El gran encubrimiento

Después de la comparecencia de Pilar Valiente, ex presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la Comisión parlamentaria de Investigación, quedan pocas dudas de que la institución reguladora del mercado encubrió, por acción o por omisión la gigantesca estafa de Gescartera. La comparecencia de David Vives, director de supervisión de la CNMV y encargado de la vigilancia de la sociedad de valores, fue fundamental para determinar los hechos del encubrimiento, ejecutado consciente o inconscientemente por una parte del consejo de la Comisión, compuesta por los consejeros de confianza del Gobierno (Pilar Valiente, Luis Ramallo y José María Roldán).

Los términos de este encubrimiento vienen determinados por los siguientes puntos:

Las prácticas de 'puenteo', si se confirman, son un indicador muy fiable de connivencia de los responsables públicos con los grupos privados

- El presidente de la CNMV, Juan Fernández Armesto, convoca un consejo extraordinario para el 16 de abril de 1999 para tratar el caso de la sociedad de valores Gescartera. Fernández Armesto lo hace después de examinar el informe elaborado por David Vives, director de supervisión de la CNMV, que había examinado las cuentas de Gescartera durante algo más de cuatro meses.

Fernández Armesto se alarmó mucho con el informe. Fuentes autorizadas aseguran que llegó a sugerir la posibilidad de remitir el caso a la fiscalía. El informe -publicado en la prensa- revelaba un descuadre patrimonial de 4.528 millones de pesetas. Cualquier regulador del mercado hubiera intervenido con celeridad y sin dudarlo.

De acuerdo con la versión pública de David Vives, Luis Ramallo, Pilar Valiente y José María Roldán se opusieron a la intervención. El motivo explícito que adujo Pilar Valiente el pasado jueves ante la comisión de investigación fue que no se conocía con exactitud la situación de otras cuentas de Gescartera. Pilar Valiente argumentó en privado, según algunas fuentes, que Armesto 'pretende una intervención política'.

- Es probable que parte de la documentación oficial que refleja los acontecimientos de abril de 1999 esté falseada o sesgada. El acta del consejo extraordinario de 16 de abril recoge las conclusiones de la reunión, pero no el detalle de los debates. Se sabe que Fernández Armesto y José Manuel Barberán votaron a favor de la intervención; que Ramallo, Roldán y Valiente votaron en contra; y que el subgobernador del Banco de España, Miguel Martín, consideró que no era el momento más oportuno para la intervención. Pero existen severas discrepancias sobre si Vives propuso la intervención o no. Él sostuvo que sí; Pilar Valiente aseguró en repetidas ocasiones que no hubo propuesta de intervención. El secretario del Consejo era Antonio Alonso Ureba, cuya declaración ante la comisión investigadora debería proporcionar información relevante sobre el caso.

La lógica dice que Vives ofreció la versión correcta. La convocatoria de un Consejo extraordinario sólo se explica por motivos muy graves y es muy improbable que en el transcurso del Consejo no apareciera la propuesta, bien en boca de Vives, bien, y eso parece lo más lógico, en boca de Fernández Armesto o Barberán.

- La tarea de investigación de Vives se hizo imposible a partir del 16 de abril, aunque hay que decir que ya era muy difícil antes. Vives describió gráficamente el puenteo continuado entre Camacho y la CNMV. A sus espaldas, mientras era responsable de la supervisión, se reunieron José María Ruiz de la Serna, apoderado de Gescartera, con Antonio Alonso Ureba, al menos en una ocasión; y en otra, Salvador Alcaraz, directivo de Gescartera, se reunió con José María Ramírez, Jefe de gabinete de Ramallo. Otras fuentes aseguran que 'cada vez que Vives pedía información financiera a Gescartera, alguno de directivos de la sociedad llamaba a Alonso Ureba'.

Las prácticas de puenteo, si se confirman, son un indicador muy fiable de connivencia de los responsables públicos con los grupos privados. Como en este caso media una estafa, la demostración de esa connivencia llevará probablemente a un caso de prevaricación, en el peor de los escenarios, y de tráfico de influencia en el mejor.

- La conversión de Gescartera en agencia de valores vulnera todas las leyes y procedimientos de seguridad del mercado de valores. No sólo no es posible explicar como se permite elevar a agencia de valores a una sociedad cuyos directivos estaban sancionados, que además tenía un descuadre de 4.500 millones de pesetas. La CNMV violó la ley del Mercado de Valores al permitirlo. Pero es que cuando se negocia la participación de la Organización Nacional de Ciegos (ONCE) en el accionariado de Gescartera para santificar las cuentas y prestarle honorabilidad, los promotores están tomando decisiones que no les competen y ocultando la situación a sabiendas de su gravedad.

- Los encubrimientos anteriores serían suficientes para dictaminar las responsabilidades políticas de, al menos, quienes se opusieron a la intervención en abril de 1999, y de quienes autorizaron su conversión en agencia de valores el año pasado; incluido el ministerio de Economía, que aprobó formalmente la operación.