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Reportaje:

La batalla contra el 'déficit cero'

Todos los partidos, salvo el PP, creen que la ley de estabilidad invade la autonomía política y financiera catalana

Este jueves debe votarse en el Congreso la contravertida ley de estabilidad presupuestaria, más conocida como ley de déficit cero, después de que el Partido Popular (PP) aceptara aplazar una semana su aprobación por la negativa de Convergència i Unió (CiU) a dar su apoyo a una norma que considera regresiva para la autonomía catalana.

Los nacionalistas de Jordi Pujol han rechazado el ofrecimiento de los tres partidos de izquierda catalanes -Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana e Iniciativa-Verds- de constituir un frente común en Madrid en contra de la ley. CiU prefiere negociar en solitario las 25 enmiendas que ha presentado al texto para no irritar así a un PP del que depende para mantenerse en el poder en Cataluña.

CiU, PSC, ERC e IC-Verds consideran que la ley de déficit cero vulnera claramente la autonomía política y financiera de la Generalitat y atenta contra diversos artículos del Estatut, pues otorga al Gobierno central la facultad de supervisar, e incluso reglamentar, las cuentas públicas catalanas. En cambio, para el PP tan sólo se trata de poner orden y rigor en las finanzas de las administraciones españolas y cumplir las condiciones que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea.

Ningún partido pretende desobedecer las directrices de los Quince, aseguran sus portavoces. Pero creen que el Partido Popular no sólo se extralimita en sus competencias, sino que además adopta una actitud mucho más inflexible que la comunitaria.

El pacto de estabilidad de la UE permite, por ejemplo, un déficit de hasta un 3% en los presupuestos públicos, un margen pensado para coyunturas económicas desfavorables. En cambio, la ley de estabilidad presupuestaria rechaza esta posibilidad e incluso faculta al Gobierno central a fijar el superávit. 'Si el Gobierno', apunta Joan Saura, portavoz de Iniciativa per Catalunya en el Congreso, 'estipula que un año todas las comunidades autónomas deben tener un superávit del 1%, lo puede hacer y éstas están obligadas a cumplirlo'.

La ley de déficit cero fija una serie de severos mecanismos de control de las finanzas autonómicas y de los entes locales (ayuntamientos y consejos comarcales) y la posibilidad de sanciones en caso de incumplimiento. El Consejo de Política Fiscal y Financiera (comisión mixta entre los gobiernos central y autonómicos) será el organismo encargado de velar por la correcta aplicación de la ley.

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A juicio de Ignasi Carnicer, portavoz del Partit dels Socialistes en temas económicos, la ley es lesiva porque supone 'una limitación importante ya que no deja escoger a las autonomías sus propias fuentes de financiación'.

No obstante, la máxima preocupación del Ejecutivo catalán y de los partidos políticos de izquierda es la potestad del Consejo de Política Fiscal y Financiera para aprobar o rechazar la emisión de deuda pública de las autonomías o de los entes locales, a la que recurren las administraciones para enjuagar su déficit o para financiar las inversiones en grandes infraestructuras.

'Existen', explica Carnicer, 'muchos mecanismos para financiar las infraestructuras, por ejemplo el endeudamiento bancario o con las propias empresas ejecutoras o también mediante la emisión de deuda pública. Todo esto, ahora, estará supeditado a lo que marque el Gobierno central. La Generalitat pierde toda su autonomía en esta materia'. Además, como la ley afecta a todos los organismos públicos (empresas privadas u órganos autónomos), el Gobierno catalán deberá estudiar nuevos mecanismos para sufragar los crecientes déficit de la Corporación Catalana de Radio y Televisión -superior a los 105.000 millones-, de la Agencia Catalana del Agua o de Gisa, la empresa que gestiona las infraestructuras de la Generalitat.

Para Convergència i Unió, los perjuicios de esta ley se demostrarán sobre todo en épocas de desaceleración económica, cuando es más necesario el acicate de la inversión pública, que se verá frenada por la imposibilidad de endeudamiento. Carnicer apunta otro inconveniente: 'La administración además tendrá menos ingresos y, por lo tanto, menos dinero para invertir'. De acuerdo con Saura 'la realidad económica hará saltar por los aires esta ley'.

El portavoz económico socialista añade que la administración municipal podría ser finalmente una de las grandes perjudicadas en caso de aprobarse la ley porque un tercio de la inversión pública en Cataluña corresponde a los ayuntamientos.

Es en el campo municipal en el que el Gobierno de CiU considera que esta ley vulnera claramente el Estatut. El artículo 48 reconoce en exclusiva a la Generalitat 'la tutela financiera sobre los entes locales respetando la autonomía' que les reconoce la Constitución y el propio Estatut.

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