El SUP considera franquistas los controles de colombianos ordenados por la Operación Café

La Operación Café, puesta en marcha el pasado 19 de septiembre por la Jefatura Superior de Policía para intentar identificar y detener a los autores de los últimos crímenes registrados en la capital, ha sembrado la polémica. El control sobre los lugares de reunión de colombianos y los cacheos y retención de los sospechosos son una práctica 'propia de la época de Franco', según el Sindicato Unificado de Policía (SUP). La Federación Socialista Madrileña (FSM) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) han pedido la inmediata retirada de esta orden policial.

La Operación Café incluye 'identificaciones selectivas y controles semanales en los lugares de ocio y esparcimiento', y en otros de reunión tales como 'restaurantes, pubs y locales de salsa', además de recopilar información sobre los vehículos usados por los colombianos y sus domicilios. También se establecerán las relaciones entre los delincuentes colombianos y los españoles, y las modalidades delictivas que suelen practicar.

La orden, firmada por Julio Corrochano, jefe superior de Policía de Madrid, recoge que todos los datos recopilados se remitan al Grupo de Análisis y Tratamiento de la Información (GATI), un enorme cerebro informático que contiene millones de datos que abarcan incluso detalles personales y aparentemente irrelevantes. La Operación Café incluye la creación de ficheros específicos para los colombianos. Éstos se irán completando con los datos aportados por las comisarías y por los controles de las Brigadas de Policía Judicial, Extranjería y Documentación, Seguridad Ciudadana y Científica.

Campañas de imagen

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), que es el mayoritario en la región, con más de 5.000 afiliados, se mostró muy crítico respecto al plan elaborado por la Jefatura Superior de Policía. José Manuel Sánchez Fornet, secretario general del SUP, calificó las medidas de la Operación Café como 'propias de la policía de Franco', ya que se vulneran la libertad y los derechos fundamentales. 'Madrid y Marbella se han convertido en el último año en el paraíso de las mafias. Como se ha demostrado que el plan de Policía 2000 es infructuoso, se tiene que ir por la tremenda porque los mandos no son capaces de controlar la delincuencia. Todos somos sospechosos a pesar de tener una Constitución que nos ampara', añadió Sánchez Fornet. El SUP ha solicitado la incorporación de 2.000 agentes para reducir la inseguridad ciudadana.

Otros sindicatos de la policía, como Asociación Nacional de Policía Uniformada (ANPU) y el Sindicato de Policía Profesional Uniformada (SPPU), se mostraron de acuerdo con la Operación Café. Sus representantes aseguraron que se están empleando 'los únicos instrumentos' que permite la ley para acabar con la delincuencia.

Por su parte, el secretario general de la Federación Socialista Madrileña (FSM), Rafael Simancas, criticó que no se aborde, 'con un verdadero plan integral de seguridad', el problema de la delincuencia en la región. Según Simancas, la Jefatura Superior de Policía y la Delegación del Gobierno en Madrid 'no tiene ni idea' de los grupos de delincuentes, ni de su forma de operar. 'Se necesitan planes de prevención que vayan más allá de las simples campañas de imagen, como la Operación Café. En Madrid están actuando bandas organizadas internacionales que cometen todo tipo de delitos, como prostitución, narcotráfico, asaltos a joyerías o robos a pisos y chalés, y la policía no lo ataja', señaló el secretario de la FSM.

Simancas pidió la destitución inmediata del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Javier Ansuátegui, por ser 'un inútil' y dedicarse 'únicamente' a tratar las manifestaciones vecinales de Madrid como si fueran la kale borroka (lucha callejera). 'La inseguridad va en aumento en Madrid y este señor [el delegado del Gobierno] no es capaz de redactar un plan que ataje el problema', concluyó.

Inseguridad ciudadana

El senador socialista Juan Barranco ha solicitado la comparecencia en el Senado del ministro del Interior, Mariano Rajoy, para que explique las medidas adoptadas contra la escalada de delincuencia en la región. En ella pedirá la destitución del delegado del Gobierno. 'Es duro e intransigente con las asociaciones de vecinos, pero no es capaz de solucionar un problema como la inseguridad ciudadana, que es lo que más preocupa a los madrileños', mantuvo Barranco.

IU anunció ayer en un comunicado de prensa que solicitará un informe detallado 'de todo lo que realmente supone la Operación Café'. 'Esperamos que el PP y su delegado del Gobierno negocie con las fuerzas políticas de la Comunidad de Madrid las soluciones para un tema tan importante como la inmigración en nuestra región', aseguraba la nota.

El presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, alertó sobre el riesgo de 'estigmatizar a la colonia colombiana' asentada en Madrid (hay empadronadas unas 30.000 personas) con este tipo de operaciones. 'Hay que actuar con fuerza con el delincuente, pero hay que salvar al inmigrante honrado que viene a trabajar', señaló Ibarra.