajonada entre una tubería de refrigeración de una central térmica de Sevillana, al este, y el muelle de Cepsa, al oeste. 'Vivimos con miedo', se lamenta Emilia Boza, presidenta de la asociación de vecinos, quien relata, entre otras incomodades, el constante olor a petróleo, las lluvias de ceniza, el constante polvo negro y los continuos sobresaltos que producen los fuertes ruidos de las válvulas de presión que a veces, dice, parecen verdaderas explosiones. 'Una no se acostumbra, y ese es el problema, oimos ruidos que nos parecen normales, pero que no sabemos en realidad lo que son', cuenta. En los pocos vehículos aparcados en la barriada se aprecia la huella de las emisiones. Muchos están picados o manchados de partículas que sus propietarios aseguran son imposibles de limpiar. Y en los tendederos, la ropa corre el riesgo de quedar agujereada. La Colonia de Puente Mayorga sigue habitada por 65 familias pese a que tras aquel fatídico 26 de mayo de 1985 las administraciones se comprometieron a trasladar a los vecinos a otro lugar. La promesa quedó en el olvido, hasta que el proyecto de Cepsa de construir una central térmica al otro lado del muro, no a más de 50 metros de la barriada, ha permitido aumentar la presión. El Ayuntamiento ya ha anunciado el inminente comienzo de las obras de las nuevas viviendas en la zona próxima de Villa Victoria. Laura González, de Ecologistas en Acción, se queja del abandono de la administración y muestra una comunicación del Defensor del Pueblo amparando su petición a la Junta para que se realice un estudio epidemiológico en la zona que permita conocer los riesgos reales que corre la población.
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