Enseñanza, obligada a cambiar el decreto de matriculación

El decreto de matriculación aprobado en febrero, que ha entrado en vigor en este inicio de curso, ha fracasado en uno de sus puntos esenciales: el reparto equitativo entre centros públicos y privados de los alumnos inmigrantes o con necesidades educativas especiales. Ayer, a los 10 días de haberse aplicado, Enseñanza anunció que está ultimando el borrador de un nuevo decreto que deberá distribuir más equitativamente a estos niños.

Sindicatos, partidos políticos, asociaciones de padres y el Síndic de Greuges, que afirmó que el anterior decreto fomenta 'la creación de guetos escolares', ya lo habían advertido. Apenas 10 días después de la aplicación del decreto de matriculación aprobado el pasado 20 de febrero y aplicable al curso 2001-02, Enseñanza ya está trabajando en otro proyecto de admisión de alumnos con necesidades educativas especiales, es decir, hijos de inmigrantes, discapacitados o alumnos procedentes de colectivos marginados.

Los centros públicos acogen a la gran mayoría de los alumnos extranjeros, mientras que a los colegios concertados privados, pese a ser sostenidos con fondos públicos, asiste una mínima parte. Según un estudio de la Fundación Jaume Bofill sobre el curso 1999-00, el 84% de los alumnos extranjeros que residen en Cataluña están escolarizados en centros públicos y sólo el 16% en colegios privados.

La consejera Carme-Laura Gil, que presentó ayer ante los diputados el nuevo curso, anunció que el primer borrador del nuevo decreto para el curso 2002-03 está prácticamente listo. Pese a que había anunciado lo contrario, la consejera de Enseñanza ha tenido que cumplir finalmente lo que el Parlament le recomendó en abril, mediante una moción que obligaba al Gobierno catalán a modificar las normas de matriculación. La moción fue aprobada en abril con los votos del PSC, IC-V y ERC, que lograron la mayoría necesaria gracias a que tres diputados de CiU se equivocaron y votaron a favor.

El mandato del Parlament obliga a Enseñanza a garantizar la reserva de plazas para alumnos con necesidades educativas especiales y de incorporación escolar tardía en todos los centros sostenidos con fondos públicos. Esta reserva deben hacerla también los centros privados concertados.

La consejera, que calificó en abril de 'ilegal' esta moción y que aseguró que no iba a cumplirla, afirma ahora que los cambios en el nuevo decreto pretenden 'atender al espíritu' de algunas de las demandas de la comunidad educativa.

Comisión de control

A juicio de Carles Martínez, del sindicato USTEC-STE, el cambio de actitud del departamento, que calificó de 'positivo', demuestra 'el reconocimiento implícito de un fracaso'. Por su parte, Joan Jordi Rossell, de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Cataluña, afirmó ayer que el nuevo decreto 'debería potenciar la formación de una comisión de matriculación que controle el cumplimiento de la distribución de alumnos'. Enseñanza debería destinar más recursos humanos y económicos a facilitar la integración y una distribución verdaderamente ecuánime, según Rossell.

En el nuevo decreto, Enseñanza tendrá en cuenta las zonas territoriales para repartir los alumnos hijos de inmigrantes y evitar así, en palabras de Carme Laura Gil, 'las concentraciones artificiales' de estos alumnos en determinados colegios. La consejera no explicó ayer el procedimiento que se seguirá.