Rambla anula millones de ingresos pendientes para cumplir el saneamiento que exige Montoro

Vicente Rambla, consejero de Hacienda, ha anulado ingresos millonarios que se contabilizaban en los presupuestos de la Generalitat como facturas pendientes de cobro como primer paso para sanear las cuentas de la Generalitat Valenciana de acuerdo con las exigencias del Ministerio de Hacienda. Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat, reiteró el martes que la deuda pública que acumula la Comunidad Valenciana no es preocupante, pero deslizó que 'todas las decisiones presupuestarias' adoptadas recientemente por el Consell gozan del beneplácito del Gobierno.

El presidente de la Generalitat, en unas declaraciones recogidas por Cinco Días, comentó que la orden que congeló todos los gastos a partir del 3 de septiembre se dictó para evitar que los fondos inicialmente previstos para ejecutar inversiones se destinaran a otros gastos corrientes. En su día, la adaptación al euro fue la explicación oficial que ofrecieron portavoces oficiales de la Consejería de Hacienda para justificar el recorte de inversiones.

Zaplana también sugirió que el Consell desarrolla un plan para sanear la deuda que acumula la Generalitat de acuerdo con el Ministerio de Hacienda. A finales de marzo pasado, la deuda de la Generalitat superaba el billón de pesetas.

Varios movimientos recientes ilustran las exigencias impuestas por Montoro para sanear la situación financiera de la Generalitat. En primer lugar, Rambla dictó este verano, con siete años de retraso, una orden para adaptar la contabilidad de la Generalitat a los modelos utilizados por el Estado.

La orden de Rambla implica, sobre todo, la renuncia a la utilización contable de los 'derechos definidos', una figura específica que sólo se utilizaba en la Comunidad Valenciana, para consignar facturas pendientes de cobro que, habitualmente, debía satisfacer el Estado.

José Luis Olivas, consejero de Hacienda en la pasada legislatura, anuló en mayo de 1996 facturas pendientes de cobro por valor de 64.000 millones alegando que carecían de un soporte adecuado. Los documentos en cuestión estaban contabilizados en su inmensa mayoría como 'derechos definidos'. El gesto fue interpretado como un auténtico regalo al primer Gobierno de José María Aznar, que acababa de constituirse en Madrid.

Sin embargo, la Generalitat no renunció a una figura muy socorrida para cuadrar la liquidación de los presupuestos con un déficit menor. El propio Olivas elevó los ingresos presupuestarios en torno a 46.000 millones en 1996, poco después de anular las facturas heredadas de los socialistas, a cuenta de supuestas pagos que debía satisfacer la Seguridad Social.

Un caso flagrante de utilización de los derechos definidos se produjo el último día hábil de diciembre de 1999, fecha oficial de un convenio suscrito por la Generalitat y el Ministerio de Hacienda sobre el que se soportaba una modificación al alza de los ingresos presupuestarios cercana a 45.000 millones de pesetas.

Rambla se ha visto obligado ahora a renunciar a ingresos millonarios que su predecesor en el cargo había consignado como derechos definidos por exigencia del Gobierno central. El volumen de la renuncia todavía no se ha hecho público.

Ese segundo movimiento explica por qué el propio Rambla se revolvió contra Montoro el pasado 10 de septiembre en el Senado, en una reunión de la comisión general de las comunidades autónomas sobre la ley de estabilidad presupuestaria que se tramita en la actualidad, cuando denunció que las restricciones a la capacidad de endeudamiento de las gobiernos regionales podría provocar serios problemas de tesorería.

Fuentes oficiales sugieren que, efectivamente, los derechos definidos anulados, que soportaban pagos que ya han sido satisfechos, han forzado la tesorería de la Generalitat y se han traducido en nuevas deudas a corto plazo. Rambla evita confirmar tal extremo y sólo subraya su esfuerzo por sanear la situación financiera de la Generalitat.

En tal contexto, no deja de ser sorprendente que Zaplana dijera en el curso del reciente debate de política general que intuye 'buenas noticias' de parte del Banco de España cuando se actualicen los datos relativos a la deuda de las comunidades autónomas. Sólo algún tipo de acuerdo con el Gobierno central permitiría aliviar la deuda y sostener las intuiciones del presidente.

Cristina Moreno, portavoz socialista de Hacienda en las Cortes Valencianas, anunció ayer la inmediata solicitud de comparecencia de Zaplana para que explique sus posibles acuerdos con el Ministerio de Hacienda para sanear la deuda de la Generalitat y subrayó que los ajustes requeridos por el Estado han convertido en 'inhábil' el presente ejercicio presupuestario.