Ni creíbles ni adecuados

La actividad productiva de los países más poderosos del planeta se ha deteriorado seriamente en poco tiempo. Los brutales atentados terroristas en EE UU y la segura contestación militar han introducido un factor adicional de incertidumbre. La economía española no es ajena a estos hechos y, aunque todavía no se ha resentido tanto como el resto, su ritmo de actividad disminuye sensiblemente y la creación de empleo se reduce a marchas forzadas. En este delicado escenario cobra especial importancia reforzar la confianza de los ciudadanos y utilizar los mecanismos necesarios para dinamizar la actividad económica.

Una política monetaria más expansiva con rebajas en los tipos de interés ayuda a mejorar las posibilidades de consumo e inversión, pero tiene sus límites en el ya reducido precio del dinero y en la propensión de la población española a aumentar su ahorro en épocas de menor alegría económica. Es preciso aprovechar las ventajas del multiplicador del gasto público aplicando una política fiscal más dinámica.

En estos momentos de incertidumbre cobra más importancia si cabe disponer de un Presupuesto creíble y suficiente. Dos virtudes de las que carece el presentado por el Gobierno para 2002. Las previsiones macroeconómicas son de dudoso cumplimiento (crecimiento del PIB del 2,9% e inflación del 2%), las cifras de ingresos y gastos son en algunos casos deliberadamente menores a las que se alcanzarán este año, valgan como ejemplo las del Inem. Pero, sobre todo, la opción de mantener el objetivo de equilibrio presupuestario con el actual modelo tributario es una decisión rechazable si se quieren proteger los intereses de la mayoría de la población.

El Gobierno aplicó una rebaja sobre el IRPF inoportuna, innecesaria e injusta. Renunció a 800.000 millones de pesetas anuales, pero a cambio cobró unos estupendos réditos electorales. Sin solventar la polémica sobre su influencia en la etapa de bonanza (el PIB habría crecido algo menos, pero con menos desequilibrios en inflación y balanza de pagos) han llegado momentos peores abriendo la pregunta sobre cuáles serían los márgenes en el próximo Presupuesto si se dispusiera de esos recursos. Con estos ingresos se podría aumentar el deteriorado consumo de los empleados públicos, garantizar las prestaciones por desempleo e impulsar algunos servicios sociales. A la vez, se podría dar un impulso adicional a la inversión en obra civil en un momento en el que comienza a flaquear la construcción residencial. Todo ello, sin poner en peligro el equilibrio de las cuentas públicas. Una estabilidad que admite déficit en los momentos peores del ciclo económico según las directrices comunitarias. Un Presupuesto de este tipo ayudaría a eludir la crisis o, como mínimo, a limitar su extensión y distribuir mejor los esfuerzos entre los ciudadanos.

El planteamiento del Gobierno está instalado en el dogma: proteger el equilibrio presupuestario por encima de cualquier contingencia. Aun cuando ya en este año se ha constatado el hundimiento de la recaudación de impuestos por el consumo y las dificultades adicionales para un sistema muy dependiente de los mismos. Su elección sólo se puede interpretar desde un apoyo a otro modelo de sociedad, en donde tengan menos protagonismo los servicios públicos de acceso individual, pero de carácter colectivo. Sólo en ese contexto puede funcionar una economía con una presión fiscal inferior en siete puntos del PIB a la media de la Unión Europea.

Hay determinados discursos que sobreviven en la bonanza, pero muestran sus contradicciones en las peores etapas. Sólo faltaría que para cuadrar el Presupuesto, no sólo se utilicen en exceso las cotizaciones sociales pagadas por el trabajador, sino que además se le reduzcan las prestaciones por desempleo cuando más las necesita.

Miguel Ángel García Díaz es economista del Gabinete Técnico de CC OO.