Vecinos de Retiro, contra las obras de construcción de un centro municipal

Las obras que la Junta Municipal de Retiro ha iniciado en una parcela ubicada entre las calles del Can Menor y del Pez Austral (barrio de La Estrella) para levantar un 'centro multifuncional' han puesto en pie de guerra a un grupo de vecinos del barrio. Éstos acusan al Ayuntamiento de construir un edificio 'ilegal'. Afirman que su estructura no respeta la distancia de separación mínima -siete metros- con sus casas.

La concejal del distrito, María Dolores Navarro, del PP, asegura que la edificación cumple con todos los parámetros legales y está convencida de que 'no molestará' a los vecinos (unos 60). Éstos discrepan. Aparte de vulnerar la distancia de separación, afirman que la nueva edificación restará luz a sus viviendas. Según las normas urbanísticas de Madrid, entre un edificio y otro debe mediar un mínimo de siete metros de separación.

El conflicto suscitado entre estos vecinos y la Junta de Retiro se inició hace un año, cuando supieron que el Ayuntamiento iba a crear el citado centro multidisciplinar sobre una parcela de 1.408,75 metros cuadrados cercana a sus bloques de viviendas. Entonces, los afectados denunciaron que, tal como estaba prevista la edificación, constituía un serio obstáculo para el acceso de los bomberos en caso de incendio. La concejal Navarro atendió esta queja y transformó el proyecto. Pero, aun así, el malestar vecinal continúa. 'Parece que la idea de construir en esa parcela se ha convertido en una cabezonada de la concejal, en una obsesión', se lamenta un residente.

La asociación vecinal, integrada por unos 60 residentes, sostiene que el centro que planea el Ayuntamiento afectará a los inmuebles números 4 y 8 de la calle del Pez Austral e igualmente al número 8 de la del Can Menor.Lo que más preocupa a estos vecinos es que el nuevo edificio quebranta la distancia mínima de separación con sus bloques. Por ello encargaron un informe al arquitecto José Horcajada Álvarez. El informe ya está hecho y les da la razón. El estudio de detalle de la parcela se hizo sobre una superficie de 1.408,75 metros cuadrados, si bien después, al medirla sobre planos, la superficie inicial ha quedado reducida a 1.231,85 metros cuadrados. Por esta razón, Horcajada señala en su estudio que los parámetros de ocupación y edificabilidad aplicados por el Ayuntamiento 'son excesivos'.

'Tal como está diseñado, me parece que el proyecto incumple algunas normas urbanísticas', señala Horcajada. 'Yo creo que nos quieren emparedar', dice con sorna otro vecino afectado. En la parcela donde la junta levanta ya el centro multifuncional se erige, desde hace muchos años, una especie protegida de cedro de Líbano que los vecinos pretenden defender a toda costa, porque temen que este árbol sea arrancado al paso de las máquinas.

La edil del distrito, María Dolores Navarro, promete que eso no ocurrirá. 'El diseño se ha elaborado de tal manera que no afecte a ese árbol', subraya, y añade: 'La edificabilidad del recinto no se ha agotado. Inclusive ha quedado por debajo de lo que el plan establecía. Ahora sólo sobresalen dos plantas, porque una de ellas será más baja'.

Navarro asegura que apenas ha recibido quejas vecinales sobre su proyecto: 'Hemos tenido varias reuniones y nadie ha dicho esta boca es mía. Además, el edificio cumple todos los parámetros y las distancias reglamentarias. Y mi obligación es cumplir lo que establece el Plan General'. Las 'pocas' cartas con quejas que reposan en el despacho de Navarro han sido, dice, 'respondidas en su totalidad'. 'Hasta tengo tres cartas de felicitación', asegura.

Ante un conflicto urbanístico similar, dos vecinos del barrio del Pilar acudieron hace 10 años a los tribunales alegando la escasa distancia entre sus casas y la pared trasera del templo de Nuestra Señora de las Fuentes. Los vecinos aseguraban que las paredes del templo taponaban la entrada de luz solar a sus viviendas. Años después, los jueces les han dado la razón y han ordenado que se derribe la parte ilegal del templo. Los jueces afirman que no cabe legalizar la parte ilegal de la iglesia, como pretende el Ayuntamiento, mediante un estudio de detalle. Pero el pleito está ahora en manos del Tribunal Supremo.